La Universidad Pública y el desarrollo sustentable

Los estudiantes de las familias más pobres de Antioquia deben contar con el apoyo de las Universidades desde los municipios, corregimientos, barrios y comunas donde estudian para tener una formación pertinente y adecuada al medio donde habitan, para tener la solvencia y capacidad cognoscitiva para ingresar a ellas, para formarse en las áreas del conocimiento relacionadas con el desarrollo y el bienestar a partir de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que soñamos quienes habitamos y aspiramos a permanecer en estas tierras. 

 

Hemos recibido con agrado y muchas expectativas, las noticias de la participación de las universidades, con sus grupos de investigación y como parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la iniciativa del Plan Nacional de Desarrollo, con la locomotora de la Innovación, por transformar y aportar en el desarrollo económico del país y en particular para apoyar en el Plan Nacional de Competitividad.

 

Entendemos el entusiasmo que se ha generado en el sector universitario del país, por la asignación del 10% de los recursos del Sistema General de Regalías para la investigación y la innovación, establecido en la nueva ley de regalías. Creemos que estamos en realidad, en un momento excepcional, en un punto de quiebre en el sector investigativo del país, tan huérfano de recursos, ya que ese monto previsto de 1 billón de pesos, disponibles anualmente para ciencia y tecnología en buena parte mitigan ese abandono a que las tenían sometida. Lucharán por ellos tanto las universidades públicas como las privadas. Lo interesante es con qué propuestas, con quiénes y en beneficio de quiénes se harán estas propuestas.

 

También creemos que las universidades públicas, no sólo deben asumir el reto de disponer sus mejores grupos de investigación para ello, sino que tienen la imperante necesidad de definir conceptual, ética, moral y políticamente a su interior, de forma participativa y democráticamente, a quiénes y cómo deben servir sus esfuerzos investigativos. Porque recordamos que el precepto constitucional que nos orienta a todos, es que debemos trabajar en el interés general, por encima del particular, y que se está comprometido con el desarrollo sostenible. (Artículos 1 y 80 de la Constitución Política de Colombia).

 

Las universidades públicas antioqueñas, pensando principalmente en la Universidad Nacional (UN), la Universidad de Antioquia (UDEA), Politécnico JIC e Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), debieran pensar en el tipo de alianzas que se debe establecer para desatar toda la capacidad investigativa en sus claustros. Hasta ahora nos hablan de la alianza pública privada y academia, en general, pero creemos que debe especificarse y denotarse las diferencias. Y nos ocupa porque hasta ahora, se ha estado diciendo son las agendas o planes regionales de competitividad, coordinado por las cámaras de comercio y los gremios del país y de Antioquia, en las denominadas comisiones regionales de competitividad, las que definen en buena medida dónde, cómo y con quienes se comprometen esos recursos. Esto con el visto bueno de las entidades territoriales, léase departamentos y municipios.

 

Sabemos de la existencia de varias agendas para el desarrollo del país, de los territorios antioqueños y de la necesidad de hacerlas confluir, siendo la agenda del sector educativo público, vital para los tiempos que se nos avecinan. Su definición con relación a las apuestas y sectores priorizados y a los que beneficiará su actuar formativo e investigativo, para la innovación, el emprendimiento y la optimización del sector productivo, será otro factor clave para contribuir a superar nuestras inequidades y pobrezas o para mantenerlas, y en su peor caso, para profundizarlas.

 

Llamamos la atención que se debe propugnar por la concertación público-privado y SOCIAL del desarrollo económico, orientado hacia la sustentabilidad y esto se debe reflejar nítidamente en todas las agendas regionales, en todos los planes que se están formulando, específicamente el Plan Regional de Competitividad, buscando que sean incluyentes de las comunidades organizadas que producen y que tengan en cuenta las comunidades subregionales urbanas y rurales del departamento y sus necesidades de apoyo investigativo y de innovación (incluyendo a indígenas, afrodescendientes y campesinos).

