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Desde hace varios años, la Asociación Campesina de Antioquia - ACA ha venido desarrollando procesos organizativos y de formación con la población campesina en situación de desplazamiento forzado. Teniendo como bandera principal de su trabajo con estas comunidades el retorno con dignidad, voluntariedad y garantías. 

Este fundamental derecho se ha visto postergado en el tiempo por la persistencia de la violencia política, el conflicto armado y la permanente violación de derechos humanos en el campo colombiano. No obstante, hemos entendido como Asociación que estamos en una carrera contra el tiempo. Es decir, mientras más se dilate la posibilidad de que los campesinos retornen al campo a recuperar sus tierras y reconstruir de nuevo sus proyectos de vida tanto individual como colectiva, será más difícil la tarea, pues el desarraigo cultural es uno de los principales obstáculos y supera cualquier tipo de restitución económica. Además de lo anterior, reconocemos lo difícil y lo contradictorio que puede resultar el impulso de este tipo de iniciativas en medio de un conflicto social y armado como el que aún vive nuestro país con todas sus variables de contrarreforma agraria, despojo de tierras, la negación a la restitución de las mismas a las víctimas del desplazamiento forzado, la vigencia del paramilitarismo, etc.

Como Asociación Campesina de Antioquia, no solo venimos reflexionando sobre el derecho al retorno de las comunidades campesinas en situación de desplazamiento forzado, sino que nos hemos dado a la tarea de iniciar algunos procesos como es el caso de la comunidad campesina de la verada promisión del municipio de Angelópolis y el acompañamiento a otras comunidades campesinas del municipio de San francisco que desean retornar a las veredas San Isidro, Farallones, Boquerón y la Lora. Retornos que aún no se han iniciado formalmente según el protocolo que establece la ley para este tipo de procesos. Sin embargo, el gobierno nacional a través de la acción social los relaciona en su escandalosa cifra de población retornada en el oriente antioqueño y específicamente dentro de las familias retornadas en este municipio. Fueron estas exageradas cifras las que nos condujo a realizar un seguimiento minucioso a esta política del gobierno nacional, que a través de la directiva presidencial 001 del 2008 establece la priorización de seis municipios del Oriente Antioqueño para llevar a cabo procesos de retornos masivos de la población desplazada. Entre los municipios priorizado se encuentran: San Luis, San Carlos, San Rafael, Cocorná, Granada y San Francisco; en los cuales, según la Acción Social, el gobierno ha logrado retornar 24.O88 personas, de las 60.000 que se tenía proyectadas retornar en el  2009. En las pesquisas realizadas por la Asociación campesina de Antioquia, frente a las cifras de personas retornas en el oriente Antioqueño hemos hallado graves contradicciones entre las  del gobierno nacional (Acción social) y la gobernación de Antioquia. Mientras el gobierno nacional habla de 24.088 personas retornadas, el departamento de Antioquia habla de 42.000 personas retornadas.
 

Cifras Mentirosas

Por otro lado, el informe de gestión presentado por el departamento administrativo del sistema de prevención, atención y recuperación de desastres (DAPARD) dice que esta entidad invirtió 450.000.000 de pesos para atender  a 5.000 personas desplazadas de diferentes municipios del departamento; lo que implica que cada desplazado fue atendido “integralmente” con 90.000 pesos. En la afanosa carrera del gobierno nacional por mostrar resultados en la política de seguridad democrática se manipulan las cifras para mostrar ante la opinión pública, nacional e internacional, resultados mediáticos que en nada se compadecen con la realidad que viven las familias desplazadas del departamento de Antioquia.

Contrastes entre las cifras es lo que encontramos en los informes que amañadamente muestras las instituciones gubernamentales del orden nacional y departamental. 42.000 personas retornadas. Si admitimos la cifra que maneja la Gobernación de Antioquia de 42.000 personas retornadas, significaría que el 35% de las víctimas del desplazamiento forzado en el oriente Antioqueño han retornado, situación que desde todo punto de vista es una completa falacia.

Sólo en el municipio de San Francisco, Acción Social tiene un reporte de 4.546 personas retornadas. Es decir, 1.020 familias, de las cuales el ejército nacional solo reconoce 130. Por otro lado, el informe del DAPARD dice haber atendido integralmente 10.390 personas y San Francisco solo tiene población total que no supera las 7.000 personas. Lo que se puede interpretar es que han atendido casi el doble de la población de este empobrecido municipio, sin que cambie para nada el estado de vulnerabilidad e indignidad de estas familias. Ante la opinión pública y la comunidad internacional se puede entender, según los informes oficiales,  que en el municipio de San Francisco ha retornado el 75% de su población. Incluso podríamos interpretar que han retornado personas que no han sido desplazadas. Pues no es posible que se haya desplazado el 90% de la población de este municipio.

