Víctimas preocupadas con su Ley

Sábado, 28 de Mayo de 2011 21:01

Escrito por Agencia de Prensa del IPC

A pocos días de haber sido aprobada la Ley de Víctimas por el Congreso de la República y ya comienzan a advertirse serias preocupaciones por parte de las distintas organizaciones que aglutinan a las víctimas del conflicto armado sobre la eficacia y viabilidad que tendrá el articulado.

En pocas palabras, lo que para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, constituye una de las “leyes más trascendentales para el país en los últimos años”, para las víctimas el Proyecto de Ley recién aprobado puede llegar a convertirse en un “canto a la bandera”.

Todo porque, según representantes de diversos movimientos de víctimas consultados por la Agencia de Prensa IPC, el texto aprobado presenta incongruencias conceptuales, vacíos jurídicos que de no ser resueltos podrían prestarte a un sinnúmero de interpretaciones y, quizás lo más destacado, en algunas regiones del país no están dadas las garantías para aplicar medidas como la restitución de tierras, por ejemplo.

Como se conoce, la Ley recién aprobada, que pasará a conciliación entre Senado y Cámara, busca reparar de forma económica, moral y simbólica a cerca de cuatro millones de personas que han padecido los efectos directos del conflicto armado colombiano desde 1985. Para ello, la Ley establece una serie de disposiciones sobre quién puede ser considerado víctima del conflicto, reconociendo además que existen grupos poblacionales con afectaciones particulares por lo que determinó crear enfoques diferenciales para la reparación, asistencia y restitución.

Sobre este particular, el Legislativo definió varios tipos de medidas para la reparación, las cuales van desde la asistencia (ayuda que necesita una persona cuando se le vulneró sus derechos fundamentales por causas del conflicto armado) hasta medidas integrales que incluyen la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Si bien se trata de un hecho histórico dado que por primera vez, en más de cuarenta años de conflicto armado en Colombia, se reconoce no sólo existencia de éste sino la necesidad de reparar a las personas que han sido vulneradas en sus derechos fundamentales por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, las propias víctimas han comenzado a advertir sus preocupaciones sobre la utilidad que tendrá para el país este articulado.

Preparan demanda

Uno de los más críticos es Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice) y actual representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA), quien anunció que acompañará la iniciativa que se viene gestando desde diversas organizaciones no gubernamentales de la capital del país para entablar una demanda al Proyecto de Ley recién aprobado.

“Hay varias organizaciones sociales, entre ellas el Movice, que estamos pensando en demandar la Ley. Estamos en ese estudio jurídico. Lo que vemos allí es un gran problema de inconstitucionalidad”, expresó Cepeda, que si bien valoró el hecho de que el país cuente con una legislación para las víctimas del conflicto armado, también objetó parte del articulado por considerarlo de alcance bastante limitado.

A su juicio, el texto aprobado presenta cuatro grandes falencias como son la exclusión de víctimas de las denominadas “bandas criminales” (bacrim), catalogadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos como las “herederas del proyecto paramilitar”; la discriminación de la que será objeto la población desplazada al no contemplar planes de acompañamiento a los retornos; el que la sostenibilidad fiscal sea el principio rector de la Ley y el que no se haya definido un plan de restitución que vaya más allá de la entrega de tierras.

“En la Ley no quedó contemplado ningún mecanismo para la persecución de los bienes de los victimarios. La Ley va a permitir que las empresas palmicultoras, por citar un ejemplo, continúen desarrollando sus proyectos agroindustriales en territorios donde se produjeron despojos masivos, donde hubo desplazamientos. Eso es un exabrupto para las víctimas”, señaló el vocero del Movice.

Como se recordará, una de las proposiciones derrotadas durante el trámite del Proyecto de Ley fue la planteada por el PDA, según la cual la indemnización a las personas afectadas en sus derechos fundamentales por cuenta del conflicto armado, así como la restitución de bienes arrebatados por los grupos armados ilegales debía aplicarse desde el 1 de enero de 1980.

