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Lo novedoso en Santos es que se ha empeñado, al contrario del discurso polarizante de Uribe, en insistir en una disertación de respeto a la oposición e incluso de diálogo con ella. La reunión con Gustavo Petro es una señal en esa dirección y más aún que se haya comprometido a conversar sobre los tres puntos planteados por Petro y que fueron el centro de su campaña.
Sobre la composición del Gobierno de Santos mucho se ha especulado y mucho más sobre la propuesta de conformar un Gobierno de unidad nacional. Lo que hasta ahora ha mostrado el Presidente electo ha sido consistente con lo que había ofrecido en la campaña electoral. En primer término Santos no será un Gobierno de Uribe en cuerpo ajeno y por ello ha desconcertado a uribistas y polistas radicales. Designado ya la mayor parte del gabinete varias opiniones merece esta composición. En primer lugar no se esperan muchas sorpresas en la orientación económica del país. Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda garantiza la continuidad en la política económica con algunos cambios que no son estructurales sino cambios en los énfasis y quizás modificaciones en el paraíso que significó para los grandes grupos económicos y para las multinacionales el Gobierno de Uribe en materia económica. No habrá más estímulos para las multinacionales mineras ni más contratos de estabilización con estos grandes grupos económicos. Tampoco se venderán activos productivos altamente rentables para el Estado como ISAGEN o ECOPETROL.
Continuismo en la recentralización del país que tuvo en Santos uno de sus principales impulsores desde su paso por el Ministerio de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana y en el Gobierno de Uribe. Ahora la recentralización se dirige a las regalías que significan un suculento plato de varios billones de pesos. El Gobierno saliente y el entrante anuncian la presentación de un proyecto de ley que busca que parte del ponqué de las regalías vaya a cubrir el déficit fiscal del orden nacional a costa de las finanzas de municipios y departamentos beneficiarios de los millonarios recursos que provienen de las regalías mineras. Allí el Gobierno tendrá que librar una verdadera batalla en el Congreso de la República puesto que parte de estos fondos son la savia que alimenta el clientelismo regional. Los argumentos saltan a la vista. Una buena parte de estos recursos se van por la vena rota de la corrupción y el clientelismo. Hasta ahora ha sido imposible dotar al país de una legislación que implique necesariamente el gasto de éstas regalías en el desarrollo local y regional. Con excepciones honrosas de gobiernos municipales y departamentales, la mayor parte de estos recursos carecen de una orientación estratégica para que realmente beneficien a los pobres de éstas regiones. El problema que encontrará Santos es que su base política precisamente está constituida mayoritariamente por estos sectores tradicionalistas y clientelistas que son quienes manejan la mayor parte de las regalías en el país. Es por ello que en el Congreso tendrá que emplearse a fondo para lograr este recorte y en el camino tendrá que hacer no pocas concesiones.
El país seguirá en la profundización del modelo de internacionalización de la economía donde el motor del crecimiento no será por supuesto el mercado interno para la producción de bienes y servicios que requiere la sociedad colombiana sino la satisfacción del mercado externo en donde los Tratados de Libre Comercio serán parte del recetario y del empeño de la política internacional del Gobierno. Habrá eso si una variación importante con relación al comercio sub regional y en particular con los vecinos andinos. La política económica no se subordinará a la lucha contra el terrorismo y la subversión armada que fue lo que ocurrió durante buena parte de los ocho años de Uribe. La presión de empresarios y trabajadores será escuchada o ya lo fue por Santos y un signo evidente fue el nombramiento de María Ángela Holguín como Ministra de Relaciones Exteriores. Esto será positivo para la generación de empleo puesto que como se sabe las exportaciones a Venezuela y Ecuador son principalmente productos manufacturados intensivos en mano de obra.
Tampoco habrá continuismo en la defensa de funcionarios públicos comprometidos en delitos contra magistrados de las Cortes de Justicia y defensores de derechos humanos y sobre todo si ellos no son parte del equipo de Santos. Quizás como lo hemos señalado uno de los primeros puntos de desencuentro entre Santos y Uribe será la posición del nuevo gobierno frente a las investigaciones sobre las infiltraciones al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, las interceptaciones ilegales de defensores de derechos humanos, magistrados de las cortes de justicia, líderes sociales y de la oposición. Nos aventuramos a señalar que Santos y su Gobierno tampoco serán defensores de primera línea a los investigados por cohecho en el trámite de la reelección de Uribe y al fallido referendo como tampoco a los investigados por los montajes que se pretendieron hacer en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, pensamos que no es del interés de Santos promover la defensa de la corrupción auspiciada desde el Ministerio de Agricultura por Andrés Felipe Arias. El nombramiento de Juan Camilo Restrepo al frente del Ministerio de Agricultura es una señal en esa dirección. Restrepo entiende los problemas complejos del agro colombiano y no lo vemos entregando crédito a los paramilitares y sus testaferros para apropiarse de la tierra de las comunidades afrocolombianas como se practicó desde el Incoder y desde el Ministerio de Agricultura.
Santos ha ofrecido restituir el Ministerio de Justicia y normalizar las relaciones con las Cortes de Justicia sobre la base del respeto a la autonomía de la Rama Judicial. En este terreno no obstante las buenas maneras que restablecerá Santos no son suficientes. Si Santos se empeña en poner bajo la dirección del Ejecutivo a la Fiscalía General de la Nación sobrevendrá un choque de fondo con la rama judicial del poder y con las altas Cortes. Lo propio si apoya la propuesta de llevar a la Constitución la estabilidad del gasto público una de cuyas premisas es limitar el poder de los jueces en materia de gasto social. Recordemos que las cláusulas del Estado Social de Derecho han sido reconocidas no por leyes de la República sino por fallos de la Corte Constitucional tales como la sentencia que reconoce los derechos de los 4.5 millones de desplazados, la sentencia de la salud y la más reciente de la gratuidad y universalidad de la educación básica. Si Santos intenta limitar el poder de los jueces y limitar el alcance de la Tutela sobrevendrá otro enfrentamiento con las altas Cortes.
Quizás lo novedoso es que Santos se ha empeñado al contrario del discurso polarizante de Uribe en insistir en un discurso de respeto a la oposición e incluso de diálogo con ella. La reunión con Gustavo Petro es una señal en esa dirección y más aún que se haya comprometido a conversar sobre los tres puntos planteados por Petro y que fueron el centro de su campaña cuales fueron: una verdadera política de reparación a las víctimas, tierras para los desplazados y para la producción de alimentos y el agua como patrimonio, derecho y soberanía. La gran equivocación de la izquierda tradicional del Polo que criticó la carta de Petro consiste en creer que el hecho de pertenecer a la oposición significa no establecer diálogo y puentes de negociación con el gobierno. Si se reclama una negociación política con la subversión armada porque no puede haber una negociación política con la oposición, esta es la pregunta elemental a los sectores más retardatarios del Polo. Es posible criticar a Petro por no haber planteado el debate dentro del Polo pero no por haber llevado a la mesa de diálogo con Santos las propuestas que fueron los puntos más fuertes de su campaña electoral. Petro trata de mover al Polo a la política pública, al debate nacional, a la cohesión programática mientras que los sectores más tradicionalistas del Polo quieren seguir viviendo de la antropofagia interna, precisamente, no se dan cuenta que lo que llevó a los resultados mediocres en el Congreso y en la campaña están relacionados con esos viejos lastres de una izquierda tradicional que se niega a cambiar. El Polo debería insistir en la necesidad de abrir un amplio diálogo sobre estos puntos para que se avance en su consideración y en la formulación de políticas públicas para resolverlos.
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.