Naciones Unidas presentó informe de DH en Colombia

Lunes, 15 de Marzo de 2010 00:00

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El 13° periodo ordinario de secciones del Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, reunido del 1 al 26 de marzo de 2010, en el tema dos de su agenda, se ocupó del Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.

El 29 de noviembre de 1996 el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron el acuerdo mediante el cual se establece la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acuerdo que se mantiene vigente hasta el 30 de octubre de 2010.

La oficina de la Alta Comisionada en Colombia tiene como mandato observar la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario para asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Además, remite informes analíticos a la Alta Comisionada.

La Alta Comisionada Adjunta visitó Colombia del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, con ocasión de su participación en la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa). Durante su visita, mantuvo reuniones con el Vicepresidente, ministros y altos funcionarios públicos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

La situación del país fue analizada además por tres órganos especiales: el Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura. Adicionalmente  el Secretario General de las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad el 19 de agosto el primer informe sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, en cumplimiento de la resolución 1612 (2005) del Consejo.

El informe expone los hechos más importantes relacionados con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia en el año 2009. Aborda temas que fueron discutidos con el Gobierno, es producido de conformidad con el mandato establecido en el acuerdo firmado en 1996 entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Señala el informe cómo la satisfacción de los derechos humanos en Colombia es afectada por el conflicto armado interno. Hace referencia al desacato del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros, situación que se agrava con la violencia contra la población ejercida por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, los nexos de los actores armados con el narcotráfico y el impacto del conflicto armado interno en las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Asimismo, el informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley 975 (2005), llamada de “Justicia y Paz”, el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual.

También hace alusión a las profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena.

Entre algunos de los casos a los que hace referencia el informe están:

•    Claro aumento de las tasas de homicidio en algunas ciudades, como Medellín.
•    Aumento del número de intimidaciones y amenazas de muerte contra jóvenes y defensores de derechos humanos.
•    Expansión de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y el incremento de la violencia que éstos ejercen contra la población.
•    Graves irregularidades en las que se vio involucrado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
•    Persistencia de tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el impasse en la elección del Fiscal General de la Nación.
•    Dificultades para lograr más liberaciones de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) después de que varios policías y políticos fueran liberados durante el primer semestre del año.
•    Incumplimiento continuo del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros y sus ataques contra la población civil.
•    Polarización política alimentada por la incertidumbre de un posible referéndum que abriría la puerta a una segunda reelección del Presidente Uribe.

Destaca el informe los avances normativos y políticas adoptadas por el Gobierno que ayudaron a mejorar la situación de derechos humanos, incluyendo una drástica reducción del número de quejas por ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército.

El informe analiza la situación de Derechos Humanos en torno a varios temas como son: situación de la rama judicial; organismos de inteligencia; defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas; Investigaciones por presuntos vínculos de miembros del Congreso y funcionarios públicos con organizaciones paramilitares; ejecuciones extrajudiciales; violencia sexual; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; desaparición forzada; Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares; derecho internacional humanitario; desplazamiento forzado; derechos de las víctimas y Ley 975 de 2005; pobreza y derechos económicos, sociales y culturales; y discriminación.

Situación de la rama judicial

El informe hace referencia a las tensiones y enfrentamientos públicos entre las ramas ejecutiva y judicial en 2009 como hechos que pudieron haber socavado la independencia de la rama judicial, en este sentido  la Oficina en Colombia documentó críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema y a sus magistrados de parte de funcionarios públicos de alto nivel y de actores sociales y políticos, así como interferencias indebidas, directas o indirectas, a sus funciones por medio de influencias, presiones y amenazas, actos que podrían constituir una violación a los principios de independencia del poder judicial de las Naciones Unidas y han dado lugar a preocupaciones frente a la seguridad personal de algunos magistrados.

La propuesta de reforma judicial son vistas en el informe con reparos al señalar que cualquier reforma que se lleve a cabo debería ser participativa y transparente, con el fin de asegurar la plena satisfacción del derecho a una justicia competente, independiente, imparcial y pronta para toda la ciudadanía.

El informe considera esencial fortalecer el trabajo de la rama judicial, en especial el de la Corte Suprema de Justicia, garantizándole que pueda ejercer sus funciones con independencia, seguridad, libertad y profesionalismo, sin restricciones ni presiones.

Organismos de inteligencia

En 2009 se hizo público que el DAS había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno.