Preocupaciones regionales

En Antioquia, departamento que según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) registró hasta agosto de 2010 un total de 82.585 víctimas del conflicto armado, la cifra más alta en el país, las preocupaciones de las organizaciones no han sido menores.

Para Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental de Víctimas, la Ley no responde satisfactoriamente muchas de las inquietudes planteadas por los afectados del accionar de los grupos armados ilegales en el departamento, planteadas en reuniones de estudio realizadas desde el mismo momento que comenzó el trámite del proyecto en el Congreso.

“A lo largo de nuestras reuniones surgieron muchas preguntas sobre temas como la reparación a las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, la restitución patrimonial, la condonación de créditos bancarios para los familiares de los desaparecidos y los desplazados; las reparaciones colectivas, el hecho de que una víctima, al aceptar la indemnización, desista de sus intenciones de demandar al Estado, entre otros. Ahora, al analizar lo que se aprobó, vemos que continúan los interrogantes y nuestras preocupaciones”, añadió Quintero.

Para la vocera de la Mesa, una de las principales frustraciones para los movimientos regionales de víctimas fue la poca –o nula- participación que tuvieron durante el trámite del Proyecto en el Congreso. “Nosotros teníamos una serie de propuestas que queríamos que los senadores por lo menos las escucharán, pero fue imposible”, agregó la vocera.

Por ello, desde la Mesa se prepara una petición formal para que las víctimas del departamento puedan participar en la reglamentación del articulado, “pues es ahí donde vamos a ver si la ley va a servir o no. Ya que no nos dieron espacio en el Congreso para aportar nuestras ideas a la Ley, que por lo menos nos consulten para su reglamentación”, expresó.

Capítulo tierras

Donde se generaron mayores expectativas fue en el capítulo relacionado con la restitución de tierras a las personas que fueron despojadas u obligadas a abandonar sus predios por los grupos armados al margen de la ley. Al final, los legisladores aprobaron que ésta se aplique para hechos ocurridos desde 1991.

Para ello, la Ley creó la jurisdicción de tierras cuya responsabilidad recaerá en los jueces Penales del Circuito quienes además deberán resolver, en un plazo no mayor a los cuatro meses, los litigios de restitución. Asimismo, el texto definió que para dicho procedimiento deberán ser los denunciados como ocupantes de mala fe quienes demuestren los derechos sobre los predios (lo que se conoce como inversión de la carga probatoria) e igualmente se creó la segunda instancia para evitar abusos o malas interpretaciones por parte de los operadores de justicia.

Para Carmen Palencia, presidenta de la Asociación para la Restitución Tierra y Vida, que agrupa a cerca de 9.000 víctimas de despojo de tierras en todo el país, su principal preocupación radica en la incongruencia presentada entre el año que se fijó tanto para la reparación de las víctimas como para la restitución de bienes.

“Hay casos particulares como este: a una mujer un grupo armado le mató el marido en 1985 y, por cuenta de ese hecho, tuvo que dejar abandonada su tierra y, cuando quiso recuperarla, en 1995, se encontró que ya era de otro grupo armado. Entonces, ¿Qué hacer en estos casos? La señora es víctima de la violencia y tiene derecho a la reparación, pero, por Ley, no tendrá derecho a la restitución. Eso es muy complicado y me parece que va contra el principio de igualdad de las víctimas”, manifestó Palencia.

Si bien Palencia reconoce como bastante positivo que las víctimas de despojo en Colombia cuentan con instrumentos jurídicos distintos a los trámites administrativos ante la justicia ordinaria para reclamar los bienes arrebatados, también dejó clara su desazón por aspectos como la doble instancia, que a su juicio, “no se compadece con la situación de las víctimas”.

“Además, la verdad no soy muy optimista en que los procesos se lleven de manera ágil. Reconociendo toda la buena voluntad del Gobierno por sacar adelante este proyecto, también hay que tener presente la realidad: hay una oposición férrea por parte del entramado narco-paramilitar y sus testaferros dispuestos a no dejarse quitar las tierras y dos años y medio de Gobierno no serán suficientes para romper con esta situación”, aseveró la presidenta de Tierra y Vida.

Fotos: Archivo Inforiente

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