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Con el objetivo de adelantar actividad institucional de carácter preventivo y trazar los lineamientos de la gestión pública para nuevos mandatarios, el Procurador General de la Nación,  Alejandro Ordóñez Maldonado, se reunió este lunes en el Recinto Quirama, en el Carmen de Viboral, Oriente Antioqueño, con alcaldes, personeros y medios de comunicación del Oriente Antioqueño, donde habló sobre ética pública.
 
En desarrollo de la actividad de carácter preventivo, organizada por la Procuraduría Provincial de Rionegro Oriente Antioqueño, el Procurador General de la Nación, dictó una conferencia sobre ética pública, en un evento que contó con la asistencia de más de 250 personas. 
 
En su exposición, el jefe del Ministerio Público destacó los valores y el respeto a la familia como un acto concreto para combatir la corrupción en Colombia.
 
“Este fenómeno puede combatirse desde dos escenarios: uno institucional, que se desarrolla desde el ejercicio de las funciones sancionatorias ya sea en el marco fiscal, penal o disciplinario, que en la actualidad trabajan articuladamente y han producido importantes resultados; y, desde el ámbito cultural, en el cual resulta indispensable fortalecer la familia, como el  escenario propicio para difundir los principios y valores”.
 
En ese sentido, señala el procurador general que las políticas públicas no pueden desconocer las realidades sociales, de lo contrario se estarían agudizando las prácticas que promueven la corrupción.
 
Túnel de Oriente
 
El Procurador General de la Nación en dialogo con los medios de comunicación, con respecto al Túnel de informó que el Ministerio Público, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en el marco de sus competencias ha adelantado acciones ante el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible  en aras de garantizar que la construcción del túnel de Oriente en Antioquia, la cual se encuentra suspendida, se desarrolle dentro del marco legal.
 
Recomendaciones frente a elección de personeros
 
El procurador general se pronunció frente a la elección de los personeros, ante lo cual recordó que el marco legal de elecciones de estos funcionarios está claramente establecido y en ese sentido, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe respetarse.
 
Los personeros cumplen con funciones similares a las del procurador general. Sus  competencias guardan estrecha relación la defensa de los intereses de la sociedad y las garantías de los ciudadanos.
 
Agregó el jefe del Ministerio Público que estos servidores tienen una doble condición ya que son sociedad y Estado. Sociedad porque representan los intereses de la sociedad, defienden sus derechos, protegen los intereses colectivos y el patrimonio público; e institucionalidad porque tiene funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial. 
 
Así mismo, señaló que el país está en mora de hacer una reingeniería para relegitimar a esta institución en el país y reducir las más de 1.000 funciones que en la actualidad tienen asignadas, de tal forma que puedan cumplirlas eficientemente lo que redundará en beneficio del control y se verá traducido en garantía de fortalecimiento institucional y de los derechos de los ciudadanos.
 
Frente a la elección de los personeros, el jefe del Ministerio Público advirtió enfáticamente que en el país se están advirtiendo casos de corrupción donde los concejales venden el voto para elegir personeros y contralores. Esta situación denunciada ante la Procuraduría General termina “envenenando la elección y al funcionario, haciendo desaparecer o caricaturizar la función y convirtiéndose en instrumentos de las coaliciones que están gobernando”, puntualizó. 
 
Ante el Ministerio Público se han presentado varias denuncias sobre este tipo de hechos  irregulares, las cuales son materia de investigación.
 
 
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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