Líderes del OA denuncian amenazas contra sus vidas

Lunes, 01 de Marzo de 2010 00:00

Escrito por Agencia de Prensa IPC

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Por denunciar acciones irregulares cometidas por miembros del Ejército Nacional contra comunidades asentadas en el Oriente Antioqueño, en algunos casos utilizando reinsertados de las Farc, líderes campesinos de esta subregión fueron amenazados de muerte y uno más ha decidido abandonar el territorio. Los hechos suceden en una zona considerada hasta ahora como proceso exitoso de retorno de población desplazada.

Así lo denunció la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, instancia que agrupa a organizaciones no gubernamentales, entidades del Gobierno departamental e instituciones del Sistema de Naciones Unidas que desde hace cinco años monitorean la situación de derechos humanos en esta subregión del departamento.

De acuerdo con las instituciones de la Mesa, las amenazas contra los dirigentes campesinos, residentes de la región conocida como Cañón del Melcocho, ubicado entre los municipios de Carmen de Viboral y Cocorná, fueron proferidas en los últimos días por desmovilizados de las Farc asentados en la zona quienes, según la comunidad, vienen trabajando conjuntamente con miembros del Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral, adscrito a la IV Brigada del Ejército, en el montaje de falsas caletas.

Según los labriegos, los ex guerrilleros fabrican minas antipersona con la aquiescencia de los uniformados y luego las ocultan en parajes boscosos junto con explosivos y armas. Extrañamente, las caletas son halladas semanas después por el Ejército Nacional y presentadas como “resultados positivos operacionales contra los grupos terroristas”.

“A los líderes los llamaron telefónicamente a decirles que si continuaban con su labor de denuncia los iban a asesinar. El caso ya fue puesto en conocimiento del comandante del Coronel Jaime Arturo Remolina comandante del batallón Juan del Corral y estaban también presentes los personeros de Cocorná y el Carmen de Viboral”, declaró Elkin Ramírez, vocero de la Mesa, quien agregó que “en reunión sostenida con el comandante del Juan del Corral niega que los desmovilizados trabajen para o con el Ejército”.

 Teniente Coronel Jaime Arturo Remolina Fontalvo, reunido en la vereda El Retiro de El Carmen de Viboral, con comunidades del Cañón el día 25 de febrero de 2009

Curiosamente, el pasado 12 de febrero, la IV Brigada del Ejército informó sobre el hallazgo de una caleta con 97 minas antipersona de construcción artesanal en la vereda La Quiebra, municipio de Cocorná, realizado por hombres del Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral. En su comunicado, las fuentes castrenses atribuyeron la propiedad de los artefactos explosivos al Frente 9 de las Farc.

Pero esta no es la única preocupación de la Mesa. Recientemente esta instancia recepcionó denuncias referidas a la presencia en la zona de hombres vestidos de camuflado sin distintivos y portando armas largas. Lo extraño del caso es que, al ser informado de los hechos, el comandante del Juan del Corral afirmó que los armados no son militares puesto que la instrucción es utilizar siempre insignias oficiales pero a la vez recalcó que la región se encuentra libre de presencia de guerrilleros o bandas emergentes. 

Lo paradójico es que las organizaciones de la Mesa vienen documentado desde noviembre de 2009 las quejas de los pobladores de las veredas La Cristalina, El Porvenir, El Roblal, El Cocuyo y El Retiro, que conforman el Cañón del Melcocho, sobre abusos y extralimitaciones por parte de los integrantes del Juan del Corral.

A los señalamientos de ser colaboradores de la guerrilla lanzados constantemente por los efectivos de esta guarnición militar, se le suma los bloqueos alimentarios de que son objeto los campesinos, situación que además de constituir infracción al Derecho Internacional Humanitario pone en riesgo a la comunidad. “Hay un retén permanente a la entrada de las veredas y les revisan todos los mercados y no les permiten pasar cierta cantidad de alimentos porque, dicen los militares, es para llevarles a los guerrilleros”, añadió Ramírez.

Lo anterior contrasta con otro hecho denunciado por los propios labriegos según el cual, los controles por parte del Ejército son mínimos para algunos arrieros que, con el pretexto de transportar materiales para la explotación aurífera, estarían llevando insumos para la dotación de laboratorios de coca.

“¿Qué dicen los campesinos? Que mientras a ellos les retienen los mercados constantemente, a otras personas ni les dicen nada ni los requisan cuando pasan materiales que son muy extraños en la región; es decir, cosas como brea, grapas y un material viscoso que nadie ha podido identificar. Creemos que esos materiales se pueden estar destinando para la fabricación de minas artesanales”, manifestó Libardo Aristizábal, integrante de la Mesa.