Información publicada en los medios de comunicación dio cuenta de que los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba “blancos legítimos” por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.

Las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores de derechos humanos. Las acciones contra las mujeres incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento.

La autoría parece haber recaído en estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía para obtener, administrar e intercambiar información y disponer de recursos humanos, técnicos y económicos de la misma institución. En algunos casos, incluso los esquemas de protección a cargo del DAS fueron utilizados para obtener información de las personas protegidas.

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación iniciaron investigaciones contra aproximadamente 40 funcionarios del DAS, entre ellos cuatro de sus ex directores. El Gobierno adoptó medidas para reestructurar el DAS, incluyendo la aceptación de renuncias, investigaciones internas y la separación de las funciones de policía judicial de las actividades de inteligencia. No obstante, en septiembre de 2009 el Presidente ordenó la liquidación del DAS y la creación de una nueva agencia de inteligencia.

Algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno, usando métodos similares a los arriba descritos. Las acciones también estuvieron dirigidas contra funcionarios públicos cuya función es defender los derechos humanos. En algunas ocasiones, la información obtenida de forma ilegal fue utilizada por algunas secciones de la Fiscalía para abrir procesos judiciales contra defensores de derechos humanos y activistas sociales.

Fue especialmente preocupante el robo de información relacionada con los derechos de la niñez a una funcionaria de las Naciones Unidas por personas desconocidas.

Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas

La oficina de la Alta Comisionada en Colombia observó, entre otros, casos de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores de derechos humanos.

En 2009, la oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados.

El informe señala con preocupación las amenazas y asesinatos contra sindicalistas, periodistas, personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas (LGBT), y contra quienes promueven sus derechos. Igualmente preocupa la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. Las personas que representan y apoyan a víctimas en el marco de la Ley 975 (2005), especialmente si procuran la restitución de tierras usurpadas, han sido amenazadas e incluso asesinadas, así como también lo han sido personas que trabajan por la paz, líderes comunitarios y funcionarios que promueven y defienden derechos humanos, como los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y personeros.

La oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios públicos, civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y pueden limitar sus actividades, provocando autocensura y profundizando la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil.

Investigaciones por presuntos vínculos de miembros del Congreso y funcionarios públicos con organizaciones paramilitares

Desde la detención de tres congresistas en noviembre de 2006, el número de políticos y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones paramilitares, o casos de “parapolítica”, ha continuado aumentando. A noviembre de 2009,  había 93 casos abiertos contra congresistas, de un total de 268 miembros elegidos para el período 2006-2010, pertenecientes a 15 partidos políticos diferentes. A diciembre de 2009, había un total de 13 personas condenadas, cinco absueltas y nueve casos en los que se determinó que no había suficientes pruebas para continuar con la investigación. A noviembre de 2009, había 249 casos iniciados contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales.

Cuarenta y tres congresistas renunciaron a su curul para ser investigados por la Fiscalía, en lugar de la Corte Suprema. En septiembre de 2009, sin embargo, la Corte decidió que mantendría la competencia cuando el delito atribuido a un congresista estuviera relacionado con el ejercicio de su cargo y con sus funciones como miembro del Congreso.

Ejecuciones extrajudiciales

Desde noviembre de 2008, las quejas recibidas por ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, en particular del Ejército, disminuyeron drásticamente, como consecuencia, fundamentalmente, de la implementación y monitoreo de las medidas adoptadas en octubre y noviembre de 2008 por el Presidente y el Ministerio de Defensa. En 2009, el Ministerio de Defensa publicó nuevas reglas de enfrentamiento y un Manual de Derecho Operacional, que contiene importantes directrices para el respeto y promoción de los derechos humanos. La eliminación completa y permanente de las ejecuciones extrajudiciales requiere de esfuerzos constantes por parte del Ministerio de Defensa.

El gran número de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es un asunto de gran preocupación para los próximos años. A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados y ponen de manifiesto la necesidad de sostener a esta Unidad de la Fiscalía con suficientes recursos humanos, técnicos y económicos, de manera que asegure su eficiente funcionamiento e impida que los casos queden impunes.

