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Los recientes casos de violencia de género ocurridos en Colombia prendieron las alarmas de la Procuraduría General de la Nación quien hizo recomendaciones a los nuevos gobiernos locales para cumplir las leyes que regulan el hecho. Aunque los medios televisivos sólo han presentado casos graves de violencia en la región Caribe del País, la lucha en el Oriente Antioqueño también continúa por el abuso masculino.
En Colombia la Ley 1257 de 2008 adoptó una pertinente normatividad con el objetivo de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencias, sin embargo, se ha puesto en evidencia la urgente necesidad de seguir trabajando en la sensibilización, la prevención, la adecuada atención y la debida sanción con el objetivo de erradicar por completo la violencia contra las mujeres.
En Barranquilla se presentaron dos casos, uno sucedió el 28 de diciembre de 2011, cuando una mujer de 20 años de edad y con nueve meses de embarazo fue agredida fuertemente por su compañero sentimental como respuesta a un reclamo que ésta le hizo; igualmente la noche de año nuevo, una mujer fue incapacitada debido al fuerte maltrato físico que le propino su compañero sentimental cuando ella decidió ejercer su derecho a negarse a tener relaciones sexuales con él. El caso de Santander, ocurrido también en la noche del 31 de diciembre de 2011, fue igualmente violento, puesto que la mujer de 23 años de edad recibió 14 puñaladas por su ex compañero sentimental después de una discusión.
Para el Ministerio Público estos casos son una muestra de que la violencia basada en género sigue latente en Colombia, los casos de daño psicológico, físico, sexual, y patrimonial contra las mujeres se siguen presentando diariamente y lamentablemente los hombres siguen utilizando el poder y la violencia como una forma cotidiana de relacionarse, resolviendo sus problemas, diferencias y conflictos con golpes y agresiones y cayendo en el error de creer que cuando se trata de su sexualidad cualquier comportamiento está permitido, reflejando así relaciones de poder desiguales en las cuales una de las partes siente que tiene el derecho de controlar, intimidar y agredir a la otra.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, afirmó que es éste el momento propicio para que los nuevos alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras, así como los consejos distritales y municipales de Política Social realicen un diagnostico de la real situación que viven las mujeres en cada una de sus regiones y de esta forma construyan políticas públicas con enfoque de género y prevean recursos con el fin de atender las problemáticas propias; sin olvidar que cuando se trata de erradicar este tipo de violencia los programas y proyectos también se debe adelantar con los hombres, pues son ellos, en la mayoría de los casos, los perpetradores.
Así mismo hace un llamado a las autoridades para que cumplan con la obligación de adoptar las medidas de protección que sean necesarias en estos casos como son: ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la victima y/o abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la misma; ordenar a la autoridad de Policía, si así lo solicita la víctima, el acompañamiento de esta para su reintegro al domicilio; y ordenar una protección especial de la víctima por parte de las autoridades de Policía, tanto en el domicilio como en su lugar de trabajo; o cualquier otra que sea necesaria para proteger a la mujer víctima (artículo 17 de la Ley 1257 de 2008).
Los cuatros decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, los cuales desarrollan la forma de proceder para la adopción de las medidas de prevención, protección y atención que contempla la mencionada Ley: I Decreto No. 4463 de 25 de noviembre 2011 en el ámbito laboral; II Decreto No. 4796 de 20 de diciembre de 2011 en el ámbito de la salud; III Decreto No. 4798 de 20 de diciembre de 2011 en el ámbito de la educación y IV el Decreto No. 4799 de 20 de diciembre de 2011 en el ámbito de la justicia, los cuales se pueden consultar en la página de la Procuraduría en el vínculo de Equidad y género.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación afirma que seguirá trabajando insistentemente a través de todas sus delegadas con el objetivo de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales que buscan eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, con los cuales se ha comprometido Colombia y que implican la garantía del goce efectivo de los Derechos Humanos de más de la mitad de su población, como son las mujeres.

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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.