Mafia y política el caso de Alberto Santofimio Botero

En la base de nuestra conflagración armada interna la impunidad es un combustible muy activo para mantener ese choque. Por ello es altamente negativa la propuesta de reforma a la justicia que pretende eliminar la presencia de la Sala Penal de la Corte Suprema en las investigaciones de los congresistas. Esa reforma busca la impunidad y por ello debe ser rechazada y debemos movilizarnos para defender a la Corte Suprema y a sus atribuciones constitucionales actuales. La lucha por un país más democrático pasa por una justicia que opere con diligencia y que vaya hasta el fondo de las relaciones  mafia, poder político y poder empresarial.

 

En los años setenta del siglo XX se incubaron las profundas relaciones entre la mafia y la política en Colombia. La primera fase relacionó políticos de profesión con los señores de la marihuana, que fueron los primeros sectores ligados realmente con poderosos carteles de la mafia a nivel internacional, la principal región afectada fue la Costa Caribe Colombiana y sobre esas relaciones hay numerosos estudios tanto académicos como periodísticos. Los mafiosos de entonces como los de ahora, buscan establecer relaciones con sectores de la clase política para garantizar condiciones de impunidad, leyes blandas, leyes enredadas que hagan difícil sino imposible la extinción de dominio de los bienes obtenidos mediante el narcotráfico. Era vox populi que estos sectores apoyaban al turbayismo en el seno del liberalismo y que aportaron recursos para su elección presidencial en el año de 1978. Quizás desde entonces el Nobél político Alberto Santofimio Botero haya tenido relaciones con estos sectores, pero de lo que si no hay ninguna duda es que las tuvo y bastantes estrechas con el llamado Cartel de Medellín y sus máximos jefes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

 

En sus relaciones con el poder en Colombia la mafia ha privilegiado sus nexos con los partidos políticos y con las Fuerzas Armadas. Con los primeros como ya se dijo para garantizar condiciones de impunidad, leyecillas blandas, en el pasado, negación de la extradición a la que Escobar y Gacha, que son la segunda generación de los narcotraficantes ya éstos sí ligados con los carteles de la cocaína, temían más que el diablo a la cruz. Las relaciones ente Escobar y Rodríguez Gacha con Santofimio era estrecha. Todo el país sabe que Pablo Escobar llegó a la Cámara de Representantes por un  movimiento político afín a Santofimio. Este se erigió como la figura más novedosa del clientelismo tradicional de estirpe liberal, de oratoria fácil, discurso demagógico inclinado al progresismo retórico, se opuso a las verdaderas transformaciones de fondo del régimen político colombiano. Todos los mayores de cuarenta y cinco años recordamos que frente a la revocatoria del mandato del Congreso elegido en el año de 1990, Santofimio propuso encadenarse con otros parlamentarios en el patio de Mosquera del Capitolio Nacional para  impedir que se cumpliera la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Quizás con la excepción de la ponencia favorable que rindió para la aprobación del Acto Legislativo No 1 de 1986 que estableció la elección popular de alcaldes, Santofimio fue un parlamentario típicamente liberal de debates retóricos, intermediación clientelista para obtener recursos del presupuesto para alimentar su base electoral que seguía fuertemente vinculada al departamento del Tolima, pronto escaló posiciones de mando tanto en el liberalismo como en el poder político siendo presidente de la Cámara de Representantes y llegando a ocupar bajo el Gobierno de Alfonso López Michelsen el Ministerio de Justicia.

 

Sus relaciones como hemos dicho con el mundo del narcotráfico fueron muy fluidas y por ello no es descabellada la teoría de la Sala Penal que describe que Santofimio era parte integral del Cartel de Medellín del cual formaba parte en su estructura política. Siempre se escuchó que Santofimio habría instigado a Pablo Escobar para que organizara el asesinato de Luís Carlos Galán.  Es lo que ahora, 22 años y algunos días después ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con los testimonios rendidos durante el proceso por el jefe de los sicarios de Pablo Escobar John Jairo Velásquez “alias Popeye”, y por el ex parlamentario Oviedo Alfaro. A ambos testigos la Sala Penal de la Corte Suprema les da plena credibilidad en la sindicación que hacen de que Alberto Santofimio Botero instigando e incitando la organización del atentado que finalmente ocurrió el 18 de agosto de 1989 y que terminó con la muerte del entonces precandidato liberal.

 

El caso de Santofimio es emblemático de varias circunstancias que se presentan a diario en Colombia y que están en la base de nuestro conflicto y de nuestra violencia. La connivencia, la impunidad, en que se mueve la clase política en relación con factores del crimen organizado y del narcotráfico. Santofimio eludió durante más de dos décadas la acción de la justicia como la ha eludido el general Miguel Maza Márquez también implicado en las investigaciones por el crimen de Luis Carlos Galán.

 

Pero falta la otra parte de la investigación que es la que compromete a las élites militares y de Policía que fueron copartícipes de estos crímenes. Hasta cuándo las investigaciones se detienen en el señalamiento de un político como Santofimio, ya viejo y caído en desgracia, mientras no se indaga por sus nexos con las Fuerzas Armadas y de Policía y con los sectores terratenientes; empresariales que se han beneficiado también del narcotráfico y del conflicto.  Y hasta cuándo tendremos que esperar para develar los autores materiales e intelectuales de los crímenes de Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y de los miles y miles de líderes sociales y políticos democráticos que han sido asesinados o con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas o con su complicidad.

 

En la base de nuestra conflagración armada interna la impunidad es un combustible muy activo para mantener ese choque. Por ello es altamente negativa la propuesta de reforma a la justicia que pretende eliminar la presencia de la Sala Penal de la Corte Suprema en  las investigaciones de los congresistas. Esa reforma busca la impunidad y por ello debe ser rechazada y debemos movilizarnos para defender a la Corte Suprema y a sus atribuciones constitucionales actuales. La lucha por un país más democrático pasa por una justicia que opere con diligencia y que vaya hasta el fondo de las relaciones mafia, poder político y poder empresarial.

 

Por: Pedro Santana Rodríguez

 

De: Caja de Herramientas

 

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