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En el objetivo de concertar acciones, movilización y propuestas en temas críticos de la Agenda Regional, estamos retomando gestión y convocatoria a las organizaciones sociales, a la institucionalidad pública, a las empresas y a los sectores gremiales que concurren a la Mesa Rioclaro y  la Mesa Energética.

En este propósito es menester el compromiso de concertar propuesta; se requiere la identificación, recaudo y ordenación de información; y se debe igualmente decidir sobre la gestión coordinada, para un posicionamiento de los temas críticos, en la Agenda pública regional y nacional.

El agua, la energía, los recursos de bosque y biodiversidad, los recursos mineros y del subsuelo; la propiedad, tenencia de la tierra y usos del suelo; la infraestructura vial, empresarial, residencial y de servicios del Altiplano; las gobernabilidad local para la inclusión de agendas ciudadanas; la falta de atención a las nuevas formas de violencia urbana, de economías ilícitas y de crimen organizado. Son todos capítulos del desarrollo, del ordenamiento territorial y del contexto socio político, que en el Oriente antioqueño nuevamente obedecen a una planificación, diseño de estrategias y decisiones de la institucionalidad pública, pensadas desde afuera y desde arriba.

La solicitud de merced de aguas en el proyecto de microcentrales -más de 160 radicadas en CORNARE a noviembre de 2009-, en el cálculo de técnicos conocedores de hidroenergía, puede duplicar la capacidad instalada de generación, en el territorio.

Las áreas denunciadas ante CORNARE, junto a las tituladas para concesión de explotaciones mineras, superan el 50% del territorio no embalsado o no urbanizado, del Oriente.

Resulta dramático el levantamiento de “Declaratoria de Protección Patrimonial de Tierras” por parte del Estado -en virtud de la vulnerabilidad de derechos de propiedad y posesión, de parcelas o fincas campesinas de la población desplazada-, en municipios del Oriente. Granada debió declarar protección patrimonial de un 72.8% del total de su territorio; es decir, de sus 18.300 has, 13.325 quedaron bajo medida de protección patrimonial, según información oficial de la Consejería Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a noviembre 03 de 2009. San Carlos debió levantar declaratoria del 78.3% de su territorio; San Luís lo hizo con el 23.9%; Nariño levantó sobre el 41.7%, San Rafael decretó protección sobre el 24.7%; y San Francisco sobre el 90.9%, que equivale a 33.821 has de su territorio.

Las medidas de protección de tierras en Sonsón representan un caso crítico, dado que es el municipio con mayor extensión territorial del Oriente, pues de sus 132.300 has, el 46.1% fue cobijado con estas medidas; es decir, 61.000 has. El municipio de Abejorral decidió declarar en protección todo su territorio, 49.100 has. Igual decidió, en el Nordeste antioqueño, la localidad de San Roque, con sus 44.100 has.
Por su parte las nuevas formas de manifestación del conflicto, plantean que en proceso de retorno de desplazados, se contabilizaban por parte de Acción Social, a junio de 2009, 26.063 personas que regresaron a municipios del Oriente. En el Consejo Comunitario del presidente Uribe en San Carlos, a principios de este año, se informó por parte de Acción Social, que para febrero de 2010, ya eran 24.566 las personas que habían retornado, a 109 veredas en los municipios de San Rafael, Granada, San Carlos, San Luís, San Francisco y Cocorná. Este proceso incluye, desafortunadamente, repoblamiento de familias que vienen del Bajo Cauca, por ejemplo, y que se dedican muchas de ellas a la actividad de la coca, principalmente en veredas y corregimientos de San Luís, San Francisco y la parte baja de Sonsón, en el Magdalena Medio: “Los cultivos de coca amenazan con involucrar en esta actividad ilegal a miles de campesinos desplazados de la violencia que han empezado a retornar al Oriente antioqueño, debido a los avances en seguridad logrados por la ofensiva de las autoridades contra los grupos armados ilegales.” Juan Carlos Monroy – Agosto de 2009. En igual sentido, llama la atención la ubicación del procesamiento de cocaína en veredas de San Vicente y Concepción “-entre noviembre de 2009 y enero de 2010, fueron desmantelados por el ejército, dos laboratorios con capacidad de producir 7 mil quinientos kilos de alcaloide al mes; cocaína que en las calles de Nueva York pudiera tener un precio superior a los 160 millones de dólares-. Es claro que este fenómeno regenera ciclos de violencia en zonas rurales y municipios, pues hace de combustible permanente a las nuevas modalidades del conflicto.” Agenda legislativa del oriente de Antioquia – febrero de 2010

Respecto al acelerado y desordenado crecimiento -con grandes proyectos de infraestructura vial y de desarrollo empresarial-, de la zona de Altiplano, baste decir que solamente en áreas de acceso inmediato al corredor de la autopista Medellín  Bogotá, sobre jurisdicción del municipio de Guarne, se relocalizan ahora mismo más de 60 empresas. O que en las inversiones que se proyectan del Túnel de Oriente, de los 780 mil millones de pesos para su financiación -y que al iniciar contratos y obras estarán bordeando el billón de pesos-, 80 mil de ellos permitirían avanzar ostensiblemente en conectar a Sonsón, por vías pavimentadas, con las olvidadas cabeceras de Nariño y Argelia.

Un abrazo.

*Consultor PRODEPAZ – Laboratorio de paz OA
 

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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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