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La política privatizadora puesta en marcha por la Constitución de 1991 es la causante principal de las alzas escandalosas en las tarifas de acueducto y los Planes Departamentales de Agua no harán más que afianzarla, dijo hoy el senador Jorge Enrique Robledo en el debate al Ministerio de Ambiente que tuvo lugar en la Comisión Quinta.
Desde cuando empezaron los servicios a ser privatizados por mandato del FMI y el Banco Mundial, las tarifas se han incrementado sin cesar. En 1997, los ciudadanos del estrato uno en Bogotá compraban con un salario mínimo 4.500 m3 de agua, y en 2009, tan solo 749, seis veces menos. Los del estrato tres compraban 1.295 m3 de agua, y doce años después, apenas 261, cinco veces menos. “La gente está dejando de comer, de vestirse, de educarse, de comprar sus medicamentos e incluso de asearse –puntualizó– para pagar el agua, un bien al que nadie puede renunciar. De esta manera, el gobierno ha convertido el agua en instrumento de extorsión a la ciudadanía”.
Es la realidad que se proponen afianzar los Planes Departamentales de Agua, denunció el senador del Polo Democrático. El gobierno está obligando a aglomerarse a un vasto conjunto de acueductos municipales y veredales para agrandarles el mercado a unos cuantos monopolios, que se quedarán con el lomo del negocio. Será otro millonario filón para los privatizadores, explotado en un mar de corruptelas. “Ni siquiera el más pobre de los habitantes rurales va a poder escapar a esta exacción que le vienen haciendo el capital financiero y las trasnacionales”, dijo Robledo.
Como respuesta a corto plazo, Robledo llamó a apoyar el referendo del agua, hoy en trámite en el Congreso, una reforma constitucional cuyos dos principales puntos consagran el agua como un derecho básico que no podrá privatizarse y garantizan un consumo mínimo gratuito.
De: Moir