Sobre los balances al primer año del Gobierno de Santos

El dicho popular reza que cada quien comenta la fiesta de acuerdo a como le haya ido en ella. Y esto es muy cierto precisamente cuando se trata de hacer el balance de las políticas públicas, y más cierto aún, cuando se trata de hacer el balance de las políticas públicas implementadas por los gobiernos. Así se desprende de una lectura de los balances publicados alrededor del primer año del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón.

 

Casi todos los analistas coinciden en destacar los siguientes rasgos como hechos positivos para el país: el desmonte paulatino de la polarización en que dejó al país el saliente Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la reincorporación de Colombia en el concierto de América Latina y principalmente en la Comunidad Suramérica de Naciones, UNASUR, el respeto por las decisiones judiciales; el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos al empeñarse en la aprobación de la Ley de Víctimas y de restitución de tierras; la denuncia de hechos protuberantes de corrupción y el apoyo brindado a la justicia para su esclarecimiento; el respeto por la oposición incluido el nombramiento de Clara López como alcaldesa encargada de Bogotá en reemplazo del sancionado alcalde Samuel Moreno Rojas. Estos son hechos que el país saluda y reconoce. En política internacional, un hecho nuevo sin muchos desarrollos ha consistido en la propuesta de Santos de trabajar por la conformación de un bloque latinoamericano para enfrentar la crisis mundial de la economía.

 

Pero no hay signos de objetividad en cuanto al balance de asuntos relacionados con el conflicto armado, el manejo de la economía y en general con el modelo económico que sigue su marcha sin que el Gobierno quiera realmente hacer modificaciones de fondo.  Tampoco los balances son objetivos sobre la poca eficacia para la protección de los líderes de la población en situación de desplazamiento que siguen siendo asesinados, y que deberían ocupar al Gobierno de manera creciente si en realidad quiere  avanzar en la aplicación de la  Ley de Víctimas y de restitución de tierras y tampoco a la falta de claridad; ausencia de una política de protección ambiental que frene las nefastos efectos de una minería desbordada y sin prácticamente ningún control estatal, amén de las bajas contribuciones a la economía nacional por los bajos impuestos y rentas que deben pagar en Colombia.

 

Y es que en  donde el problema se torna dramático es en el frente económico. No hay medidas sustantivas para enderezar un modelo altamente depredador de nuestros recursos naturales, altamente concentrado en que los beneficiarios reales son los grandes capitalistas y los grandes propietarios. Éste es el tema fundamental. Por eso cuando Santos insiste en que no hará reformas tributarias nosotros en vez de alegrarnos nos preocupamos por una razón sencilla. No será posible una política de real redistribución del ingreso y de la renta con apenas  un 14% de la participación del Estado en la economía. ¿De dónde van a salir los recursos para la reconstrucción de la infraestructura destruida en la reciente ola invernal? ¿De dónde saldrán los recursos para implementar la Ley de Víctimas, si ésta tiene un costo de unos 84 billones de pesos para los próximos diez años?  Y ¿De dónde saldrán los recursos para mejorar y extender la educación y la salud públicas?

 

Sobre estos grandes problemas los balances de prensa ni siquiera  los mencionan. Por ello el debate, la formación de una opinión pública ilustrada y la definición de una agenda pública correspondiente a esta urgente agenda pública, siguen descansando fundamentalmente en hombros de la sociedad civil y de los movimientos sociales colombianos.  Son los indígenas del Cauca los que vuelven a poner en primer plano la negociación de la guerra, los problemas ligados al conflicto y a la paz: los movimientos de víctimas siguen planteando la necesidad de reformar la ley de justicia y paz, Ley 975 de 2005, para acceder a la construcción de la verdad y de la justicia. Y las mujeres siguen planteando los temas relacionados con la impunidad frente a los delitos sexuales cometidos contra ellas por los actores de la guerra. Que poco espacio dan los grandes medios a  estos problemas, que falta de sensibilidad social de los medios a la tragedia humanitaria y a los aberrantes problemas de desigualdad social. Allí están los grandes vacíos de este Gobierno.

 

 

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