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“Los antiguos griegos (tipos listos y valientes por los que ya sabes que tengo especial devoción), a quien no se metía en política le llamaron idiotés; una palabra que significaba persona aislada, sin nada que ofrecer a los demás, obsesionada por las pequeñeces de su casa y manipulada a fin de cuentas por todos. De ese ‘idiotés’ griego deriva nuestro idiota actual, que no necesito explicarte lo que significa…” Fernando Savater. “Política para Amador”
Tal vez no sea la promesa del proyecto político de los verdes, de la unidad nacional, de los naranjas, los girasoles o los santos, lo que hoy se esté poniendo a debate. Creo que debemos considerar seriamente, que en décadas, este país se esté pensando a sí mismo en una coyuntura electoral, como un proyecto de ciudadanía política con capacidad de superar sus históricas estupideces.
Este domingo 20 de junio, según el más reciente censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, están habilitados para votar 29 millones 938 mil 279 colombianos y colombianas. Estar habilitados significa tener el visado oficial o la certificación pública que el Estado nos otorga para ejercer derechos políticos, conforme establece la Constitución Política de Colombia: “ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática…”
Esta promesa del poder ciudadano y el buen gobierno -en una sociedad, por cerca de medio siglo inmersa en la crisis, y en un Estado por idéntico periodo afectado de desgobierno y corrupción; cooptado por familias adineradas, y sórdido en las ilegalidades-, devendría en una realidad de ejercicio de derechos, si pobladores y ciudadanía hubiesen tenido la oportunidad de una participación efectiva en partidos políticos; la oportunidad de confeccionar modelo y planes de desarrollo; y la oportunidad de ser incluidos en las redes de generación de riqueza. Todo esto reclamaba un proceso educativo para la solidaridad, el conocimiento y la apropiación de la carta universal de Derechos Humanos, incorporada por el constituyente de 1991. Pero nuestras limitaciones de democracia, también obedecen a que en nuestro portafolio no existe el proyecto de la investigación, la tecnología y el acceso a la sociedad del conocimiento; ese proyecto que las democracias modernas sí realizaron al advertir la oportunidad de sus crisis.
En gracia de aproximación pedagógica y debate ciudadano, tres afirmaciones de alguna pertinencia para la participación política electoral:
- Winston Churchill decía que la guerra era un asunto demasiado importante como para simplemente dejárselo a los militares. Hoy día debemos replicar que la democracia es algo demasiado importante como para simplemente dejárselo a los políticos.
- Los formadores de ciudadanía, cuyo afortunado método se centra en vulgarizar la Constitución Política, dicen que ésta alcanza a contener los planos para construir nuestra casa, pero que corresponde a los destinatarios y operadores jurídicos de esa Constitución, la responsabilidad de edificarla.
- Repetimos también con Salvador Giner que: “La democracia no es solamente un orden político. Es también, y muy principalmente, una cultura y, tal vez, hasta una civilización. Más allá de la representación política, de las reglas que permiten la coexistencia dialéctica entre gobierno y oposición, del marco constitucional y jurídico en que mora una ciudadanía, hay un universo de actitudes, creencias, tolerancias y concepciones, es decir, todo un universo cultural. Este constituye también la democracia. Permea tanto la cosa pública como la privada. Es el universo de la ciudadanía, de sus convicciones y responsabilidades, de su civismo y su fraternidad. Sin él no hay democracia”
En Colombia es demasiado fuerte la frustración. Hoy resulta casi exótica nuestra permanente labor por convencer líderes políticos y gobiernos, de que administraran los recursos públicos para todos los colombianos; como exótica resulta también nuestra insistencia por que administraran esos recursos y esas instituciones públicas, en la superación de la inequidad, inclusive, en la instalación de un proyecto de país digno en el concierto de los pueblos del mundo; en fin, que administraran el Estado para la felicidad de los pobladores y el respeto por las instituciones de esta nación.
Algunos de nuestros mentores procuraron comprometernos en la revisión y renovación de instituciones cuyo desgaste de legitimidad hace rato indica descrédito, inoperancia, negligencia y lo más grave, indolencia. Este desgaste lleva más de cuatro décadas sacrificando talentos humanistas y proyectos políticos que hubieran permitido, en su momento, hacer transición a una institucionalidad pública decente que otras naciones hoy disfrutan, sostienen y recrean.
Esa desidia por la reorientación del proyecto de nación, instaló, inclusive, realidades de violencia y conflicto armado que hoy resultan vergonzosas a los ojos y las conciencias del mundo; principalmente por su degradación y su irrespeto por la vida. Es que los estudiosos de historia política recalcan todavía que “la guerra es ausencia de política”.
Ahora bien, con todo y las frustraciones y tal vez en virtud de ellas, precisamente las contiendas electorales ponen en evidencia, casi de forma instantánea, los niveles de cultura política y de democrática que asisten el conglomerado de una nación.
Por efecto residual, conforme a las reglas electorales de la campaña a Presidencia, hoy dos candidatos disputan la primera magistratura del ejecutivo en 2ª vuelta. Entonces, los analistas políticos han dado conceptos respecto al perfil de los candidatos y sobre los contenidos de sus propuestas. Inclusive se conocen encabezados y generalidades temáticas por importantes conversatorios públicos y publicitarios.
Y entonces, respetados pero incautos lectores -tal vez ingenuos electores-, es aquí donde radica la diferencia entre una coyuntura electoral marcada por la simbología, la exaltación mediática y la euforia caudillista, y una intervención política electoral responsable, conciente y consecuente de ciudadanos empoderados. Debiera tratarse de ciudadanías formadas conocedoras de su capacidad legítima y soberana para conferir representación y ejercicio del poder. Que saben del proyecto ciudadano surgido del ejercicio cierto de derechos políticos, como encargo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por ejemplo, ningún debate y ninguna propuesta de los candidatos en 1ª en 2ª vuelta, consideró la reforma estructural del Estado, a través de una agenda nacional de paz. No se pudo conocer, y mucho menos discutir, una intervención que vaya a liderar algún candidato, donde se considere un nuevo modelo de desarrollo que revierta el régimen económico generador de pobreza e inequidad. No se tuvo el valor de proponer a los colombianos la construcción y movilización de una política integral contra la tragedia del narcotráfico. Y sencillamente no se hicieron propuestas de este calado, por que la disputa electoral es cosmética y no fundamental. Es que a candidatos, propuestas y electores -si empezáramos hoy-, nos separan lustros de una cultura de participación en política, que se corresponda con el nominal Estado Social y Democrático de Derecho.
A partir de tener claridad sobre los alcances del ejercicio de participación electoral del próximo 20 de junio; el reto consiste en elegir un gobierno capaz de iniciar un proyecto que transforme nuestra cultura política, y que por tanto instale un pacto ciudadano para la equidad, la gobernabilidad, la paz y la inserción en el concierto de las democracias modernas.
Esto no lo va a hacer nadie por nosotros. "El orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres". Bajo ese postulado nació el proyecto democrático en la antigua Grecia. Debemos considerar seriamente, que en décadas, este país se esté pensando a sí mismo, en una coyuntura electoral, como un proyecto de ciudadanía política con capacidad de superar sus históricas estupideces.
Un abrazo.
*Consultor Integración Territorial - Prodepaz

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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.