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El Informe de Desarrollo Humano 2011, ‘Colombia Rural, Razones para la Esperanza’, plantea los errores históricos  en materia de reforma agraria:
 
1.      Se le dio la espalda al mundo rural
 
La reforma rural transformadora busca rectificar el error histórico de haber creído que Colombia podía modernizarse prescindiendo del sector rural y de sus pobladores e ignorando los vínculos crecientes y dinámicos entre los conglomerados urbanos y las zonas rurales, en parte porque prosperó la imagen de país de ciudades, creada por la  apuesta urbanizadora como ruta hacia el desarrollo. Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus familias dependen de abandonar el campo.
 
El Informe sorprende con un gran hallazgo académico. Según el inédito índice de ruralidad (IR) desagregado por municipio, el país es más rural de lo que se creía: el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población (no el 25%, según el Censo de 2005) y cubren el 94,4% del territorio. Reconocer la ruralidad que aquí se plantea, es el primer paso cambiar la forma como se planea, ejecuta y evalúa la gestión de los gobiernos, tanto del nacional como de los territoriales. 
 
2.      Fue bloqueado el reformismo agrario y abandonado el desarrollo rural
 
La reforma rural transformadora se plantea para deshacer los impactos nefastos del bloqueo a la reforma agraria de la década de 1960, su sustitución por subsidios a pequeños propietarios para facilitarles el acceso a un mercado imperfecto de tierras, el abandono de los programas de desarrollo rural y la prelación dada a la gran economía,  en detrimento de la campesina.
 
3.      Se estigmatizó y desconoció el rol político y social de los pobladores rurales más vulnerados.
 
Los imaginarios, percepciones y actitudes hacia las mujeres rurales, el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas expresan, con frecuencia, visiones fatalistas y resignadas sobre su condición de sujetos con derechos y deberes, su presunta incapacidad para entender sus realidades, construir proyectos de vida y propuestas viables. En general, se les asocia con una carga indeseada, desde el punto de vista presupuestal y fiscal y se les reduce a la condición de simples víctimas
 
4.      Se desdibujó la visión territorial y, por tanto, todo esfuerzo sistemático por ordenar el territorio en función de su ocupación productiva y social.
 
El campo quedó dotado solo de atributos productivos, sin otras dimensiones estructurales en el concepto del “territorio” (espacial, ambiental, social, cultural, política e institucional). Y, por cuenta del conflicto armado, se ha enfatizado su condición de “escenario de guerra”.
 
5.      Se trató, como iguales, temas diferentes aunque interrelacionados (conflicto agrario tradicional y  conflicto armado), que necesitan respuestas diferenciadas.
 
En la medida en que conflicto agrario y conflicto armado se mezclan y articulan en el territorio, el problema del acceso equitativo a la tierra se ha hecho más difícil de entender y sobre todo, de resolver. Hay una enorme necesidad de conocer la realidad y sutilezas regionales y locales, de las cuales quizás la más importante sea el papel de las élites rurales y su articulación con las instituciones públicas y con los actores del conflicto.
 
El Informe invita a evitar la generalización y el encajonamiento de la relación tierra-conflicto en el molde del conflicto histórico por la tierra. Y afirma que si bien la consecución de la paz  en Colombia pasa por la solución de los conflictos por la tierra; esta es una condición necesaria pero no suficiente. Resolverlos es un imperativo de la política pública y representa una ayuda significativa para intervenir y solucionar el problema agrario, y avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida rural y la disminución de la vulnerabilidad de sus pobladores. Pero aun resolviendo una problemática de tanta complejidad, quedarían sobre el tapete las motivaciones, las lógicas, los incentivos, los actores y los recursos del conflicto armado.
 
El llamado del Informe es a tratar en forma diferente lo que, en efecto, es diferente. Eso exige decisiones políticas, diálogos con actores, políticas públicas y estrategias diferenciales, que apunten eso sí al objetivo común de construir la paz.
 
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