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RETORNAR, LUEGO DE haber sido desplazados, es tan duro como haber salido. Casas destruidas, miedo por minas y ayudas tardías son parte del calvario del regreso.
 
"Me vine de Medellín porque allá uno no puede salir tranquilo porque lo matan los carros. Yo volvería pero a pasear de afán", dice María Evangelina Rendón, de 84 años, y quien retornó a la vereda El Chocó, a una hora de camino de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

El miedo a los carros y la congestión de la ciudad fueron más fuertes que el temor a las balas de unos y otros, o a las minas que pueden estar sembradas en cualquier parte a la espera de su víctima en estas tierras del Oriente. María Evangelina volvió a su rancho porque prefería morir en su pueblo que en las calles de Medellín.

Las 10 gallinas ya no estaban. A cambio había desperdicios por todo el rancho, hasta morrales con ropa encontró a su llegada en enero de 2003, luego de haberse desplazado con los vecinos de la vereda.

"Yo no creo que ya vengan, no me da miedo, ya fue mucho lo que vi, frente a la casa pasaban los camiones con las bolsas negras llenas de muertos. Yo nunca dije nada".

Dos puertas, dos ventanas, una cocina mal construida y unas cuantas semillas de tomate y cilantro que no dieron sus frutos por falta de buenos abonos, es la ayuda que ha recibido esta anciana desde su retorno.

Regresar a la nada
Sin casas ni ganado, con los pocos muros que quedaron de pie cubiertos por maleza y sus tierras sembradas de minas, así encontraron los desplazados la vida que habían dejado y a la que han vuelto cansados de aguantar hambre en la ciudad.

A San Carlos ya han retornado 1.600 familias de manera voluntaria de las 4.850 que, según la personera del municipio, se desplazaron entre los años 1998 y 2000.

"Fue tanta la gente que regresó que el municipio se declaró en emergencia administrativa y financiera por el retorno de desplazados", dice Oriana Arroyave, quien dirige la Unidad Coordinadora de Atención a la población Desplazada (Ucad) en San Carlos.

Por eso Acción Social dio prioridad a seis municipios en Antioquia, todos en el Oriente, para la atención a la población desplazada que retorna: Cocorná, San Francisco, San Rafael, San Carlos, Granada y San Luis.

A Pedro María Chica, del Laboratorio de Paz de Oriente, le llama la atención que se esté promoviendo la idea de que ya hay condiciones para el regreso de familias a áreas rurales, "cuando, por ejemplo, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de esa localidad, en el corregimiento de Buenos Aires, de San Luis, se está requiriendo acompañar el desplazamiento forzado de jóvenes, y menores de edad, amenazados por un grupo armado ilegal".

Las condiciones para un retorno efectivo son la voluntariedad de los desplazados de regresar, que haya condiciones de seguridad para que el retorno se produzca y que las autoridades les garanticen su regreso en condiciones de dignidad.

Según María Patricia Giraldo, personera de San Carlos, la mayor dificultad en el tema del retorno es que no hay una coordinación real. "Las acciones son desarticuladas, se le da a una familia un proyecto productivo pero no tienen seguridad alimentaria; entonces, ¿qué comen mientras la tierra da? Así es muy difícil que el proceso avance".

Regresar no es fácil, sino que lo diga Clara Rosa García, que luego de que le mataron a su esposo y tuvo que desplazarse, retornó a la vereda La Hondita, de San Carlos, sola con sus seis hijas y su bebé de dos años, "Encontré todo enmontado y llegué sin nada de nada. No sé como he podido sobrevivir".
 
Compromiso por un trabajo más articulado
"El compromiso es hacer un trabajo más articulado entre todas las instituciones para la atención a los retornos en el Oriente", señala Olga Lucía Londoño, coordinadora de Acción Social para Antioquia. Según Londoño, luego de que los desplazados manifiestan su deseo de regresar y las autoridades certifican que hay condiciones de seguridad, la entidad les brinda un salario mínimo legal mensual para el trasteo, medio salario mínimo para el transporte y un kit de alimentos. "Luego debe cumplirse lo consignado en el decreto 1997 de 2009 que señala que los alcaldes y gobernadores deben cumplir cabalmente sus funciones en la definición y ejecución de mecanismos, que permitan lograr el goce efectivo de derechos de la población desplazada", dice Londoño.
 
Tomado de:  elcolombiano.com

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