La infiltración de las mafias y las bandas criminales en las instituciones del Estado

Martes, 20 de Diciembre de 2011 12:37

Escrito por Pedro Santana Rodríguez

Las investigaciones por la infiltración de las bandas criminales en los organismos de las Fuerzas Armadas y en los aparatos de inteligencia del Estado no han sido eficaces. Lo cual plantea que éste es uno de los problemas mayores que enfrenta la justicia en el país. Por ello no es sólo inoportuna sino totalmente errónea la propuesta consignada en la reforma a la Justicia, aprobada en primera vuelta por el Congreso, de ampliar el fuero militar presumiendo que todas las acciones de la Fuerza Pública tienen directa relación con el servicio. Hay que oponerse a esta reforma.

Uno de los mayores problemas que afronta la justicia en Colombia es el fenómeno de la impunidad que es algo estructural y no simplemente coyuntural. En los años setenta del siglo XX se convocó una Pequeña Constituyente que tenía en su temario dos asuntos, el primero, la reforma de las entidades territoriales asfixiadas por el excesivo centralismo que las había desaparecido como entidades con capacidad de actuar frente a los problemas de servicios públicos, educación, salud, etc. y el otro gran problema el de la justicia. Desde entonces se diagnosticaron certeramente los problemas: impunidad, atosigamiento en la justicia, enormes violaciones a los derechos humanos, formalismo, clasismo en las decisiones judiciales, es decir, que en Colombia la justicia es para los de ruana, etc.

La impunidad favorece el aumento de la criminalidad. A los problemas diagnosticados en aquel entonces por el Instituto SER de investigaciones de la Universidad de los Andes en un trabajo clásico de Annete Pearsons, (1976), se vino a sumar el problema del narcotráfico y el surgimiento en gran escala de bandas criminales ligadas a un negocio que mueve desde entonces varios miles de millones de dólares al año en Colombia. Este negocio y las prácticas criminales ligadas a él encontraron un caldo de cultivo en la debilidad de la justicia y de las instituciones estatales encargadas de la persecución y el combate a esa criminalidad. A ello se vino a sumar el crecimiento también de la actividad de las guerrillas y la consiguiente criminalidad asociada a los grupos subversivos que pronto cayeron en negocios y actividades ligadas con el narcotráfico del cual derivan, aún hoy, la mayor parte de los recursos económicos para sus actividades.

Al lado del crecimiento de la economía ilegal se extendió una práctica que no cesa y que acompaña desde entonces a diario el calvario de la justicia. Nos referimos la infiltración de las mafias y de la criminalidad tanto en los aparatos del Estado como en los organismos judiciales, en los cuerpos de Policía, en las Fuerzas Armadas y en los organismos de inteligencia del Estado. El rediseño constitucional de la Justicia en la Constitución de 1991 nos resolvió algunos problemas, quizás lo más afortunado fue la aprobación de la figura de la Acción de Tutela que ha resultado eficaz para la reclamación de los derechos fundamentales que a la larga ha ido impregnando a los jueces con la defensa de los derechos fundamentales y en una justicia material en contra de las teorías y prácticas de la justicia formalista que predominaba en Colombia, y que aún hoy mantiene amplias parcelas del poder judicial. También fue afortunada la introducción del sistema penal acusatorio, que tuvo que ser reformado para que pudiera operar separando las labores de investigación de aquellas de juzgamiento y dejando las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento en manos de los jueces de garantías. Esta reforma camina en nuestro juicio en la dirección acertada. No obstante, persisten problemas sumamente graves y uno de ellos tiene que ver con la infiltración de las mafias o en la cooptación de sectores estatales por parte de crimen organizado.

Justamente y como lo ha señalado una persona que sabe del asunto porque lo ha estudiado y lo ha vivido como gobernante , nos referimos a Alonso Salazar, el saliente alcalde de Medellín quien de manera clara ha dicho que uno de los mayores problemas está relacionado con esa infiltración mafiosa en las instituciones públicas en la segunda ciudad del país. En una entrevista a la Revista Semana poco comentada a pesar que la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria por los graves señalamientos que hizo en la campaña electoral sobre los apoyos mafiosos que recibió en el año de 2007 el entonces candidato Luis Pérez García, y que según señalaron también más de una decena de personas reconocidas en la ciudad habría recibido en la campaña de este año en que estuvo a escasos 17 mil votos del triunfo que finalmente obtuvo Aníbal Gaviria Correa.

“El narcotráfico, con el paso del tiempo, ha ido trasmutando en una cosa y en otra. Ha aprendido mucho: incorporó, de las milicias, la experiencia de trabajo social, tiene viva toda la trayectoria del sicariato; supo venderse como fuerza contrainsurgente para legitimarse y ahora está acomodándose en la sociedad vía organizaciones barriales – a las que cooptan- o con empresas, por ejemplo, de transporte – a través de las cuales lavan capitales.

A la pregunta de si siguen existiendo los “no nacimos pa´semilla” y si constituyen una industria, Salazar responde “Son organizaciones muy estructuradas. Y un factor clave para la pervivencia de estos grupos ha sido la cobertura institucional. ¡Ni con el proceso 8.000 ni con la investigación de la parapolítica se lograron neutralizar esos amparos institucionales! Aún siguen”

Más adelante agrega “El problema es que nunca se ha atacado a la parapolítica local. Y hay grados de contaminación muy altos”. “Gobernar es responder...y con el tema de la seguridad a mi me da como una angustia porque llega gente pobre y le dice a uno:

¨ Estoy a punto de perder la casa por unos delincuentes desalmados”, en un contexto en el que la Policía no actúa y la Fiscalía no produce ningún efecto. ¿Qué hago yo?”

