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Es de público conocimiento que en el presupuesto general de la Nación se destinan 24.6 billones de pesos para el gasto público pensional, que por cierto beneficia a muy pocos ciudadanos. También, que Colombia puede estar abocada a un incremento del déficit fiscal. Pero afirmar que todos los males que padecen nuestras finanzas públicas obedecen al régimen de pensiones es -además de un exabrupto- un intento por justificar una teoría neoliberal orientada a arrebatarles a los trabajadores este derecho esencial.
 
Existen falencias que deben ser corregidas: los privilegios a ciertos sectores sociales e institucionales que desfiguran lo que sería una justa asignación; las pensiones de que gozan magistrados, excongresistas, funcionarios de altos rangos y beneficiarios de “regímenes especiales”. La reforma no tiene por qué recaer sobre los trabajadores, empleados y funcionarios en general.
 
Debe quedar claro que los recursos que destina el Estado para el gasto público pensional no constituyen una dádiva, sino una obligación inherente al concepto de responsabilidad social y de distribución de la riqueza que estamos lejos de cumplir y quede paso nos aleja de los Objetivos del Milenio, según las Naciones Unidas. Que solo el 30% de la población ahorre para la vejez amerita diseñar mecanismos y apropiar presupuestos que permitan incrementar la cobertura.Esta cifra desnuda a una sociedad que sigue siendo muy desigual y donde la mayoría de los excedentes que produce la economía están mal distribuidos: es aquí donde se tienen que aplicar los correctivos. 
 
Estamos de acuerdo con una reforma pensionalque norecorte los beneficios de los trabajadores y empleados en general, que logre mayor cobertura y reivindique a los marginados deeste derecho. Que los enormesrecursos destinados a la guerra se orienten a sortear estos problemas estructurales; que se imponga un tributoespecial a las grandes empresas con igual fin. ¿Por qué los trabajadores son los que siempre pagan los desbarajustes de la economía?
 
Tremenda indignación causaría el hecho de que el Gobierno acogiera la propuesta de aumentar los años para pensionarse, y no abordara los privilegios que impiden que la mayoría de los colombianos gocen de este elemental derecho.
 
Punto final. Aplaudimos la decisión del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, de suspender las cuestionadas obras del túnel de Oriente, debido a la afectación ambiental que ya están generando. ¡Más vale tarde que nunca!
 
Por Jaime A. Fajardo Landaeta
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