Garantías para las víctimas de desaparición forzada

Martes, 03 de Enero de 2012 10:47

La Procuraduría General de la Nación, a través de la resolución 525 de enero de 2012, impartió instrucciones para vigilar el cumplimiento de las normas sobre inhumaciones de personas fallecidas sin identificación.

Fenómenos como las fosas comunes, la incineración de restos no identificados, y el mal manejo de los procesos de inhumación, llevaron a que miles de personas quedaran sin conocer el paradero de sus familiares.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, impartió instrucciones precisas a los funcionarios del Ministerio público para que en ejercicio de sus competencias realicen el seguimiento y cumplimiento de la Ley 1408 de 2010 “por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”; y la Resolución 5194 de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres”.

La Ley reglamenta la forma en que deben ser enterrados los restos y cadáveres en los cementerios, determina aspectos como la documentación rigurosa que debe expedirse sobre su ubicación y la conservación y marcación de las tumbas, de acuerdo a los requerimientos que en ese sentido desarrollará la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas – Cnbpd.

También la Ley establece que las secretarías de gobierno o la autoridad de gobierno correspondiente “asegurarán que en su jurisdicción no se usarán osarios comunes ni se destruirán o incinerarán cuerpos o restos de personas no identificadas y que no se inhumarán sin acta de levantamiento y examen médico legal”.

Los personeros deberán vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y las demás que reglamentan aspectos relacionados con las inhumaciones, exhumaciones y la cremación de cadáveres o restos óseos humanos cuando se trate de personas fallecidas sin identificación.

Finalmente, los personeros municipales, deberán presentar un informe semestral a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos sobre el conocimiento que sobre inhumaciones y exhumaciones de cadáveres no identificados se realicen en el ámbito de su competencia.

Con estas medidas se espera que todas las víctimas de la desaparición forzada tengan más garantías por parte del Estado y el drama de la incertidumbre termine.

Foto: Blog Indeleblia

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