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Miles de desmovilizados de las bandas paramilitares colombianas podrían quedar pronto en libertad sin purgar ninguna condena, alertaron congresistas al Gobierno y a la Fiscalía General de la Nación.
 
De acuerdo con el presidente la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, un vencimiento de términos en los procesos de Justicia y Paz lanzaría a las calles a miles de desmovilizados sin cumplir con los preceptos de verdad y reparación.
 
Barreras afirmó que es urgente reformar la denominada Ley de Justicia y Paz, a fin de evitar que queden libres "miles de victimarios que no han dicho toda la verdad porque se les van a vencer los términos".
 
Explicó que la mínima condena en Justicia y Paz es de seis años, lo cual llevaría a dejar libres a por lo menos mil 300 postulados que están en versión libre desde 2005 y que no alcanzarán a la etapa de imputación antes de finalizar 2011.
 
"De los postulados a la Ley de Justicia y Paz, solo hay un poco más de 400 que ya están en imputación y solamente hay cuatro condenados", advirtió, citado por medios locales de prensa.
 
Las versiones libres pueden tardarse tres años más y, para ese entonces, ya se vencieron todos los términos, puntualizó.
 
En su opinión, si no se reforma la referida Ley, saldrán a la calle todos, con excepción de esos cuatro, sin sentencia y sin haber dicho toda la verdad.
 
Por su parte, el vocero de la Comisión de Paz de la Cámara de Representante, Iván Cepeda, se expresó en similares términos y sostuvo que el vencimiento de términos en los mencionados procesos es inminente.
 
El tiempo transcurre y los procedimientos judiciales son supremamente lentos, señaló Cepeda, citado por la versión digital del diario El Tiempo.
 
A su vez, consideró que la extradición de los principales jefes paramilitares significó un golpe mortal a todos los procesos de justicia y verdad.
 
La citada normativa fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de más de 31 mil presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo ultraderechista que se disolvió en 2006 en un proceso calificado de parcial e incompleto.
 
 
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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