Imposible callar

Domingo, 20 de Noviembre de 2011 17:04

Escrito por Jaime A. Fajardo Landaeta

Al momento de escribir esta columna está avanzando el proceso de la Procuraduría contra el alcalde Alonso Salazar, y cualquiera sea el desenlace, resulta igualmente válido analizar muy cuidadosamente el caso, con el lógico apego a la ley y a la Constitución política que nos rige.

Son suficientemente claros los análisis en el sentido de que si con la denuncia, en plena campaña electoral, el alcalde incurrió en participación política en favor de una campaña y en detrimento de otra. Argumentan los denunciantes que el hecho disciplinario estriba en que si Salazar conocía del apoyo de grupos ilegales a una campaña, debió acusarla ante los entes de control y no ante la opinión pública. Algunos incluso llegan a afirmar que quienes valoran las pruebas son los órganos judiciales, para determinar la veracidad de las denuncias ventiladas.

El alcalde ha repetido en infinidad de oportunidades que dispone de pruebas evidentes, contundentes y claras, y que era necesario encender las alarmas pues el momento así lo ameritaba y que incluso denunció ante las autoridades competentes.

La Procuraduría tendrá que mirar el proceso con lupa, porque en ningún momento puede compararse con el que llevó a la destitución del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía: dos situaciones totalmente diferentes y ricas en lecciones. Abadía sostuvo una reunión con alcaldes y con el precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. Salazar denunció unas circunstancias que generaban un ambiente adverso al proceso democrático.

¿No tiene nada que ver el asunto disciplinario con las garantías políticas que debe dar la primera autoridad y que consisten en evitar intervenciones ajenas en el proceso democrático? ¿Es distinto el problema disciplinario de la denuncia por dicha participación de actores ilegales? ¿Corresponde o no al alcalde alertar sobre dichas anomalías? Creo que sí, que Salazar tenía razones de peso, tanto legales como constitucionales para hacerlo. Además, en tales casos no pueden existir fronteras entre lo disciplinario y las denuncias por intervención de ilegales que, con las pruebas que dice tener, le impedían callar.

Los órganos de control, en su sabiduría y apoyados en la Constitución política, tendrán que entender que si queremos limpiar los procesos electorales de la intervención del crimen organizado, los mandatarios de cualquier nivel tienen que garantizar que ni el narcotráfico, ni las bandas, combos o aliados de la guerrilla definan el rumbo de una campaña electoral. Lo que debe primar, en todo caso, son las acciones para cerrarle caminos a la ilegalidad en su pretensión por desvirtuar la voluntad popular.

Por: Jaime A. Fajardo Landaeta

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