Patio de la escuela El Retiro donde se realizó la reunión entre comunidad y Coronel Teniente Coronel Jaime Arturo Remolina Fontalvo con acompañamiento de La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño 

Región estratégica

En informes elaborados en 2008 por el entonces Observatorio de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño se alertaba sobre un aumento de los cultivos de hoja de coca en esta subregión del departamento, principalmente en los municipios de San Francisco, San Luis y Cocorná. En este último, los sembradíos se concentraban en el Cañón del Melcocho.

En ese momento instituciones defensoras de derechos humanos también alertaron sobre el repoblamiento que estaba experimentando esta zona con familias cocaleras provenientes del Bajo Cauca antioqueño. Hoy, la situación parece que poco ha cambiado.

De acuerdo con los reportes de la Mesa, la zona continúa siendo proclive a la presencia de cultivos ilícitos, aunque los habitantes de las veredas han manifestado su intención de no dedicarse a esta actividad. “Sin embargo lo que hemos detectado es que desmovilizados, tanto de la guerrilla como de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) están llegando a la región para dedicarse a estas actividades”, declaró Pedro María Chica, perteneciente a la Mesa.

La situación causa gran preocupación no sólo por lo que implica la presencia de los sembrados de la hoja, sino por las rupturas que se están generando en el tejido social de las comunidades. “Ya hay división entre los líderes, pues se acusan mutuamente de permitir la presencia de los cultivos ilícitos”, señaló Chica.

Actualmente, en las cinco veredas que conforman el Cañón habitan unas 87 familias (unas 450 personas aproximadamente) de las cuales, más del 35% son personas que decidieron retornar a sus parcelas gracias a la mejoría del orden público en la zona.

En el pasado, el Cañón del Melcocho fue una importante retaguardia del Bernardo López Arroyave del ELN y corredor de gran movilidad para los Frentes 9 y 47 de las Farc. A principios de la década de 2000, La zona comenzó a ser disputada por las Autodefensas del Magdalena Medio, al mando de Ramón Isaza, lo que generó un gran desplazamiento de campesinos.

“Pero desde principio de 2009 se estaba registrando una gran dinámica de retornos de población que había sido desplazada. En las veredas quedaron por lo menos unas 17 familias que nunca se fueron, y sólo el 15% son familias nuevas provenientes de otras regiones. Estamos hablando de que la mayoría son personas que habitaban la región y que estaban reconstruyendo tejido social”, señaló Chica, quien advirtió que con hechos como los mencionados, se pone en riesgo el proceso de consolidación social y económica del territorio.

Mediante el mecanismo de Acción Urgente, la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño pedirá a las entidades correspondientes del Gobierno Nacional realice las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas respectivas, a fin de garantizar el respeto a la vida y la tranquilidad de los pobladores en el Cañón del Melcocho.

www.ipc.org.co/agenciadeprensa

 El 5 de febrero una comisión de la Mesa de Derechos Humanos y protección humanitaria del Oriente Antioqueño, acompañada de observadores del PNUD y OCHA, se reunió con la comunidad para conocer la situación.

Fotos: Emiro Marín Carvajal - Inforiente

Gobernación de Antioquia desmiente denuncia de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño

Secretario de Gobierno pide a mesa de derechos humanos del Oriente revisar las quejas, consultar los diferentes frentes de la información y confrontar las fuentes o los interesados.

Frente a denuncias que han recibido algunos medios de comunicación sobre posibles casos de falsos positivos por hallazgo de minas antipersona en la región del Oriente, el Secretario de Gobierno Andrés Julián Rendón Cardona indicó que fueron denuncias que se verificaron en toda su dimensión por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y se encontró que no poseían una valoración suficiente para esgrimirse como una prueba contundente que respalde acusaciones tan graves.

Reitera Rendón Cardona como el Oriente es en este momento la región más segura del Departamento, donde hay un gran apego de la población hacia las instituciones por las acciones adelantadas para lograr este clima de seguridad; clima que posibilitó el retorno de 42 mil personas, retorno que se constituye como el más importante del país.  Al que se suma el retorno de unas 60 mil personas más que en próximos días.

Demanda el Secretario de Gobierno Andrés Julián Rendón que todo el tema de denuncias sobre infracción a los derechos humanos tienen un canal institucional para diligenciarse y se deben tratar directamente con la Gobernación de Antioquia y con el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos.

Autoridades departamentales desmienten denuncia de nuevos falsos positivos del Ejército en el Oriente antioqueño