Contraloría General de la Nación dice que con la Seguridad Democrática se incrementó desplazamiento

Domingo, 01 de Noviembre de 2009 19:00

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Durante el foro “Población desplazada: ¿sigue el estado de cosas inconstitucional?”, realizado la semana anterior, el Contralor General de la Nación Julio Cesar Turbay Quintero, advirtió como la política de Seguridad Democrática se quedó corta en prevención y solución del fenómeno de desplazamiento forzado a causa de la violencia, a la vez que llamo la atención porque el gobierno aún no ha podido superar el “estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional” en relación con el desplazamiento (Foto archivo Inforiente)

El Contralor fue crítico con la política asistencialista que se está usando para atender las víctimas del conflicto en Colombia, “Debo decir que no se puede seguir postergando la solución a esta grave crisis humanitaria, por medio de políticas asistencialistas”, afirmó enfáticamente al instalar el Foro.
 
Indicó el Contralor como a pesar del esfuerzo presupuestal destinado por el Gobierno durante los últimos años, con el objeto de atender el problema, es evidente que los resultados de gestión obtenidos en esta materia son deficientes, debido a que la ejecución efectiva de los recursos asignados se está postergando para vigencias futuras.

El contralor manifestó que no encuentra razonable la situación que se está presentando máxime que se trata de atender a una población en extremas condiciones de vulnerabilidad.
 
Según precisó, los mayores recursos se han venido destinando para atender la Fase de Estabilización Socioeconómica y se destaca en particular el Programa de Familias en Acción para población desplazada, cuya participación durante las tres últimas vigencias ascendió al 41% del total destinado para esta Fase.
 
Turbay Quintero también criticó la forma como se están reduciendo las apropiaciones para los programas que buscan garantizar la estabilización para los hogares desplazados, ya sea en materia de empleo, creación de empresas y adjudicación de tierras y proyectos productivos. “La situación se torna aún más preocupante, si se tiene en cuenta que las metas propuestas son insuficientes para atender a la población que requiere atención y que son mínimos los resultados alcanzados en materia de goce efectivo de derechos, especialmente en lo relacionado con entrega de vivienda y tierra”, indicó el contralor.

En su presentación, el Contralor presentó un informe con el que dio a conocer cifras oficiales claras del fenómeno con corte a 30 de septiembre de 2009, en las que se señala que en Colombia 3 millones 226 mil 442 personas han tenido que desplazarse forzosamente a causa de la violencia, fenómeno que afecta principalmente los departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena y Chocó.

El desplazamiento es un fenómeno que a pesar de ser reconocido desde hace varios años como una de las principales problemáticas sociales que afronta el país, en vez de ceder, las cifras muestran como durante el periodo 2007 y 2008 el fenómeno aumentó.

En el período 1997-2006 en promedio diariamente fueron desplazadas 663 personas, mientras que en 2007 esta cifra ascendió a 903 y en el 2008 correspondió a 817.

Turbay Quintero presentó los resultados del estudio realizado por la Contraloría en el que se compararon cifras del comportamiento del desplazamiento forzado a causa de la violencia durante los periodos 1998-2002, antes de la entrada en vigencia de la Política de Seguridad Democrática, y 2003-2008, durante el periodo correspondiente a la ejecución de la Seguridad Democrática.

El estudio arrojo como resultado que el promedio de personas desplazadas por año, durante la vigencia de la Seguridad Democrática, presentó un aumento de 12% con respecto al periodo anterior a dicho programa, al pasar de 243.799 a 271.922.

El informe también señala una variación en el comportamiento de las zonas expulsoras de población, mientras que durante el primer período, los mayores expulsores de población fueron Antioquia, Bolívar y Magdalena, en el segundo, Antioquia sigue ocupando el primer lugar, pero ya no está Magdalena en ese lugar y entra Nariño a ocupar los primeros lugares.

Con corte a septiembre 30 de 2009, Antioquia y Nariño los departamentos donde se han presentado los mayores desplazamientos forzados.

El informe deja ver la gravedad del problema con relación a los grupos étnicos, con corte a 30 de septiembre de 2009, el número de desplazados ascendió a 347.423 personas lo que representa el 11% del total de desplazados y de este total, el 73%, sea 252.311 personas, son población afro colombiana, situación que la convirte en el principal grupo étnico desplazado en el país, seguido de la población indígena con 73.204 personas, que representan el 21% de la población étnica desplazada.

Los departamentos más afectados por la expulsión de minorías étnicas son del litoral pacífico: Nariño, Valle del Cauca y Chocó, los que han aportado el 38,4% del total de población étnica desplazada en el país.

El análisis comparativo para los períodos 1998-2002 y 2003-2008, permitió establecer que el desplazamiento promedio anual de la población afro colombiana, presentó un crecimiento de 2,3 veces respecto del período inicial y el de la población indígena se multiplicó por 3.
 
Recursos de Acción Social ejecutados por Organismos Internacionales

El Contralor manifestó preocupación por la forma como se están ejecutando los recursos de Acción Social con destino a la atención de víctimas del desplazamiento, los que están siendo entregados para su administración a organismos nacionales o internacionales. En ese sentido durante el período 2006-2008, bajo la modalidad de convenios, fueron entregados a estos organismos, 769.946 millones de pesos, lo que equivale al 87% del total de los recursos destinados a tender programas con población desplazada.

El Contralor se mostró preocupado porque que este tipo de convenios dificulta la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos involucrados en la atención integral a la población desplazada por la violencia, porque al final de cada vigencia fiscal estos aparecen como ejecutados por Acción Social cuando en realidad la veredera ejecución se hace en periodos posteriores durante el desarrollo de los programas que realizan los organismos internacionales a los que se les entrega estos recursos.

El Contralor dice que la anterior afirmación está respaldada con los resultados del Informe de Auditoría de Acción Social, correspondiente a la Vigencia 2008, en donde se establece que “del análisis efectuado a la gestión financiera y el seguimiento a algunos de los principales convenios suscritos por la Agencia con estas entidades, en especial en el programa desplazados, se observa que estos no se ejecutaron en su totalidad, situación que desvirtúa la vocación del presupuesto como instrumento que refleja la gestión de los recursos en la vigencia”.
 
Además el Informe señala que “en los convenios analizados, se observó que la Entidad no cumple con los principios de planeación y responsabilidad, por cuanto en estos no se definen las metas físicas, ni se tienen establecidos indicadores que permitan evaluar la población objetivo atendida, durante el desarrollo de los mismos”, lo anterior permite afirmar que al existencia de deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los Convenios, por parte de Acción Social.

Fotos Archivo Inforiente

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Ver edición completa 2009-11-02