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Lunes, 24 de Enero de 2011 10:37
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El argumento, que las Fuerzas Militares son sufridas, abnegadas, que por ellas las y los colombianos pueden transitar por las carreteras y disfrutar de las fiestas es mera retórica publicista. Si de ello se tratara, los profesores, los educadores, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, ellos sí que sacrifican sus vidas por el bienestar de los demás, en lugares apartados con sueldos miserables, sin clubes, sin Cajas de sueldos de retiro, sin casas fiscales. Ellos son los verdaderos héroes.
En días pasados la opinión pública conoció que “Zeus”, haciendo honor a su alias de poderoso y mitológico dios de los cielos, ingresaba prostitutas y licor para amenizar sus parrandas en la cabaña veraniega en la que se hallaba “privado de la libertad” en la inexpugnable base militar de Tolemaida.
El episodio no es nuevo. Apenas cambia el protagonista, el licor, las prostitutas y el lugar. En esta ocasión se trata del mayor en retiro Juan Carlos Rodríguez Agudelo, quien fuera jefe de seguridad del extraditado narcotraficante Diego León Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, actualmente detenido en los Estados Unidos. El mayor en retiro Rodríguez Agudelo fue capturado en 2005 en posesión de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, armas de largo alcance y 200 kilos de cocaína.
El suceso tampoco es aislado. En el Club de Tolemaida devenido en “cárcel spa” también se hallaban “detenidos” el mayor retirado Cesar Alonso Maldonado Vidales, sentenciado a 27 años de prisión por el homicidio de María del Pilar Bolaños, la vendedora de tintos, ocurrido en el fallido atentado (diciembre de 2000) contra Wilson Borja Díaz, entonces líder sindical y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, crimen ordenado por Carlos Castaño Gil, el número uno de las AUC.
En Tolemaida, también se encontraban los soldados Francisco Luis Escobar Calderón, condenado a 704 meses de prisión por los delitos de homicidio y secuestro simple agravado; Giovanni Antonio González, Johnny Carvajal Cuellar y Luis Alberto Velandia, cada uno de ellos condenado a 540 meses también por los delitos de homicidio y secuestro simple agravado.
Si bien es cierto que en principio puede discutirse y hasta aceptarse que los militares incursos en delitos cometidos en actos propios del servicio purguen sus condenas en cárceles militares, en manera alguna puede permitirse que los militares que han cometido delitos ajenos a la actividad propia de la función encomendada paguen sus crímenes en clubes militares, spas y similares. Mucho menos aquellos que aliados con los paramilitares cometieron delitos de lesa humanidad.
Se estima que el número de militares detenidos en guarniciones militares es cercano a mil.
La novela del Tolemaida Spa nos invita a reflexionar sobre la sociedad colombiana como una sociedad de privilegiados. Y dentro de ese exclusivo club de privilegiados ocupa lugar relevante la casta militar.
Sus privilegios van más allá de las circunstancias conocidas alrededor de la base militar de Tolemaida. No es simplemente que los militares, indistintamente, paguen sus condenas en verdaderos clubes, centros de relax o en prisiones, como en cumplimiento del principio de igualdad deben hacerlo todos aquellos que son condenados por la justicia.
Las prebendas a favor de los militares son de vieja data. Basta recordar que para efectos de obtener la pensión, a ellos la ley les otorgaba la prerrogativa de contabilizar el tiempo de servicio prestado como doble durante la vigencia del “estado de sitio” consagrado por el artículo 121 de la Constitución de 1886, vigente como sabemos hasta el año 1991. Así por ejemplo, entre el 7 de agosto de 1958 y el 7 de agosto de 1978, el país permaneció bajo “estado de sitio” durante catorce años y once meses(1), lo cual significa que se pensionaban con apenas diez años de servicio, sin tener en cuenta la edad.
Si las Fuerzas Militares en Colombia se jactan de respetar el asomo de democracia existente, no es justamente por su compromiso con la misma, sino precisamente por las prerrogativas con las que los ha colmado otra de las castas privilegiadas, la casta política.
La lectura del Decreto 4803 del 29 de diciembre de 2010, “por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” nos permite apreciar, a manera de muestra, que tales ventajas también allí se reflejan: El presupuesto de inversión del Ministerio de Defensa será de $1.186.399.510.800 en tanto que el del Ministerio de Educación apenas será de $933.995.283.073 y el de la Rama Judicial de $230.441.737.145.
A la casta política le interesa más invertir en guerra que en educación y justicia para el pueblo.
Encontramos también, que mientras la casta militar tiene sus propios hospitales, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá fue cerrado hacia 1999. El presupuesto de funcionamiento para el Hospital Militar Central será de $192.267.793.000 y el de inversión, de $8.130.000.000.
Los privilegiados militares, además de sus exclusivos clubes, tienen sus propios hospitales, sus fondos rotatorios y sus casas fiscales. Y entre tanto la mayor parte del pueblo colombiano carece de salud y vivienda dignas.
El presupuesto para el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en materia de funcionamiento será de $19.450.126.180 y en inversión de $14.131.000.000.
Para el Club Militar de Oficiales, la asignación es de $30.329.450.000 para funcionamiento y $5.680.000.000 para inversión.
La Caja de sueldos de retiro de las Fuerzas Militares tiene $1.594.546.865.017 para funcionamiento y $5. 758.758.382 para inversión. La Caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional tiene $1.924.873.276.569 para funcionamiento y $1.785.700.000 para inversión.
El argumento, que las Fuerzas Militares son sufridas, abnegadas, que por ellas las y los colombianos pueden transitar por las carreteras y disfrutar de las fiestas es mera retórica publicista. Si de ello se tratara, los profesores, los educadores, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, ellos sí que sacrifican sus vidas por el bienestar de los demás, en lugares apartados con sueldos miserables, sin clubes, sin Cajas de sueldos de retiro, sin casas fiscales. Ellos son los verdaderos héroes.
Finalmente, no se trata de la conducta “de tres o cuatro sinvergüenzas” como lo afirma el Ministro de la guerra de turno. La misma excusa dio el Ministro de la época y hoy campante presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, cuando el país y la comunidad internacional conocieron la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales de más de dos mil jóvenes indefensos, asesinados a sangre fría por miembros privilegiados del Ejército de Colombia.
1 Gallón Giraldo, Gustavo. Quince años de Estado de Sitio en Colombia: 1958-1978. Editorial América Latina, Bogotá, 1979, página 23.
José Hilario López Rincón - Abogado Corporación por la Dignidad Humana
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.
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