Semana: La mafia se infiltra en las instituciones y desde ahí tuercen las cosas…

A.S.: Logran dilatar los operativos, o las investigaciones. O por ejemplo, uno tiene la certeza que lo que se discute en el Consejo de Seguridad Inmediatamente se va a saber afuera.

Más adelante Salazar señala que hay una confluencia de intereses en el caso de Medellín entre sectores empresariales, sectores criminales y clase política. La Revista pregunta si es un nuevo clientelismo y Salazar responde “Es el verdadero sistema mafioso. La típica mafia está con el Estado y mezcla acciones legales con ilegales. Son expertos en paternalismo y populismo. En ese punto estamos hoy. Son unos sistemas mafiosos donde la diferencia entre economía legal o ilegal, y la relación con políticos y empresarios es muy difusa”. Señala que los sectores más infiltrados por la mafia son los constructores, transportadores y comerciantes y específicamente de un sector comercial que en Medellín se llama “El Hueco”. Y remata con varias afirmaciones que son una realidad en otras regiones del país. “Ya le puedo decir con más tranquilidad: es que la Policía no está al mando del Alcalde- Eso es carreta… el Alcalde no tiene poder. El Alcalde tiene poder para vigilar las discotecas, para vigilar el espacio público, para ver si la gente se acuesta más temprano o más tardecito…los alcaldes en Colombia no pueden investigar, no pueden acusar, y eso es lo que se necesita para poder tener seguridad... En condiciones de impunidad como la nuestra la ilegalidad toma una ventaja extraordinaria. Yo veo cada vez más claro que las infracciones o los delitos en una sociedad están muy relacionados con la posibilidad que uno sea sancionado o condenado por cometerlos”

Es claro en esta entrevista que dio Alonso Salazar a la Revista Semana que uno de los principales problemas que afronta Medellín y el departamento de Antioquia, tiene que ver con la amplísima infiltración de los organismos del Estado por parte de las mafias y del crimen organizado. Para muestra otro botón. En la región de Antioquia –Chocó, se produjo desde 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010 el mayor despojo de tierras de todo el país. En este período se despojaron cerca de 2 millones de hectáreas a los campesinos, según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado. La Superintendencia de Notariado y Registro ha señalado que encontró maniobras fraudulentas para despojar a campesinos de 43.000 hectáreas de tierra en Urabá y apenas lleva revisados el 32% de los títulos. En el primer semestre de este año en el departamento de Antioquia, se produjo el mayor desplazamiento forzado, 34.333 desplazados de los cuáles llegaron a Medellín 14.902. Las preguntas obvias son en dónde estaban las autoridades y en dónde están que se ha producido el mayor despojo de tierras y no hay responsables, que se produce el mayor número de desplazados y tampoco hay responsables y que se roban las tierras y tampoco hay responsables. La respuesta es sencilla y en ello acierta Salazar, los organismos del Estado que son los responsables por la protección de la vida, de la honra y de los bienes de los colombianos están profundamente infiltrados y no sólo en Medellín y Antioquia sino en muchas otras regiones del país.

Un hecho relacionado con lo anterior es que el Tribunal Superior de Bogotá que acaba de condenar al jefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio” por 36 masacres y otros delitos en los cuales fueron asesinadas más de 300 personas, pidió a la Fiscalía General que se cree una Unidad Especial para la “investigación, persecución y captura de miembros de las Fuerzas Armadas señalados de participar, con su acción u omisión, en las violaciones cometidas contra la población civil”. En el fallo, el Magistrado pide dar celeridad en las investigaciones contra jefes y miembros del DAS de las seccionales de Atlántico, Cesar y Magdalena, vinculados en las investigaciones.

También pidió resultados en los casos de miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Comando Departamental de Magdalena y Comando del Cesar de la Policía Nacional, a la capitanía 03 y sus puestos de mando de la Infantería de Marina, y a la Tercera Brigada de las Fuerzas Militares, específicamente al Batallón de Infantería Mecanizado No 4 “Gr. Antonio Nariño”, Batallón de Ingenieros No 2 “Vergara y Velasco”, Batallón de la Policía Militar No 2 “Ciudad de Barranquilla”, el Batallón A.S.P.C. No 2 “Cacique Alonso Xeque” y el Grupo Gaula Atlántico, que participaron de los hechos criminales de las AUC.

Según los magistrados, hasta el 2010 el Bloque Norte cometió más de 2.188 crímenes con más de 8.000 víctimas y muchos de estos hechos ocurrieron con la colaboración de las Fuerzas Armadas. El Tribunal también reiteró que se deben perseguir los bienes de los congresistas que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

Estos hechos señalan claramente que las investigaciones por la infiltración de las bandas criminales en los organismos de las Fuerzas Armadas y en los aparatos de inteligencia del Estado no han sido eficaces. Lo cual plantea que éste es uno de los problemas mayores que enfrenta la justicia en el país. Por ello no es sólo inoportuna sino totalmente errónea la propuesta consignada en la reforma a la Justicia, aprobada en primera vuelta por el Congreso, de ampliar el fuero militar presumiendo que todas las acciones de la Fuerza Pública tienen directa relación con el servicio. Y es por ello que hay que oponerse a esta reforma que multiplicará la impunidad y favorecerá la infiltración de las mafias en los aparatos de seguridad del Estado.

Por: Pedro Santana Rodríguez Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

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