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 El Partido Liberal colombiano culpó al ex presidente Álvaro Uribe por el actual fenómeno de las bandas paramilitares emergentes, las cuales elevaron significativamente los índices de inseguridad en centros urbanos y zonas rurales del país.

En opinión del jefe del liberalismo, Rafael Pardo, durante el Gobierno de Uribe (2002-2010) lo único que se logró con la denominada Ley de Justicia y Paz fue un reciclaje del paramilitarismo.
 
Dicha normativa fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31 mil miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo ultraderechista que se disolvió a mediados de 2006 en un proceso calificado por analistas de parcial e incompleto.
 
A su vez, Pardo pidió al actual Gobierno del presidente Juan Manuel Santos no abrir la puerta para la negociación con estos grupos criminales emergentes, al advertir que podría ser la consolidación de un nuevo Santa Fe de Ralito.
 
Con ello el jefe del liberalismo se refirió a la localidad que sirvió de sede para la negociación entre el gobierno de Uribe y las AUC, tema muy cuestionado aquí pues muchos consideran que se desconoce lo realmente acordado en ese entonces.
 
"Se han oído voces que dicen que hay que buscar mecanismos de sometimiento y que quieren entregarse y ese cuento ya lo hemos escuchado varias veces", advirtió.
 
En el gobierno anterior se llamaban paramilitares y ahora se llaman Bacrim (Bandas Criminales), por eso lo que queda claro es que se ocultó la dimensión del problema y las cifras y los hechos de violencia lo demuestran, agregó.
 
En similares términos se pronunció recientemente el ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002), para quien Uribe le dejó a su país la herencia de las bandas paramilitares emergentes.
 
Señaló que la "zona de distensión" de Santa Fe de Ralito le dejó a Colombia unos "grupos paramilitares que están actuando hoy como nunca".
 
 
 
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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