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Opinión: Las graves denuncias hechas por el periodista Daniel Coronell, sobre la integración vertical de la prestación de servicios de SALUDCOOP, nos colocan frente a unos emporios financieros montados sobre el sufrimiento y la muerte de millones de colombianos.
Esta EPS, además del negocio del aseguramiento, ha incursionado en casi todos los negocios adjuntos, y crecido enormemente en los propios. Absorbió Cafesalud y Cruz Blanca, también, según Coronell, “montó su propia red de clínicas, unidades de imágenes diagnósticas, laboratorios clínicos, ópticas y una empresa especializada en el suministro de medicamentos y productos hospitalarios”. Es dueña de Work & Fashion que produce confecciones hospitalarias, de Health Food que suministra la alimentación en su red hospitalaria, de Biorescate que hace el mantenimiento, de Impecable que lava las prendas hospitalarias, de Epsifarma que es farmacia y Pharma 100 que compra medicamentos, de Serviactiva, precooperativa que contrata personal de servicios generales en odiosas condiciones y de Cuidados Profesionales que hace lo mismo con los médicos; también es propietaria de Orientación y Seguridad para la vigilancia, de Audieps para realizar auditoría y de Contact Service, un call center para el manejo de citas y atención de reclamos; sin olvidar Jurisalud, una empresa de servicios jurídicos.
Esta realidad, no es fruto de la buena salud del sistema de salud en Colombia. Por el contrario, es síntoma de una aberrante realidad: empresas del capital financiero, en el caso concreto de SALUCOOP, de las denominadas cooperativas financieras, creciendo a unas velocidades que no hay tasa de retorno que les sirva. Y allí está el origen de la queja de las EPS, sobre la que el gobierno de Uribe montó los decretos de Emergencia Social.
El alegato de esas entidades consiste en que los recursos son cada vez más escasos y fluyen a una menor velocidad, que han crecido inmensamente los gastos directos en salud y que ese panorama las coloca en riesgo de ser financieramente inviables.
Desde el punto de vista suyo, de ellas, es cierto. La tasa de crecimiento del gasto global de la sociedad en salud tiende a ser decreciente por cuenta del mayor índice de desempleo que rebaja los recursos del régimen contributivo, y del aumento cada vez menor de las transferencias del gobierno central a los entes territoriales para salud, que afecta el régimen subsidiado. Además el propio gobierno ha entrado a competir en la apropiación de recursos del sistema de salud, para invertirlos en TES, financiando su déficit y su populismo neoliberal, pero ayudando a la sequía del sistema.
A esto se suma que para la atención directa de salud y gracias a la sentencia de la Corte Constitucional que definió la salud como un derecho fundamental, y en consecuencia tutelable de manera autónoma, el porcentaje de recursos ha venido en aumento. Es decir, más plata para atención médica y menos para la intermediación.
Así las cosas, lo que caracteriza la actual crisis es un crecimiento enorme de la masa de capital de los intermediarios, que como en el caso de la EPS de que habla Coronell se ha multiplicado por 176 en tres lustros, convirtiéndose en verdaderos monstruos que demandan ganancias de igual magnitud. Y a su lado, un agotamiento paulatino de las fuentes de apropiación. El resultado no puede ser otro que el de una tasa decreciente de ganancia de estos pulpos más pronunciada de lo que en condiciones normales afectarían esos capitales en la sociedad contemporánea.
Esa es la faceta económica del problema. Para los usuarios, que en realidad son clientes y que son atendidos en la medida que alcance el recurso, el sistema se ha vuelto una tortura: cuando se trata procedimientos de alguna complejidad, es preciso acudir a la tutela; deben padecer esperas enormes para una cirugía o un examen de alguna complejidad, o simplemente ingresar a la larga y anónima lista de las víctimas del paseo de la muerte.
La decisión del gobierno de Uribe es apuntalar la tasa de ganancia de los intermediarios, que son simultáneamente beneficiarios y causantes de la crisis, ya que también está claro que sin intermediación financiera, el sistema, con los recursos disponibles en la actualidad, sería viable.
No nos debiera extrañar que en un futuro cercano, los dueños del negocio del aseguramiento en salud, además de mayores ingresos y menores gastos, que es lo que van a conseguir los repudiados decretos de Emergencia Social, esos mercaderes de la muerte, aparezcan con su propia empresa de servicios fúnebres, que se podría llamar Funercoop o algo parecido . Tiene sentido, ¿o no?
*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia -Polo Democrático Alternativo.