Sin Rodeos - A defender un pacto de paz

Viernes, 29 de Enero de 2010 17:08

Escrito por Jaime A. Fajardo Landaeta

0 Comentarios

Opinión: La defensa a ultranza de nuestra Constitución Política genera unas implicaciones políticas, económicas y sociales, cargadas de significados que muy pocos saben medir adecuadamente.
 
El caso es que se ha perdido de vista la trascendencia histórica del proceso que condujo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991. Se olvida que muchas de las iniciativas allí debatidas provenían de personalidades de la talla de Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro Leongómez, Álvaro Gómez Hurtado, Oscar William Calvo y Ernesto Rojas, entre otros, amén de los aportes de un sinnúmero de demócratas que llegaron al sacrificio de sus vidas por un ideal.
 
Recordemos que pocas veces se ha dado un movimiento estudiantil y juvenil como el que encabezó la lucha por la Séptima Papeleta, para enarbolar también la participación ciudadana por el referendo hacia la convocatoria a ese escenario. Por igual hace parte de este legado el famoso fallo de constitucionalidad emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que la hizo posible.
 
La Asamblea Constituyente consolidó la desmovilización del M-19, organización que luego ejerció en ella una gran influencia. También del EPL, el PRT, el Quintín Lame, La Corriente de Renovación Socialista y otras guerrillas que entendieron el significado y alcances de la nueva Carta Magna, al igual que sus fundamentos filosóficos, jurídicos y constitucionales a favor de la democracia, la vida, los derechos humanos y la institucionalidad.
 
Allí también participó el Gobierno de Cesar Gaviria, los partidos Liberal, Conservador y La UP, el M-19, el Movimiento de Salvación Nacional y los de indígenas y negritudes, al igual que los grupos desmovilizados, las centrales obreras, la mayoría de la Izquierda democrática y sectores otrora excluidos de la participación democrática en el país. Ausentes, las Farc, el ELN, la extrema derecha y los paramilitares que al amparo del narcotráfico trataron de torpedearla.
 
Los debates de la Constituyente se caracterizaron por su alto contenido político, de concertación, de unidad, pero también de profundo análisis de la realidad local y de desarrollo constitucional para que Colombia por fin adoptara mecanismos expeditos de participación democrática, echara las bases del Estado Social de Derecho y fortaleciera los instituciones para que solo en el ámbito de la aplicación de esas normas se dirimieran los conflictos sociales y políticos.
 
En uso de su soberanía, los constituyentes y los firmantes del Acuerdo Político que le dio origen, decidieron clausurar el Congreso de la República. Acordaron que se elegiría uno nuevo que garantizara el desarrollo de las normas recién horneadas. Pero cometieron el error de auto-excluirse del proceso electoral, así que la crucial tarea quedó en manos de la vieja clase política, de las mafias del narcotráfico, de algunos personajes corruptos y de quienes estaban en contra de los cambios establecidos. Éstos terminaron implementando reformas que apuntan a desvirtuar el promisorio Pacto.
 
La Constitución del 91 fue la estocada final a la lucha armada para acceder al poder y es la herramienta fundamental para que la guerrilla no tenga opción política alguna. Quiere decir que si la Constitución expresa las vías democráticas como las únicas para alcanzar el poder, su desconocimiento legitima todas las acciones ilegales que se puedan invocar; de ahí el peligro de algunos sectores de la clase política y del Gobierno Nacional sigan empeñados en su desmonte o desconocimiento.
 
El narcotráfico se tomó la institucionalidad por las vías de la coacción armada, la compra de conciencias o de acuerdos con dirigentes de la clase política y empresarial, patrocinando campañas electorales, amedrentando la Justicia y asesinando a sus opositores, pero ante todo tomando las riendas del poder y desconociendo la normatividad constitucional.
 
Para enfrentar este panorama se requiere una retoma del Congreso y de toda la institucionalidad por parte de quienes defendemos y actuamos en favor de la Constitución. Por ello las elecciones de 2010 deben buscar un certero cambio de rumbo. La Constitución está por encima de cualquier interés político, económico e individual, así que los grupos ilegales no podrán reemplazarla y fracasarán aquéllos que desde el poder la desconocen, la pisotean y hasta proclaman abiertamente su desaparición.
 
El pueblo como constituyente primario es el único capaz de defender la institucionalidad democrática. Confiamos en que reaccionará masivamente ante el actual estado de cosas, especialmente ante estas veleidades antidemocráticas.  
 
Punto Final: La defensa de la Constitución Política de 1.991 sólo será posible si hay un cambio en el Congreso de la República, Hagámoslo realidad el próximo 14 de marzo.

E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla