“Colombia rural, razones para la esperanza”

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hizo entrega del Informe de Desarrollo Humano 2011 en presencia del presidente de la República Juan Manuel Santos, el pasado miércoles 28 de septiembre, donde registra que Colombia tiene una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y en el mundo con un coeficiente de Gini de 0.85%, donde uno querría decir que toda la tierra es de una sola persona. El informe señala que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15% de los propietarios y que esta concentración se presenta con mayor rigor en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander.

 

El título de esta columna es el que lleva el informe entregado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al presidente de la República Juan Manuel Santos, el pasado miércoles 28 de septiembre. Éste es un informe que resume en buena medida la aguda problemática que aqueja al campo colombiano y que pone el dedo en la llaga de los principales problemas no resueltos de nuestra problemática agraria.

 

El informe muestra en primer término que contrario a lo que siempre se ha estimado hay más ruralidad que la que reconocen las cifras oficiales. Según el informe el 32% de la población colombiana es rural, siendo el 75.5% de los 1.102 municipios del país predominantemente rurales y ellos cubren el 94.4% del total de la superficie del país.

 

Como ya se sabe desde hace bastante tiempo, los índices de desarrollo humano son  menores en las zonas rurales que en los centros urbanos. Es en el campo en donde son más elevados los niveles de analfabetismo y como lo registra el informe, allí también se registran los mayores niveles de pobreza. “Más del 60% de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo”. El informe además constata que la calidad de vida no sólo es peor en el campo donde más del 68% de sus habitantes vive en condiciones de pobreza sino que esa calidad de vida es sensiblemente más precaria debido entre otros factores a la exorbitante concentración de la propiedad de la tierra y a la violencia y, esta situación de precariedad, es extrema en departamentos como: Arauca, Casanare, Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba. En las zonas rurales la pobreza extrema en el año 2009 fue del 29.1% mientras que en las 13 áreas metropolitanas fue del 7.1%.

 

La concentración de la  propiedad rural es cada vez peor

 

Uno de los principales problemas del agro colombiano es la concentración de la propiedad de la tierra. Colombia, dice el informe, que registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y en el mundo con un coeficiente  de Gini de 0.85%, donde uno querría decir que toda la tierra es de una sola persona. El informe señala que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15% de los propietarios y que esta concentración se presenta con mayor rigor en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander. Para cualquier observador medianamente informado estas regiones le evocan los lugares en los cuáles el conflicto armado es más intenso y en dónde se presenta un alto desplazamiento forzado de personas.

 

Precisamente las zonas rurales son las más afectadas por la violencia. El informe señala que 18 de los 20 municipios con el promedio más alto de víctimas son municipios rurales y 10 de los 20 municipios con el mayor número de masacres están en el campo, también dentro de los municipios denominados en el informe como municipios rurales. Precisamente el informe señala que son 6.6 millones de hectáreas  abandonadas o despojadas desde el año de 1980  y hasta junio de 2010 concordando con las cifras de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Frente al Desplazamiento Forzado y afirma que como lo señala Acción Social, dependencia de la Presidencia de la República, son 3.6 millones de desplazados en los últimos 13 años de los cuales el 64% fueron expulsados de  zonas netamente rurales. El 65% de las personas desplazadas son menores de 25 años y el 14%, menores de 4 años.  De los 6.6 millones de hectáreas despojadas o abandonadas se han podido recuperar hasta ahora 495.493 hectáreas. La mayor parte del despojo y el abandono se produjo en un 73% en minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas.

 

El informe destaca la difícil  situación por la que atraviesan las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ellos a pesar de no representar ni siquiera un tercio de la población, concentran una buena cantidad de asesinatos y víctimas del  desplazamiento forzado. “Entre 2002  y 2009 unos 74.000 indígenas fueron desplazados individual y colectivamente”. Esta cifra es desproporcionada teniendo en cuenta que los indígenas apenas suman en total 1.2 millones en todo el país.

 

Las políticas públicas  para el agro colombiano son un fracaso

 

Actualmente apenas se dedican a la agricultura 4.9 millones de hectáreas cuando el potencial es de 21.5 millones y en cambio ya hay 5.8 millones de hectáreas dedicadas a la minería y 31.6 millones dedicadas a la ganadería para un hato de 25 millones de cabezas, lo que quiere decir que por cada cabeza de ganado se dedica un poco más de una hectárea.

 

El informe señala de manera clara y precisa que las políticas públicas dirigidas al campo colombiano son un fracaso. Dentro de las políticas fracasadas señala el informe el marchitamiento de los programas dirigidos al fortalecimiento de la economía campesina en la década de los años 1990-2000.  En aquellos años el sector agropecuario vio desaparecer buena parte de los programas institucionales como el Programa Desarrollo Rural Integrado, DRI, El Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, el programa de las UMATAS y el llamado PRONATA y asistió al deterioro del INCODER y al debilitamiento del Ministerio de Agricultura dedicado especialmente a atender a los empresarios rurales, dice el informe. Es de allí que el informe deriva una máxima, que debe haber caído muy mal en el equipo neoliberal del gobierno, en el que dice que la política agropecuaria que se aplicó se basó en el lema de más mercado y menos Estado y que lo que correctamente se debería hacer ahora es la política contraria esto es más Estado y menos mercado. A esto el presidente Juan  Manuel Santos, comentó en su discurso de recepción del informe que él siempre ha considerado que se requiere tanto Estado cuanto las necesidades así lo indiquen con lo cual pretende desmarcarse de esas políticas neoliberales aplicadas al agro colombiano desde la administración de César Gaviria Trujillo que fue presidente de Colombia, entre 1990-1994.

 

De manera novedosa el informe señala que la institucionalidad estatal dedicada a la política pública rural es muy precaria y que durante los últimos años se ha debilitado, no sólo porque desaparecieron los programas de apoyo a la economía campesina al punto que en los tres últimos años el 44.7% de los pequeños productores del campo no recibió ningún tipo de asistencia técnica por parte del Estado, sino también porque la capacidad administrativa de los municipios agrarios es muy baja sin que el Estado promueva programas para su mejoría. Igualmente las secretarías departamentales de agricultura “se llenan en general con cuotas burocráticas y tienen pocos recursos y capacidades técnicas”.

 

Pero una contribución novedosa del informe fue el análisis de una variable entre el desarrollo rural, los niveles más bajos de índice de desarrollo humano y los municipios rurales con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, NBI, y el dominio del gamonalismo tradicional y la baja alternancia política de alcaldes y concejos municipales. El informe construye un mapa político para mirar el control de las elecciones por parte de las elites tradicionales locales y ver de esta manera hasta qué grado las elecciones locales, son libres, limpias y competitivas.

 

El análisis se realizó para las elecciones de 1997, 2000, 2003, 2007 y los resultados indican que el 92.4% de los municipios rurales incluidos en el análisis, presentan persistencia política y el 21.7% tiene el nivel más alto de permanencia de los mismos partidos en el poder, en este 21.7% no hubo rotación o renovación de las elites políticas en el poder. “Los municipios con más persistencia política tienen mayores niveles de NBI, más miseria y mayores indicadores de servicios inadecuados. De manera adicional, esta tendencia se agrava en la medida en que los municipios tienen índices superiores de ruralidad”.

 

Para terminar con esta breve reseña invitando a nuestros lectores a que consulten el informe completo que vale la pena estudiar con detenimiento, hay que destacar la aguda problemática de las mujeres campesinas que se encuentran por debajo de las ya precarias condiciones de los varones. Las mujeres tienen menos empleo que los hombres: de cada 100 mujeres en edad de trabajar sólo 28 consiguen empleo. La inmensa mayoría de las mujeres no son propietarias de las tierras en las que viven, para muestra un botón, sólo el 26.5% de las mujeres desplazadas son propietarias de sus tierras frente al 64.2% de los hombres desplazados que eran propietarios de sus tierras despojadas o que se vieron obligados a abandonar. También son elevadas las cifras de violencia a que son sometidas las mujeres por sus parejas masculinas.

 

A esta aguda problemática registrada en el informe “Colombia rural, razones para la esperanza” habría que agregar la gran problemática asociada con el despojo de centenares de miles de familias campesinas y la tenaz lucha que las familias desplazadas vienen  librando para que el Estado intervenga para la devolución de sus tierras. Desde el año 2008 han sido asesinados y asesinadas, más de 50 líderes y lideresas de la población que reclama la restitución de sus propiedades.

 

Recientemente el superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, ha señalado y reconocido que en el Urabá antioqueño se han identificado más de 43 mil hectáreas usurpadas que corresponden apenas al 30% del estudio de los títulos de propiedad, con lo cual la cifra que denuncian las víctimas de 150 mil hectáreas usurpadas, puede llegar a ser real y ha señalado al Fondo Ganadero de Córdoba de ser uno de los compradores fraudulentos de la tierra despojada; así mismo ha dicho que están identificadas 37.273 hectáreas usurpadas en los Montes de María y más de 211.000 hectáreas en el departamento del Meta. En todas éstas regiones comienzan a aparecer empresarios como la empresa Argos en los Montes de María o empresas como Inversiones Eternas CIAS en C, que adquirió 128 hectáreas en Fuente de Oro; la sociedad Agropecuaria Villa Diana Ltda..., con 4.655 hectáreas en Mapiripán y el particular Rito Camacho Becerra con 2.189 hectáreas, éstas tres últimas en el departamento del Meta. La investigación en los Montes de María compromete en el delito de despojo a alcaldes, notarios y miembros de la fuerza pública. Parece que el mismo patrón se dio en las otras regiones del país.

 

¿Hay motivos para la Esperanza?

 

Los autores del informe y sus promotores, en este caso el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lo han titulado de esta manera señalando que hay razones para la esperanza y han cifrado parte de las mismas en la reciente ley de víctimas y de restitución de tierras y en el cambio que ha significado el discurso del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tanto frente al conjunto de la problemática del país como en particular frente a la problemática agraria. Además de la ya mencionada ley de víctimas, el Gobierno ha prometido la presentación de un proyecto de Desarrollo Rural que hasta ahora nadie conoce y nadie se atreve a afirmar que contendrá. Allí cifran sus esperanzas los autores del informe y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

 

Sin embargo, dentro de poco se aprobará muy seguramente el tratado de libre comercio con los Estados Unidos que contiene una serie de ventajas para la producción agropecuaria norteamericana altamente subsidiada, tampoco se ven acciones encaminadas a recuperar programas de asistencia técnica, crédito y facilidades de mercadeo para la economía campesina. Ojalá los autores y el PNUD tengan razón y el Gobierno rediseñe de conjunto las erróneas y fracasadas políticas para  el agro colombiano. ¡También eso quisiéramos nosotros!

 

Por: Pedro Santana Rodríguez - Presidente Corporación Viva la Ciudadanía 

 

De: Caja de Herramientas

 

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