Una serie de prácticas procesales de los abogados defensores en estos procesos han sido calificadas de dilatorias e injustificadas y abogados particulares de militares se han presentado ilegalmente como funcionarios del Ministerio de Defensa y/o de la denominada Defensoría Militar (DEMIL) para presionar a testigos para que cambien sus testimonios. Estas actividades contravienen abiertamente las políticas emanadas del Alto Mando Militar y del Ministerio de Defensa y deben ser desautorizadas y sancionadas.

En 2009, se evidenciaron serias carencias para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces. La oficina en Colombia registró amenazas de muerte, un homicidio y un intento de asesinato contra dos familiares de víctimas. Incluso miembros en activo de la Fuerza Pública que han decidido colaborar con la justicia han recibido amenazas. Estos hechos, junto con los intentos de desacreditar o dilatar los procedimientos judiciales, parecerían configurar un patrón de hostigamiento para impedir avances en los procesos.

Violencia sexual

Las cifras sobre violencia sexual, siguen siendo incompletas y segmentadas. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el número total de casos de violencia sexual registrados, que incluye los ocurridos en el marco del conflicto armado interno, aumentó de 12.732 en el año 2000, a 21.202 en 2008. Resulta especialmente preocupante constatar que en casi el 86% de estos casos, las víctimas eran niñas, en su mayoría entre 10 y 14 años (31,5%).

En 2009, la oficina en Colombia recibió una cantidad alarmante de información sobre casos de violencia sexual contra mujeres y niñas cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares. Éstos últimos fueron acusados de cometer actos de violencia sexual y de crear redes de prostitución, de trata de personas y de esclavitud sexual, en algunas ocasiones con la tolerancia e incluso colaboración de algunos miembros de la Policía Nacional, particularmente en Medellín.

Resultan especialmente preocupantes varios casos en los cuales los presuntos responsables son miembros de la Fuerza Pública en Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Cesar, Chocó y Guaviare. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas.

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto. El temor de las víctimas a represalias, la falta de confianza en las instituciones, la ausencia de acompañamiento legal y psicosocial apropiado, la falta de medidas de protección adecuadas y diferenciadas y la estigmatización social de las víctimas, son factores que dificultan la plena comprensión de la magnitud del problema.

A junio de 2009, la Fiscalía estaba investigando 10.545 casos de tortura. Estos casos corresponden tanto a tortura física como psicológica y, en su mayoría, las torturas se practicaron en concurso con otros crímenes, tales como desaparición forzada, secuestro o violencia sexual. El hecho de que la tortura esté asociada a otras violaciones de los derechos humanos no disminuye su gravedad.

Algunos grupos sociales son particularmente vulnerables a la tortura, como las mujeres, los niños y niñas, jóvenes, personas privadas de libertad y personas LGBT, especialmente en Antioquia.

Desaparición forzada

La desaparición forzada sigue siendo una preocupación importante, a diciembre de 2009, el Registro Nacional de Desaparecidos había identificado 37.300 casos, de los cuales casi 10.000 correspondían a casos de desaparición forzada. La mayoría de estos casos permanecen en la impunidad, sin resolver ni identificar perpetradores y móviles. En el marco de la lucha contra bandas de criminalidad organizada, especialmente en Medellín, se han reportado casos de desaparición forzada atribuidos a la Policía Nacional.

Las víctimas de desaparición forzada siguen siendo principalmente hombres jóvenes de escasos recursos o desempleados y habitantes de áreas urbanas marginales o zonas rurales aisladas.

El impacto que tiene esta violación en sus familias, especialmente aquellas encabezadas por mujeres, es verdaderamente dramático, incluyendo el sufrimiento de desconocer el paradero de sus seres queridos.

Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares

En muchas zonas del país, la oficina en Colombia observa con gran preocupación la expansión y creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.

Entre los actos de violencia cometidos por estos grupos en 2009, se registraron masacres, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos forzados y violencia sexual. Entre las víctimas de estos grupos hay líderes sociales, indígenas, afrocolombianos y funcionarios locales, en muchos casos vinculados con procesos de restitución de tierras o manejo de recursos públicos. Los ataques han estado dirigidos contra quienes se oponen a las exigencias de estos grupos, poseen propiedades de su interés, son percibidos como colaboradores o miembros de otros grupos, o están en una zona de disputa con grupos rivales. Entre las víctimas también hay numerosos desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a integrarse a estos grupos.

