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Estamos frente a un documento de importante análisis y reflexión de coyunturas sociales y económicas del Oriente Antioqueño, sobre lo que será en el decenio que entra, controversia entre dos modelos de desarrollo que se contraponen.

Un modelo que construido como pertenencia política del territorio, resistirá desde los pobladores organizados, en procura de defender las culturas de la productividad rural, sin la depredación de los recursos agua, bosque y tierra. Dicho modelo enfoca una propuesta de trabajo colectivo por el desarrollo integral y sostenible, donde se genere riqueza para todos -inclusive para quienes por decenios han estado marginados de las oportunidades o los beneficios de la generación de riqueza-; exponiendo con firmeza la necesidad y la responsabilidad de no agotar para el beneficio privado, las reservas minerales ni la reserva paramuna -ésta que por miles de años sirve de refugio a la generosa biodiversidad que concentramos para el mundo-.

 
Ahora se retoma, sobreviene y se viabiliza el otro proyecto territorial de la inversión privada, arrasadora e individual que, al amparo de la ley, los gobiernos y la ingeniería rentada, escavará de forma intensa nuestro subsuelo rico en oro, estaño y molibdeno. Un proyecto que tomará nuestros exóticos torrenciales de cristal líquido, los colgará por cables de alta tensión al Sistema Interconectado de sur y centro América, para volver mercado nuestra potente reserva hídrica. Se trata del proyecto que, a una tasa de 20 mil hectáreas por año, en el último lustro, hace deforestación para la ganadería extensiva, la especulación del precio de la tierra y la siembra de coca. Un modelo que sube del vecindario del valle del Río Grande de La Magdalena, por el piedemonte del páramo, e interviene nuestros Sistemas de Áreas Protegidas. Es el modelo de desarrollo que diagrama la Comisión Tripartita del Valle de Aburrá, y destina los Valles de San Nicolás como ciudad dormitorio, o como área de relocalización empresarial, o como destino de medicina estética por la oportunidad maravillosa de un aeropuerto internacional; es una propuesta de crecimiento en infraestructura vial, residencial y de mercado que -otra vez desde afuera-, nos asume funcionales a las demandas de las grandes urbes.
 
Queremos considerar que la reflexión colectiva y oportuna que nos convoca la Corporación Vida, Justicia y Paz, sobre esta contraposición de modelos de desarrollo, críticos para el territorio, permitiría hacer consistentes acciones que superan la buena voluntad de los concurrentes. Y que entonces pudiéramos concretar responsabilidad histórica y ponderada  de los actores que intervenimos -inclusive de quienes ahora mismo iniciarán usufructo del proyecto que implementan, con el aval de la ciencia, la inversión privada, la ley y los gobiernos-.
 
Rionegro Antioquia, noviembre 17 de 2010
 
Pedro Ma. Chica Quiroga Consultor PRODEPAZ - Integración territorial
 
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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