Los parásitos y Autopistas de la Montaña

Lunes, 01 de Agosto de 2011 09:40

Escrito por Jorge Gómez Gallego

Desde luego no aspiro al título de profeta, pero hace tres meses había advertido lo que esta semana confesó el gobierno: que Autopistas de la Montaña no valdrían lo que habían dicho inicialmente, sino el doble. Con el mayor cinismo el Presidente Santos anunció que Departamento y Municipio tendrían que triplicar su aporte si querían la obra, y el Ministro con mayor descaro afirmó que esta era una buena noticia.

No sobra recordar que el Concejal Ballesteros y este corporado han señalado que esa obra es exclusivamente responsabilidad de la Nación y como tal, no tienen porque el Departamento y el Municipio de Medellín concurrir a ella con recursos. Solo si tuvieran cubiertas completamente sus obligaciones y les estuviera sobrando dinero habría alguna justificación. Pero ¿con qué cara el Gobernador de Antioquia, responsable de la destruida red vial secundaria y que justifica el desastre con la escasez de recursos, va a aportar tanto dinero para una obra que no le compete? Hasta el momento son 600 mil millones de pesos, el Presidente pidió un billón ochocientos mil. ¿Cuánto será al final?

Pero volviendo al tema del mayor costo del proyecto, el solo hecho de haberse concebido como una concesión lo encarece. Mire usted estimado lector, si una obra es ejecutada por el método de la licitación de obra pública, el Estado deberá pagar los costos directos, las utilidades de los contratistas (diseño, presupuesto, construcción e interventoría) y lo intereses de la deuda que se adquiera. En cambio sí es adelantada como concesión deberá pagar, además de los anteriores conceptos, la Tasa Interna de Retorno al Concesionario, quien a su vez subcontrata el resto de actividades.

En el informe inicial presentado por ISA hace dos años, cuando apenas aspiraba a hacerse con el contrato, estimaba el valor de la inversión total en 5.6 billones de pesos, pero advertía que El resumen de ciertas condiciones financieras presentadas son referenciales y bajo ningún concepto se deben considerar como una propuesta financiera definitiva por parte de ISA. Estaba claro entonces que estábamos frente a un vendedor ofreciendo un producto “excelente”, por un precio incierto.

Sin embargo en uno de los tantos actos irresponsables de nuestros gobernantes, se firmó una Convenio Interadministrativo entre el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, la Nación e ISA, para entregar a esta última una concesión sin saber a ciencia cierta cuánto nos iba a valer.

Con un agravante, ISA, como lo demostré en su oportunidad, a pesar de que tiene una mayoría de dueños de carácter público (Nación, Ecopetrol y EEPPM), está controlada férreamente por los socios privados minoritarios, los Fondos Privados de Pensiones, uno de los tentáculos del capital financiero, quienes en virtud de un denominado Código de Buen Gobierno -zipote e’ nombre diría el costeño- tienen poder de veto sobre las decisiones de la Junta Directiva. No es raro entonces que Luis Fernando Alarcón Mantilla llegó a Presidente de ISA directamente desde la Dirección Ejecutiva de ASOFONDOS, la entidad gremial que agrupa a quienes sin ser sus dueños, mandan.

Es apenas lógico que con una liquidez de la magnitud de la que manejan esos Fondos, busquen canales de inversión que ofrezcan altas tasas de ganancia. Y qué mejor que hacerse al control de un proyecto de esta magnitud, sin las molestas trabas de una licitación pública, sin topes presupuestales o contractuales. Y como el negocio reside en que mientras más se facture más se gana, seguramente no se consideró nada malo informar una cifra digerible para la firma del contrato, aunque después se duplicara. Bussines is bussines. Eso opera en la lógica del negociante, pero en la del administrador público debe primar el criterio de que primero se debe saber a ciencia cierta cuánto vale un contrato para proceder a su celebración.

Vale la pena insistir en un hecho que parecen no ver los analistas ni los funcionarios púbicos, pero que es demasiado evidente: los concesionarios son a la infraestructura vial, lo que las EPS son al sistema de salud: parásitos innecesarios y costos.

El Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín deberían de inmediato buscar una salida jurídica para deshacer la estafa de que están siendo víctimas y exigir a la Nación que asuma la responsabilidad que le cabe en estas obras.

Por: Por Jorge Gómez Gallego, Diputado Asamblea Departamental de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo.

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