La violencia organizada que despliegan estos grupos en varias zonas urbanas y rurales les permite ejercer un grado visible de “control social”, y obligan a la población a apoyar directa o indirectamente sus actividades. Asimismo continúan vinculando forzadamente, por engaño o  mediante incentivos económicos, a jóvenes, niños y niñas que utilizan, por ejemplo, para narcotráfico, sicariato o vigilancia.

Algunos de estos grupos operan de un modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad privada. En las filas de estos grupos hay personas desmovilizadas y no desmovilizadas de las antiguas organizaciones paramilitares, reclutadas voluntaria o forzadamente. Varios de los actuales cabecillas fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares.

En ocasiones estos grupos celebran acuerdos entre sí o con frentes de las FARC-EP o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para facilitar negocios ilícitos, especialmente narcotráfico.

También sostienen violentas disputas con otros grupos rivales, o incluso entre miembros de un mismo grupo, generando más violencia contra la población. La oficina en Colombia observó casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos, motivados principalmente por corrupción.

Estos grupos evolucionan de forma rápida y constante. Mientras el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), que opera en la región de Los Llanos, demuestra una articulación semejante a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), otros grupos recurren a estructuras celulares, cooptando y contratando estructuras delictivas para llevar a cabo sus actividades. De manera creciente, la oficina en Colombia está recibiendo información sobre algunos grupos, como ERPAC o "Los Rastrojos", que mostrarían, en algunas regiones del país, características de capacidad operativa y organizativa propias de actores armados de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

El alcance de la violencia organizada que despliegan estos grupos, el amplio poder económico que poseen, su capacidad para corromper autoridades e instituciones del Estado, sus vínculos con autoridades y poderes fácticos locales, su impacto sobre actores sociales y la intensa violencia que generan contra la población, los convierten en un enorme desafío para el Estado de derecho.

Derecho internacional humanitario

                 1. Grupos guerrilleros

Durante los últimos años, el conflicto armado interno se ha desplazado hacia zonas periféricas y regiones fronterizas del país, forzando a los grupos guerrilleros a replegarse y operar en pequeños grupos, en ocasiones de civil, con armas cortas y valiéndose de la colocación de minas antipersonal de manera sistemática. En estas zonas de repliegue, las FARC-EP y el ELN, además de tener una presencia de larga tradición, han logrado captar recursos de la explotación de cultivos ilícitos, el contrabando y la extorsión generalizada.

Durante 2009, se atribuyó a las FARC-EP y al ELN un número elevado de homicidios de personas civiles. Además, entre otras infracciones al derecho internacional humanitario atribuidas a los grupos guerrilleros, se registraron al menos 27 masacres, ataques indiscriminados, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual contra mujeres y niñas, toma de rehenes y ataques a misiones médicas y a infraestructuras.
Entre sus víctimas se encuentran autoridades locales electas, líderes comunitarios, docentes, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Especialmente las FARC-EP siguen recurriendo de manera sistemática a amenazas colectivas, obstrucciones a la libre circulación de personas y bienes y, en general, ejercen un fuerte control social en sus zonas de influencia, limitando la libertad en general.

En 2009, el número de homicidios contra indígenas aumentó en un 63% con respecto a la misma época en 2008. Además, sus líderes, y representantes fueron víctimas frecuentes de señalamientos y amenazas. Algunas de las comunidades más afectadas se encuentran en Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Putumayo. Las dos masacres perpetradas contra integrantes del pueblo Awá en febrero y agosto, en las que murieron 23 personas entre las que había ocho niños y niñas, son trágicos ejemplos de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.

En un contexto social difícil de pobreza y falta de oportunidades, las FARC-EP y el ELN continuaron reclutando niños y niñas. La oficina en Colombia insiste en exigir a los grupos guerrilleros que cesen inmediatamente de reclutar niños y niñas y que desvinculen a los que permanecen en sus filas. Para ayudar a prevenir esta práctica, la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento ha brindado apoyo técnico a autoridades y comunidades de más de 100 municipios. Además, fruto del importante esfuerzo realizado por alcaldes y personeros, al menos 61 municipios cuentan ahora con una política de prevención del reclutamiento.

La colocación de minas antipersonal ha provocado numerosas víctimas y el aislamiento de una gran cantidad de comunidades afrocolombianas e indígenas. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en 2009, 67 militares y 44 civiles resultaron muertos y 373 militares y 148 civiles heridos como resultado de minas antipersonal; de los civiles afectados, 11 eran mujeres y 49 menores de edad. En diciembre de 2009, el Gobierno colombiano organizó la reunión de la Segunda Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa en Cartagena.

