Retorno de desplazados: sólo buenas intenciones

Lunes, 22 de Marzo de 2010 00:00

Escrito por Agencia de Prensa IPC

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En los municipios del Oriente Antioqueño, los procesos de retorno de población desplazada están generando más preocupaciones que alegrías. Los esfuerzos de las administraciones locales se están quedando cortos frente a las necesidades de los retornados; la coordinación con las instituciones del Estado, en este caso Acción Social, es poco funcional y los que han decidido regresar viven ahora entre penurias y privaciones.
Así lo manifiestan organizaciones no gubernamentales, funcionarios municipales y campesinos retornados consultados por la Agencia de Prensa IPC sobre el avance que han tenido estos procesos en uno de los territorios más golpeados por el  fenómeno del desplazamiento forzado en el país por causas del conflicto armado.

Quizás uno de los casos más preocupantes se vive en el municipio de San Francisco, golpeado como ningún otro por la confrontación armada que sostuvieron guerrilla, paramilitares y Ejército por el control del territorio.

Allí, mientras en el pasado la crisis humanitaria se generó por la magnitud del desplazamiento forzado (su población pasó de 9.512 en 1999 a 5.709 en 2005), ahora las autoridades locales expresan su preocupación por el fenómeno de retorno masivo de campesinos que se está generando gracias a la mejoría en las condiciones de seguridad y al éxito de los procesos de desminado humanitario que el Ejército nacional ha venido adelantando en veredas y corregimientos de la localidad.

La situación no puede ser más compleja. Los campesinos que han acudido a Acción Social para solicitar el apoyo que determina la Ley para su retorno, se han enfrentado a dos situaciones: que la Entidad Estatal les entregue máximo 250 mil pesos como ayuda o que se inicie un trámite burocrático, con acciones de tutela e incidentes de desacato de por medio, que puede durar hasta nueve meses en el mejor de los casos.

Así, son muchos los que toman la decisión de regresar con su familia y sus enseres “por su propia cuenta y riesgo”, lo que pone a los alcaldes municipales contra la pared. “La gente va apareciendo, porque dicen que es muy engorroso el trámite ante Acción Social. Es una situación muy difícil porque nos toca a nosotros como municipio garantizarle a ellos la atención integral y no tenemos cómo”, advierte Carlos Mario Navas, alcalde de San Francisco.

Poca asistencia

El caso de Genaro Ciro constituye fiel reflejo del caos en que se desarrollan los procesos de retorno en localidades como San Francisco. En el año 2002, él y su familia debieron abandonar su casa, ubicada en la vereda Farallones, por presiones de los paramilitares. Mortificado por el hecho de ver a los suyos pasar “las verdes y las maduras” en el casco urbano de la localidad, donde se instaló, tomó la decisión de regresar a su finca en el año 2007 bajo su entera responsabilidad.

El panorama que encontró no pudo ser más desolador: casas derruidas por el paso de los años y tierras fértiles devoradas por la maleza; una vereda sin caminos transitables, sin puesto de salud o escuela, sin servicio de energía y saneamiento básico.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que más familias fueran retornando a esta y otras veredas en las mismas condiciones que lo hizo Genero, en parte motivados por la mejoría en las condiciones de seguridad, en parte por las difíciles condiciones que debieron afrontar en sus lugares de exilio forzado.

A punta de coraje, voluntad y solidaridad, los retornados levantaron sus viviendas y tumbaron monte como bien pudieron, ante la falta de acompañamiento de Acción Social y la impotencia de las autoridades municipales.

“Cuando estuvimos en el pueblo como desplazados recibimos la ayuda humanitaria durante tres meses, pero cuando decidimos volver ni una olla ni con nada nos apoyaron. Nosotros le dijimos al alcalde, no al que está ahora sino al anterior que queríamos regresar y lo que nos dijo fue que muy bueno, y ya”, recordó Genaro.

Debido al reiterado pedido de ayuda por parte de la población retornada, la actual Alcaldía, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), decidió incluir a Genaro y a otras 180 familias de cinco veredas en un proyecto de seguridad alimentaria que contó con recursos del Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres (Dapard) y el programa Mana, ambos de la Gobernación de Antioquia; Acción Social y recursos del Municipio.

El proyecto consistió en entregar una vaca y un ternero a cada familia, así como palos de café a fin de que las familias, muchas de ellas retornadas, garantizaran su sustento diario mediante la venta de productos agrícolas. “Uno como pobre agradece lo que le dan, pero ¿Qué pasó? A varias familias de Farallones, por ejemplo, nos dieron vacas para tierra fría y la vereda es caliente, entonces las vacas que no se murieron las tuvimos que sacrificar o vender. El frijol, el arroz y el café tampoco sirvieron”, manifestó Genaro.

