CIDH presenta su informe anual 2009

Lunes, 19 de Abril de 2010 02:00

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, el jueves 15 de abril, su Informe Anual 2009 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El informe consta de cuatro capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2009. En uno de capítulos dedica un extenso espacio para analizar la situación de los Derechos Humanos en Colombia. (Imágenes del “Salón del Nunca Más” en Granada Antioquia)

Al referirse a Colombia, la CIDH aborda los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto, incluyendo la participación de los paramilitares extraditados a los Estados Unidos en los procesos bajo la Ley de Justicia y Paz.

Destaca la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y las actividades de inteligencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, operadores de justicia y la propia CIDH.

Los Países incluidos en el informe son Colombia, Cuba, Haiti, Honduras y Venezuela; para que un país sea incluido en el informe la Comisión tiene algunos criterios, uno de ellos es tener pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. La Comisión destaca en tal sentido los derechos fundamentales que no pueden suspenderse, por lo que considera con especial preocupación las violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada.

Por lo tanto, cuando la CIDH recibe comunicaciones dignas de crédito que denuncian tales violaciones por un Estado en particular, violaciones de las que dan testimonio o corroboran los informes o conclusiones de otros organismos intergubernamentales, organizaciones nacionales o internacionales que son de reconocida reputación en materia de derechos humanos, considera que tiene el deber de llevar tales situaciones al conocimiento de la OEA y de sus Estados miembros.

El informe cuestiona la utilización de los desmovilizados en operativos militares y de inteligencia que son calificados como actividades de cooperación con la Fuerza Pública, a cambio de pago de bonificaciones económicas.

Denuncia el informe como a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las AUC, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Denuncia actividades de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales en más de 17 departamentos, así como la incidencia de grupos armados sobre la población desmovilizada y otras poblaciones vulnerables como jóvenes y menores.

Presenta denuncias sobre grupos que actúan bajo las denominaciones de “Nueva Generación”, con influencia en la zona norte; “Autodefensas Gaitanistas” y “Renacer”, con influencia en el Eje Bananero; y “Águilas Negras” con influencia en distintas zonas del país.

La Comisión observa que a cinco años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz aún no se han proferido condenas. Otro de los obstáculos sustanciales en el avance del juzgamiento de los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz es la extradición de varios líderes paramilitares a los EEUU y la virtual paralización del proceso de esclarecimiento de graves crímenes perpetrados por las AUC, en muchos casos con la aquiescencia o colaboración de agentes del Estado.

Reitera como persisten los obstáculos para la participación de las víctimas en los procesos.

La Comisión manifiesta preocupación por la capacidad institucional de los defensores públicos para brindar asesoramiento adecuado a las miles de víctimas ya registradas. Un gran número de víctimas no cuenta aún con representación legal lo cual imposibilita el ejercicio efectivo de sus derechos.  En el caso de las víctimas activamente involucradas en el proceso, su seguridad se ha visto seriamente comprometida o directamente afectada por el accionar de grupos armados ilegales.

La CIDH continúa recibiendo denuncias sobre la comisión de crímenes por parte de grupos armados al margen de la ley.  Además de los grupos armados emergentes, las FARC y el ELN continúan perpetrando actos de violencia con el fin de atemorizar y castigar a civiles y comunidades y emplean minas antipersonales en violación a las normas del derecho internacional humanitario. Estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil alimentan la continuidad del fenómeno del desplazamiento interno.
 
Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales de los años 2006, 2007, 2008 y ahora nuevamente toca en terma en el informe 2009. El esclarecimiento de estas denuncias y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a los responsables y prevenir incidentes futuros, sigue siendo materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional.

Dice el informe que las ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate; en un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; el levantamiento del cadáver es realizado por los mismos miembros de la Fuerza Pública que previamente las han dado “de baja en combate”; no se preservan la escena del crimen ni las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas; por estos casos los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios por la presentación de “positivos”; la competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo.

El informe denuncia como durante el 2009 se ha reportado el surgimiento y consolidación de acciones de intolerancia social y amenazas colectivas.

Preocupa a la comisión como la labor de defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas continuó viéndose afectada por amenazas contra la vida y la integridad personal.

El fenómeno del desplazamiento interno tampoco es un tema superado.
 
Sobre comunidades indígenas señala que existe aún un acuerdo que permita determinar con certeza cuál es el número de pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, Esta situación, unida al interés en la explotación de las riquezas naturales que en ellos se encuentran, ha generado un aumento de las violaciones a los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos indígenas. La ONIC denunció que entre enero y julio de 2009 3.059 indígenas fueron víctimas de desplazamiento forzado.
 
Los afrodescendientes y mestizos conforman el grupo minoritario más extenso de Colombia. Este sector de la población se ve particularmente afectado por desventajas en materia de infraestructura sanitaria, vías de comunicación y acceso a la educación.
 
La Comisión ha identificado que otro factor generador de desplazamiento y usurpación de tierras es la expansión de la industria de los agrocombustibles mediante la siembra de palma africana, un monocultivo notorio por su efecto nocivo sobre el suelo y la biodiversidad.

El informe es contundente con la denuncia por el empleo de técnicas de inteligencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas.

Dedica el informe un espacio a analizar la situación sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia. La CIDH deplora los asesinatos de periodistas ocurridos durante 2009. El informe da cuenta de 48 investigaciones abiertas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, relacionadas con crímenes en contra de periodistas. La CIDH también fue informada de por lo menos 40 casos de periodistas amenazados por razones presuntamente relacionadas con su oficio.

La CIDH nota con preocupación la información pública sobre interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas. Asimismo, la CIDH manifiesta su preocupación por las normas de la ley que establecen la obligación de mantener la reserva absoluta de la información clasificada como reservada, teniendo como única excepción el deber de denuncia frente a “la presunta comisión de un delito de lesa humanidad por parte de un servidor público que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia”. 

Las demandas a periodistas también es asunto que preocupa  a la Comisión, durante 2009 conoció de varios casos de periodistas y medios de comunicación demandados judicialmente por difundir informaciones sobre asuntos de alto interés público.

También preocupa la situación de los magistrados, los incidentes se han visto acompañados de hechos que sugieren la existencia de una situación de riesgo para magistrados y magistradas auxiliares de la Corte Suprema que han estado involucrados en el esclarecimiento de casos vinculados a la llamada parapolítica.

Los magistrados a cargo de la investigación de la llamada “parapolítica”, Iván Velásquez y María del Rosario González, beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión, han sido objeto de amenazas de muerte y actos de hostigamiento.


Ver completo aparte del informe dedicado a Colombia