Así avanza el tema del Túnel de Oriente

Jueves, 09 de Febrero de 2012 06:21

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Cerca de cumplirse el primero de los tres meses de suspensión de obras del Túnel de Oriente, continúa la controversia por las diferentes inconformidades de las partes.

Los empresarios del Oriente, manifestando su posición a favor de la obra, solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente celeridad en el proceso para evitar más costos de los estimados.

Por su parte, el hidrólogo Víctor Muñoz, advirtió que “el estudio que dio pie a la aprobación de la licencia ambiental por Cornare en el 2002 es, más que un estudio hidrológico, uno geotécnico donde solo se obtiene información geológica del terreno, mas no del agua”, y propuso que para determinar los daños reales del megaproyecto la Asociación Colombiana de Hidrogeología realice otro estudio.

Otra controversia alrededor de este tema eran las resoluciones en las que se informaba que las decisiones ambientales sobre el Túnel ya no serían tomadas por Cornare, sino por el Ministerio de Medio Ambiente. Aparecían tres versiones diferentes con el mismo número de resolución, dos sobre el Túnel y otra con un contenido completamente diferente (más información). 

Frente a ese tema, no hubo pronunciamiento de la Procuraduría, la única respuesta fue dada el 19 de enero de 2012 por la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente con el envío de una carta a Pedro Gonzalo Echeverry, Representante Legal de la Concesión donde se excusaban al decir que en ejercicio de sus facultades el Ministerio informaba “que por un error involuntario le fue enviada fotocopia de un texto distinto al notificado a la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare y a la Gobernación de Antioquia, así como al que se comunicó a la Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, al Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al Director General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, al Alcalde del municipio de Medellín, al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y al Defensor del Pueblo, allegando adjunto a este escrito copia del documento notificado y comunicado efectivamente”.

Finalmente, la Veeduría Ciudadana sobre el Túnel de Oriente “consciente de sus deberes y derechos ciudadanos”, envió el siguiente pronunciamiento el ocho de febrero de 2012:

"PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL PROYECTO “TÚNEL DE ORIENTE”

1. El manejo previsto de los impactos ambientales del nuevo proyecto del Túnel de Oriente está vulnerando los derechos colectivos de la comunidad vecina al mismo.

2. En este megaproyecto aún no se ha realizado la definición, el diagnóstico ambiental de alternativas, ni la comparación de las mismas en términos ambientales, económicos, sociales, institucionales y técnicos, como lo exige la ley.

3. La gestión del licenciamiento ambiental realizada por el concesionario ante Cornare contiene irregularidades técnicas y legales graves.

4. El nuevo proyecto no cuenta con licencia ambiental.

5. Los importantes extra costos del nuevo proyecto asociados a un manejo ambiental eficaz de los impactos hidrogeológicos y socioeconómicos (que impactan a las comunidades de Medellín, Rionegro, Guarne y Envigado vecinas al mismo), se han mantenido ocultos y no han sido evaluados y declarados en el presupuesto.

6. El cierre financiero del nuevo proyecto está cuestionado, por cuanto el mismo está financiado con presupuesto de vigencias futuras excepcionales, lo cual está prohibido por normas legales de orden superior. Los recursos que suministraría el IDEA son recursos del Estado y fueron pactados sin aplicación de intereses y el esquema de Valorización no fue definido ni legalizado oportunamente para el nuevo proyecto.

7. El proyecto tiene múltiples acciones jurídicas en contra de sus irregularidades legales.

8. El contrato de diseño, gestión, construcción y concesión hoy, tiene un importante desequilibrio económico en contra de los usuarios de las vías administradas por el concesionario, en contra de los contribuyentes antioqueños y en contra de su administración departamental.

9. Los beneficios del nuevo proyecto están orientados fundamentalmente para las firmas socias del concesionario y para el sector inmobiliario con intereses en la zona de influencia del portal del túnel en Rionegro.

10. Los defensores del proyecto están invocando el regionalismo, y alimentando confrontaciones con el gobierno nacional, para ganar una legitimidad que no han obtenido con prácticas legales y transparentes.

11. Las subregiones antioqueñas tiene necesidades muy superiores a las beneficios netos del nuevo proyecto del Túnel de Oriente. Aplicar recursos públicos para privilegiar este proyecto parece ir en contra del verdadero desarrollo y progreso social, económico y ambiental de Antioquia.

12. A la Contraloría Departamental se le retiró su competencia para realizar el control fiscal de este proyecto; a Cornare se le quitó su competencia para realizar el control ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente emitió la orden de suspensión temporal en tanto se revisan todos sus aspectos.

13. La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, la nueva Gobernación de Antioquia y el nuevo Ministerio de Medio Ambiente con sus últimas actuaciones han comenzado a controlar este proyecto y las irregularidades de su gestión.

14. Los promotores del proyecto están presionando con amenazas de eventuales demandas, indemnizaciones y multas si se suspende el proyecto en forma definitiva, intentando así obstaculizar la revisión a profundidad por parte de las entidades de vigilancia y control estatal como la Auditoría, la Contraloría y la Procuraduría Generales de la República acerca de lo que ha sido el proceso contractual, financiero, institucional, político y público entre los entes estatales como Cornare y las  administraciones departamentales anteriores a la actual, con la organización privada Concesión Vial Aburrá Oriente S.A.

15. Con las últimas actuaciones de estas autoridades se está iniciando la recuperación de la confianza de la población en las instituciones y en el estado social de derecho.

16. Todas las subregiones de Antioquia exigen una conectividad con la economía nacional e internacional con claros criterios de justicia, equidad, legalidad, imparcialidad y rigor técnico y científico.

17. En conclusión, al nuevo proyecto del Túnel de Oriente le falta legitimidad social y legal porque no busca el bien común sino el de algunos cuantos a costa del orden jurídico."