Los grupos guerrilleros continuaron secuestrando. En diciembre de 2009, el Gobernador del departamento del Caquetá fue tomado como rehén por las FARC-EP y posteriormente asesinado.

Las FARC-EP persisten en mantener en cautiverio a personas civiles y miembros de la Fuerza Pública en condiciones crueles e inhumanas, en algunos casos desde hace más de 10 años.

                     2. Fuerza Pública

Aunque en menor escala, también la Fuerza Pública, y especialmente el Ejército, ha sido considerada responsable de infracciones al derecho internacional humanitario. Se registraron homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, actos de pillaje, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas e impedimentos arbitrarios al libre tránsito de personas y bienes. En ocasiones, las restricciones a la circulación de alimentos pudieron haber afectado los niveles de desnutrición de la población, particularmente en la niñez.

Miembros de la Fuerza Pública continúan ocupando ocasionalmente escuelas, viviendas u otros bienes civiles, y ubicando puestos militares a su alrededor. En la medida en que son decisiones deliberadas, es necesario revisar minuciosamente las causas que llevan a las unidades operativas en el terreno a ignorar la capacitación recibida en derecho internacional humanitario y a incumplir las directivas ministeriales y del Alto Mando Militar.

En algunas zonas, la progresiva militarización de aspectos de la vida civil y el involucramiento de personas civiles, incluyendo niños y niñas, en actividades de inteligencia o acciones militares suponen un riesgo para los civiles de ser amenazados y atacados por los grupos guerrilleros. En este sentido, es importante que la coordinación gubernamental que platea la Directiva Presidencial N.º 01 de marzo de 2009 para la consolidación territorial, que incluye a actores civiles y militares, respete a cabalidad el principio de precaución y “no daño”, sin restringir el espacio humanitario imprescindible para atender a la población civil.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado siguió aumentado en 2009, aunque en menor medida que en años pasados, con un continuo subregistro de casos. Se registraron desplazamientos forzados en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuentes en aquellas zonas donde se desarrollan hostilidades. En 2009, el impacto de los desplazamientos forzados provocados por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño fue particularmente preocupante.

Derechos de las víctimas y Ley 975

El progreso en 2009 en la satisfacción de los derechos de las víctimas bajo la Ley 975 de 2005 ha sido modesto. Hasta diciembre de 2009, nadie había sido condenado bajo esta Ley, las posibilidades de las víctimas de conocer la verdad de lo que les pasó, a ellas y a sus familiares, han estado restringidas en su mayor parte a lo revelado en las versiones libres y no se ha reparado a nadie como consecuencia de los procedimientos de la Ley. Esta situación ha provocado, entre las víctimas que participan en este proceso, un creciente escepticismo, revictimización y fractura de los procesos sociales y organizativos que adelantan.

El derecho a la verdad bajo la Ley ha obtenido algunos resultados positivos, ha habido avances importantes en la búsqueda de la verdad, como las revelaciones de la llamada “parapolítica”, las más de 6.000 compulsas de copias sobre otros crímenes que permanecían impunes y los esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos.

En lo referente al derecho a la reparación, el Decreto 1290 de2008 sobre la reparación por vía administrativa no parece que haya producido hasta el momento una necesaria distribución de recursos financieros. A diciembre de 2009, de las más de 275.000 solicitudes recibidas, se aprobó la entrega de recursos para 10.593 personas. Otros esfuerzos, como las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación son todavía aislados y limitados. El Fondo de reparación de las víctimas establecido en la Ley para recibir dineros y bienes de los victimarios postulados a la Ley no ha recibido los recursos esperados.

El archivo definitivo en junio de 2009 del proyecto de ley sobre víctimas fue una oportunidad clave perdida. Una ley de esta naturaleza, coherente con estándares internacionales, continúa siendo conveniente como un complemento apropiado al marco de justicia transicional en Colombia. Tal ley podría ayudar a colmar los vacíos en los procesos de reparación judicial y administrativa, incorporar mecanismos de restitución de bienes muebles e inmuebles, incluyendo tierras transferidas a terceros o testaferros, y considerar la reparación por violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, explicitando atención diferencial por edad, etnia y género.