Lo ocurrido en el  municipio de Granada es muestra del boom publicitario de estos falsos retornos. En la página de web de este municipio se da una cifra de 5.000 familias retornadas y cuando amplían esta información se dice que son 5.600 personas. Si fuese cierto este dato entendemos entonces que cada familia está compuesta solo por una persona, lo que no sería una familia. Suponiendo que cada familia está compuesta por tres personas, esto daría, según los datos de la Alcaldía, unas 15.000 familias retornadas y el municipio solo tiene en estos momentos 9.500 habitantes.
En el mes de octubre del presente año, la Gobernación de Antioquia arribó al corregimiento de Santa Ana con una delegación de alto perfil encabezada por el gobernador de Antioquia para oficializar el retorno de 2.000 personas al corregimiento, como muestra piloto de retornos masivos en el país, bajo el lema de la campaña “volver es vivir”. Se trasportaron desplazados desde Medellín, se repartieron mercados, se movilizaron medios de información para que presenciaran como se cocinaba una gran mentira. Luego de todo ese esfuerzo logístico, de toda la pantomima mediática, hoy solo quedan en este corregimiento un poco más de 150 personas.

Volver en condiciones indignas, no es retornar

Preocupados por toda la situación anteriormente expuesta, la Asociación Campesina de Antioquia toma la iniciativa de realizar un Debate Público sobre los procesos de retornos en San Francisco, junto a la administración municipal y con el acompañamiento de la mesa de DD.HH y D.I.H del Oriente Antioqueño. Debate que se realizó el miércoles 9 de diciembre en el casco urbano del municipio. Los propósitos de este amplio encuentro estuvieron encaminados a visibilizar las condiciones reales  por las que atraviesan las familias campesinas que supuestamente han “retornado”. También se buscaba establecer acuerdos con el gobierno municipal, departamental y nacional, tendientes a garantizar los derechos de las familias que regresaron voluntariamente y establecer responsabilidades en los diferentes órdenes para tratar de iniciar verdaderos procesos de retorno bajo los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad, como lo establece la ley.

El debate público nos posibilitó conocer las posturas de las instituciones gubernamentales, el ministerio público, las organizaciones de Derechos Humanos y la comunidad campesina en situación de desplazamiento forzado sobre los procesos de retorno. Desde nuestro punto de vista como Asociación, vimos una posición muy ambigua por parte de la Acción Social frente a diversos interrogantes hechos por la ACA y la comunidad. Le preguntamos de manera contundente si seguían sosteniendo la escandalosa cifra de 4.546 personas retornadas al municipio y lo que implicaba un proceso de retorno en el componente de restablecimiento. La respuesta fue bastante ambigua pues sostuvieron que dichas cifras no obedecían a personas retornadas sino a un proceso de caracterización de las familias dispuestas a retornar en los cinco municipios priorizados, cosa que no es cierta, pues en la página web de esta misma institución se habla categóricamente de personas retornadas, no caracterizadas. En cuanto al componente de lo productivo, las familias que volvieron se quejan de la falta de apoyo y concertación para el restablecimiento socioeconómico, pues consideran que no han sido procesos sostenibles y que han notado algunas irregularidades en la aplicación de este componente, dificultades que también reconoce Acción Social, como es el caso de las vacas que se compraron a 4.000.000 cuando todos los beneficiarios reconocen que hay una sobrevaloración en el precio. Ni que decir de la demora en la construcción y el mejoramiento de vivienda, del componente de salud y educación, de la electrificación de las veredas, de las deudas contraídas en el momento del desplazamiento, de la titulación de los predios y demás derechos que establece la ley. Éste desde nuestro juicio, es el argumento más sólido para plantear que no hay en el momento retornos en el municipio. Argumento que comparte la mesa de Derechos Humanos y D.I.H del oriente Antioqueño y la misma Administración municipal. Esta fue una de las grandes conclusiones de este importante debate público. Razón por la cual se instó a la Acción Social a que se iniciara un proceso serio, planificado y concertado de retornos en el municipio. Que se debe reconocer en dicho proceso todos los derechos consagrados en la ley para que se pueda hablar de dignidad y sostenibilidad de los mismos. De igual forma, el ministerio público manifestó la voluntad de acompañar y hacerle veeduría al proceso para que se puedan garantizar los derechos y las fases de estos procesos establecidas en el protocolo de retornos.

La Asociación Campesina de Antioquia también se comprometió a seguir acompañando a las comunidades en el propósito de volver a sus tierras, de retornar con garantías y dignidad y de que las mismas comunidades sean las que determinen las condiciones para retornar. De esta forma, las instituciones públicas se comprometieron a la instalación de un comité técnico, del cual hará parte representantes de la comunidad y la ACA. Este comité tendrá la responsabilidad de planificar y hacerle seguimiento a estos procesos en el municipio. Exaltamos la participación de más de 500 campesinos y campesinas de diferentes veredas del municipio que se dieron cita para participar y enterarse de la situación de estos procesos.

Como Asociación Campesina de Antioquia quedamos satisfechos por los resultados de este importante evento. Debates que intentaremos replicar en otros municipios del Oriente con el ánimo de seguir visibilizando y exigiendo el derecho de retornar dignamente.


De: Asociación Campesina de Antioquia - ACA

Foto: Archivo

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“Si bien, me distancié de él -por asuntos ideológicos- jamás la ingratitud hará parte de mi ser. Y Andrés Uriel me proporcionó uno de los momentos más felices de mi vida, cuando, en medio de mi admiración, por mediación del entonces Alcalde Roque Arizmendy, le solicité prologara mi libro Desde Adentro, un reportaje a San Vicente”. Guillermo Zuluaga.

     
 

 

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