 

El sector académico-institucional público, debe tenerlo también muy bien definido. Esta agenda de competitividad, como va, pretende tragarse todos los recursos para la innovación (o la mayor parte de ellos) de la nueva ley de transferencias, orientando las inversiones de ese billón de pesos, hacia las prioridades del sector privado, (posiblemente con las universidades privadas), volviéndose netamente empresarial, en beneficio de grupos élite, con la anuencia de muchos de nuestros decisores nacionales y regionales; de directivos de las universidades públicas, de los coordinadores e integrantes de los grupos de Investigación, de los decanos y vicerrectorías de extensión, de los gobernadores y de los alcaldes, amén de otros altos ejecutivos del Estado. No se oye el debate e interpelaciones claras y críticas frente a lo social, por parte de otros sectores como la clase política, las Iglesias, corporaciones autónomas, grandes y tradicionales instituciones de las regiones, de organizaciones ambientales y ONGs, todos ellos con alta responsabilidad por el futuro socio ambiental de los territorios antioqueños y de la economía social.

 

Ni se diga de la propuesta de CORPOICA, responsable de la agenda rural de competitividad en el marco de ciencia y tecnología: sus proyectos van enmarcados en las cadenas productivas y cluster, con bajísimas participaciones de las organizaciones sociales productivas de la ruralidad, en ellas. Lo que se defina frente a silvicultura de plantaciones, por ejemplo, estamos seguros, no implicará para nada a las comunidades rurales tradicionales. Lo que se defina en cadenas productivas, siempre tendrá a las organizaciones sociales y en especial a las de los productores, como el eslabón más débil y con la menor disponibilidad de recursos para innovarse, mejorarse, acrecentarse y posicionarse.

 

Es necesario que el Estado además de concertar con el interés privado como siempre lo ha hecho, también incluya y tenga en cuenta el sector social, colectivo, comunitario, para evitar que se siga minimizando, cuando no desconociendo, la existencia y desenvolvimiento desde años atrás, de todas unas economías solidarias, sociales, que hay que fortalecer como lo ordena la Constitución en su artículos 2, 58 y 233.

 

También reclamamos públicamente, la vinculación en este dúo (público-privado) de la alianza Social - Académica, porque vemos con HORROR, como sólo se vincula la investigación, los investigadores, los recursos económicos y las universidades de todo tipo a las investigaciones, desarrollos y aplicaciones tecnológicas, con ánimo de lucro, con patentes, al saber privado, oculto de los inversionistas, con alto beneficio y renta para unos cuantos. Se abandona o ni siquiera se da por enterado, que existen unas necesidades de apoyo, de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológicas y socio culturales, para hacer avanzar y posicionar las producciones, las transformaciones, las comercializaciones, los servicios, del sector social de la economía, y por tanto el capital social, público y la riqueza colectiva de la sociedad.

 

Hemos dicho y así lo seguiremos haciendo, que necesitamos reforzar los vínculos de la academia y de los centros de investigación del ESTADO, con los diferentes sectores sociales que están en la producción y en la ruralidad: campesinos y campesinas, bosquesinos y otros que habitan y aprovechan rudimentariamente las riquezas de su medio, la biodiversidad, las aguas, los bosques, los suelos, los minerales preciosos y que ancestralmente los hemos marginado y sumido en la miseria y pobrezas extremas. Ciencia y tecnología que en vínculo con los pobladores, genere riqueza directa para ellos, sus familias y comunidades que la conforman.

 

Que la Universidad contribuya que a través del conocimiento se irrigue los beneficios de la riqueza y el desarrollo en los pequeños municipios de Antioquia (y del país), y sus ciudadanos, haciendo posible de acuerdo a sus capacidades, ser co-dueños y socios de los proyectos productivos, a nombre de sus organizaciones asociativas, a los inventos, las patentes, las marcas, los certificados. Una buena parte de estas familias campesinas en el departamento, vinculados al sector solidario o economías solidarias, que incluye la mayor parte de las organizaciones asociativas del campo, es parte de la masa de población que más apoyo requiere de las universidades y del conocimiento. Comunidades y culturas campesinas en vías de extinción, que incluye a negros e indígenas en otras regiones de Antioquia y del país, ambos en proceso de campesinización y desaparición.