Pobreza y derechos económicos, sociales y culturales

La pobreza y extrema pobreza, la desigualdad y el conflicto armado interno continúan siendo factores que vulneran el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La lucha contra la pobreza y la necesidad de reducir las importantes brechas entre ricos y pobres siguen siendo un imperativo ineludible para el Gobierno. Las estrategias y políticas de reducción de la pobreza deben buscar una justa distribución de los beneficios del desarrollo social entre toda la población.

La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) identificó que la pobreza había alcanzado el 46% de la población, siendo incluso más alta en las zonas rurales (65,2%). La pobreza extrema había llegado al 17,8% y casi se duplicaba en las zonas rurales (32,6%). Disparidades similares aparecen también en otros indicadores sociales, como los índices de analfabetismo. El disfrute del derecho a la salud está más restringido en las zonas rurales, como consecuencia, entre otros, de barreras físicas de acceso, carencias en la infraestructura e información y el impacto del conflicto armado interno. Además, continúan existiendo profundas diferencias en la situación socioeconómica entre departamentos. Los datos de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) desagregados por regiones revelan que aunque algunos departamentos del país ya lograron los objetivos propuestos, otros presentan grandes rezagos.

En el marco de los ODM, algunos indicadores requieren una particular atención por parte de los responsables de la toma de decisiones. La equidad de género, junto con la sostenibilidad ambiental y la vivienda son algunos de los que cuentan con menos recursos en los planes de desarrollo departamental.

Se estima que existen 4,3 millones de personas malnutridas en Colombia, que equivalen al 10% de la población total. Como consecuencia del conflicto armado interno se han suspendido o interrumpido las actividades de caza y pesca, fuentes tradicionales de alimentación. En algunas zonas, las fumigaciones han causado daños a cultivos de subsistencia (pancoger). Entre los que enfrentan situaciones más preocupantes de inseguridad alimentaria, se encuentran las personas en situación de desplazamiento.

Discriminación

En 2009, la Corte Constitucional determinó en varias sentencias que las personas con discapacidad son objeto de distintas violaciones a sus derechos, especialmente en el contexto del conflicto armado interno, y en particular con relación a la educación, la salud, y el trabajo. La ratificación en julio de 2009 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, representa una oportunidad para avanzar en la atención diferencial y la protección de los derechos de estas personas. La oficina en Colombia alienta al Gobierno a ratificar también el Protocolo Facultativo de la Convención.

Los ataques contra las personas LGBT aumentaron en ciudades tales como Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta. La Corte Constitucional, en su sentencia C-029 de 2009, subrayó la falta de protección de las parejas del mismo sexo.

Sigue habiendo retos importantes con relación a las minorías étnicas, incluyendo la adopción de una ley que penalice la discriminación racial, que confirme los compromisos adquiridos en la Conferencia de Examen de Durban de abril de 2009, así como el diseño de un sistema estadístico con datos desagregados sobre pueblos indígenas y afrocolombianos.

Los datos disponibles parecen indicar que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son objeto de marginación y discriminación racial de facto. Los cinco departamentos con el porcentaje más alto de población viviendo por debajo de la línea de pobreza o en situación de extrema pobreza (Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño) coinciden con los que tienen una gran concentración de población afrocolombiana e indígena.

Varias comunidades indígenas enfrentan situaciones de desnutrición. Se reportaron casos de muerte de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición en Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda.

Varias comunidades indígenas y afrocolombianas han denunciado la falta de consulta previa, libre e informada con respecto a “megaproyectos” de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios en Antioquia, Caldas, Cauca y Chocó. Algunos de los líderes indígenas que participaron en procesos de consulta y espacios de concertación han sido asesinados.

En 2009, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural, debido a la ausencia de consulta previa.

En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional concluyó que el conflicto armado interno podría causar el exterminio cultural o físico de numerosos pueblos indígenas y ordenó diseñar e implementar planes de salvaguardia étnica para 34 de ellos. Hasta la fecha, y a pesar de los esfuerzos de concertación adelantados entre el Gobierno y organizaciones indígenas, estos planes continúan en fase de diseño y necesitan un impulso importante para asegurar que estos pueblos reciban protección oportuna. Adicionalmente, en el Auto 005 de 2009, la Corte declaró que los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas están siendo desconocidos de manera sistemática y continua.

A todos estos casos, la Comisión presenta una serie de recomendaciones al Gobierno colombiano.

Consulte el informe completo haciendo clic aquí