Así, la ilusión de decenas de campesinos de superar las condiciones de extrema pobreza en las que habitan desde que decidieron retornar debieron postergarse hasta una nueva oportunidad, pues como dice Genaro: “estoy cansado de pedirle al Alcalde una ayuda para los que estamos en la vereda y nada que nos escucha”.

Ante las críticas, el Alcalde Municipal responde con una frase que refleja su impotencia ante la situación: “hemos hecho nuestros mayores esfuerzos, pero el problema se nos salió de las manos”.

El problema con las cifras

Tras considerar que existían las condiciones para garantizar retornos con dignidad, Acción Social lanzó la estrategia “Retornar es volver a vivir”, que busca que por lo menos 30 mil desplazados retornen a sus lugares de origen en 28 municipios de seis departamentos del país.

La iniciativa, que comenzó a operar desde el año anterior, priorizó la intervención en seis municipios de Antioquia, todos del Oriente Antioqueño: San Rafael, San Carlos, San Luis, Cocorná, Granada y San Francisco. En este último, las acciones se desarrollarán en las veredas La Lora, San Isidro, Farallones y el casco urbano del corregimiento Aquitania.

La idea, según declaró en su momento Diego Andrés Molano, director de Acción Social, es garantizar la estabilización económica de las familias, mejorar sus condiciones de hábitat y recuperar el tejido social en el territorio.

Pero todo indica que del papel a la realidad hay diferencias sustanciales. De acuerdo a las proyecciones de Acción Social, para octubre de 2009 debían estar asentadas nuevamente en San Francisco unas 1.020 familias, para un estimativo de 4.500 personas.

No obstante, lo que reporta la Secretaría de Bienestar Social del municipio es que, a la fecha, no más de 300 familias habitan tanto en las veredas priorizadas como el corregimiento de Aquitania. De ellas, tan sólo 50 familias retornaron el año inmediatamente anterior.

“A la iniciativa todavía le falta madurar. Se ha logrado impactar en número de familias, pero aún hay muchas cosas por mejorar. Cuando los campesinos conocieron la propuesta, muchos decidieron suspender sus procesos de retorno, porque no vieron garantizada la restitución integral de sus derechos y el municipio no cuenta con los recursos suficientes para ello”, declaró Ana Milena Mery, secretaria de Bienestar Social Municipal.

Según las observaciones de la Funcionaria, la Estrategia no ha alcanzado el éxito esperado en las autoridades municipales debido a la falta de articulación entre los entes nacionales, departamentales y municipales, especialmente en el aspecto económico, donde las responsabilidades están recayendo en los municipios.

“Hemos realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar el goce de derechos de la población retornada, pero es muy difícil para un municipio como este cumplir dado nuestro presupuesto”, señaló la Secretaria de Bienestar Social.

Y es precisamente el aspecto económico, que en muchas ocasiones no da espera, el que tienen que sortear las Administraciones Municipales debido a la falta de respuesta oportuna de la Entidad Estatal.

“Nuestro presupuesto es de 3.500 millones de pesos al año. El 90% de nuestra población es desplazada y de alguna forma todos los proyectos benefician a esta población. Pero, tal como lo estipula Planeación Nacional, debemos destinar unas partidas exclusivamente para desplazados y ese recurso si mucho alcanza a los 100 millones de pesos, que nos toca “tasarlo”, casi restringir muchas cosas para poder dar abasto”, agregó el Alcalde municipal.

Por ello la preocupación del Mandatario ante un hecho que, en otras circunstancias, sería motivo de regocijo. “Para las próximas semanas se espera que retornen unas 40 familias a la vereda Boquerón, donde el Ejército está finalizando un proceso de desminado. Muy bueno que vuelvan nuestros paisanos a sus tierras, pero estamos ante una situación bien complicada, porque no tenemos como garantizar cosas tan concretas como, por ejemplo, las viviendas”, advirtió.

Frente a esto, la Asociación Campesina de Antioquia, organización no gubernamental que realiza acompañamientos a población desplazada, ha manifestado su desacuerdo frente a la forma como Acción Social está realizando los procesos de retorno.

“Una cosa es retornar y otra cosa es volver. Y lo que observamos es que no hay coordinación entre las entidades para garantizarle la restitución de derechos como manda la Ley 387 de 1997, a los campesinos que deciden retornar a sus territorios”, manifestó Fernando Madrigal, abogado de la Asociación.

Retornos o “simples regresos”, acertados o no, lo cierto es que muchos campesinos quieren y sienten la necesidad de volver al sitio del que nunca debieron salir. El reto para el Estado consiste ahora en garantizar las mínimas condiciones de bienestar para estos labriegos para que a futuro no se registren nuevos desplazamientos, esta vez motivados por el hambre.