 

Hablamos entonces que el vínculo de la Universidad con el desarrollo de Antioquia debe ser además de otras, con las organizaciones de familias y productores campesinos, de las microempresas en los pueblos, con sus mini empresas transformadoras y comercializadoras- cuasi familiares-, de las asociaciones de acueductos (y que aspiramos sean de servicios públicos en la ruralidad), de las micro procesadoras y comercializadoras rurales y urbanas, de las producciones tradicionales y su mejoramiento productivo, todas ellas luchando en las condiciones biogeográficas más precarias, de baja a escasísima escolaridad, de insuficientes formaciones administrativas y de desarrollos técnicos, de condiciones de mercado y de comunicación abandonadas, haciendo demostraciones diarias, cotidianas de sostenibilidad económica, social y ambiental (creemos, la mejor aproximación al desarrollo sustentable). Se requiere investigación y desarrollo para producir, transformar, ofrecer productos y servicios en y desde las comunidades locales y pueblerinas, para des-incentivar la migración a las ciudades; al Valle de Aburrá para motivar migraciones de retorno a la vida de pueblos.

 

Igualmente, creemos que este tipo de vinculaciones académico sociales productivas, debemos articularlas a la gran iniciativa de las subregiones de profundizar en autonomías, en descentralización y desconcentración del Estado y del desarrollo, para aproximarlo a lo local, a lo sustentable. De articularse a esfuerzos locales y subregionales por definir sus instituciones de educación superior, sus investigaciones de acuerdo con sus condiciones biofísicas y culturales. De investigar y proponer los instrumentos para las compensaciones y pagos de servicios ambientales desde la ciudad al campo.

 

Debemos ayudar desde las universidades a construir, orientar y definir las inversiones de los fondos de desarrollo regional, a favor de esas economías campesinas, al desarrollo endógeno (aprovechando la nueva ley 1454 o LOOT). Con esto, tendríamos la posibilidad de integrar tanto los recursos de investigación como los de fomento y promoción del desarrollo sustentable, a favor de las más amplias capas o grupos de interés de las subregiones del departamento, incluidos las campesinas, de tal forma que no se les desvíen solamente hacia intereses particulares, sino colectivos.

 

Igualmente hemos propuesto y nos le hemos apuntado con iniciativa de ley, al incremento de los recursos por el sistema de transferencias del sector eléctrico (del 6 al 8%, artículo 45 ley 99 de 1993), para que los campesinos y pobladores organizados y permanentes de la ruralidad de Antioquia donde están, construirán estos proyectos, sean beneficiarios y ojalá copropietarios de los planes hidroeléctricos que se están aprobando, que sean favorecidos directos de este negocio y de la explotación minera, que se aprueben fondos de ambas procedencias para garantizar la cultura agraria, campesina, el estímulo y desarrollo investigativo y productivo de la acuicultura, la agricultura y la silvicultura, altamente participativos, inmensamente democráticos desde su creación y funcionamiento organizacionales.

 

Que los estudiantes de las familias más pobres de Antioquia cuenten con el apoyo de las Universidades desde los municipios, corregimientos, barrios y comunas donde estudian para tener una formación pertinente y adecuada al medio donde habitan, para tener la solvencia y capacidad cognoscitiva para ingresar a ellas, para formarse en las áreas del conocimiento relacionadas con el desarrollo y el bienestar a partir de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que soñamos quienes habitamos y aspiramos a permanecer en estas tierras. Para hacer de las nueve subregiones provincias sustentables y autónomas como lo orienta, ordena y permite la Constitución Política de Colombia.

 

 

 

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