A manera de balance a un año de la administración Santos

Este siete de agosto se cumplió un año de la administración del presidente Juan Manuel Santos. El balance debe situarse en la mitad de los extremos. Para un sector de la izquierda más tradicional que por desgracia se ha ido quedando sola en el Polo Democrático Alternativo, la era de Santos no es más que la continuidad del Gobierno de Uribe mientras que para otro sector de la opinión del cual últimamente ha entrado a formar parte el Partido Verde como antes lo había hecho el Partido Liberal se trata de un proyecto de avanzada y de modernidad democrática. En realidad el balance si se mira objetivamente nos ubicaría entre los dos extremos. Hay aspectos de modernidad democrática en el Gobierno, pero también hay continuismo en materia sobre todo económica en donde se mantiene sin mayores cambios el modelo de desarrollo y las políticas económicas orientadas por criterios neoliberales o neoclásicos.

 

El Gobierno ha dado un viraje en varios aspectos que ha resultado refrescante y democrático liberal en su ejercicio. El aspecto más progresista lo ha significado la aprobación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Es verdad que la ley es incompleta en cuanto no avanza en términos de verdad y justicia para las víctimas, pero si avanza de manera significativa en términos de reparación y de reconocimiento de las víctimas como sujetos ciudadanos a los que hay que reconocer y reparar. Es un gran reto el devolver dos millones de hectáreas de tierras, expropiadas ilegal y violentamente, a cientos de miles de familias campesinas en los tres años que le restan a esta primera administración del presidente Juan Manuel Santos, el reto ahora es pasar de la ley a los hechos, a la práctica. Y en ese reto los más grandes obstáculos tienen que ver con la protección a los líderes de las víctimas que han sido objeto de persecución por las bandas criminales de los paramilitares que siguen contando con la complicidad de amplios sectores de la Fuerza Pública y de funcionarios incrustados en la estructura del Estado. Este es el primer reto. El segundo es hacer que funcione la jurisdicción especial de la Justicia creada para devolver los predios expropiados. Estos dos retos son inmensos y allí el gobierno y la sociedad civil deben actuar mancomunadamente para derrotarlos.

 

Un segundo aspecto ampliamente compartido por la opinión pública, fue el restablecimiento de las relaciones con el vecindario comenzando por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, la mediación en conflictos en Centroamérica, el papel destacado en Naciones Unidas y en Unasur. La mayoría de la opinión pública ve con muy buenos ojos la política internacional de Colombia y hay que reconocerlo como un hecho democrático sin ninguna ambigüedad.

 

Un tercer aspecto es la lucha contra la corrupción, no sólo por la aprobación de una ley que pude ayudar en la lucha contra este flagelo sino por la valentía con que Santos ha enfrentado a su antiguo socio Álvaro Uribe Vélez. Hay que decir que el destape de las ollas podridas en el Ministerio de Agricultura, concretamente en el programa de Agro Ingreso Seguro, AIS, en dónde la Fiscalía ha contado con la colaboración del Ejecutivo así como en el destape de la corrupción en el Sistema de Salud, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la Dirección de Impuestos Nacionales y en algunos de los contratos realizados desde el Instituto Nacional de Concesiones, INCO. Esto ha llevado a una aguda confrontación con el Uribismo que reclama a Santos por su compromiso en la lucha contra la corrupción y que Uribe no duda en calificar como persecución en contra de su Gobierno.

 

Finalmente ha resultado también positivo el respeto por la oposición y por la rama judicial del poder. También aquí se aleja de Uribe. Habría que agregar en el terreno concreto algunas medidas legislativas para proteger al sindicalismo y el desmonte aunque no total de las llamadas cooperativas de trabajo asociado. No importa que se señale por algunos que se hizo por una exigencia de los norteamericanos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. El hecho concreto es que se han aprobado medidas, no todas las necesarias, pero si algunas que marchan a nuestro juicio en la dirección acertada para la protección de la actividad sindical aunque el principal reto sigue siendo la protección de la vida de los sindicalistas para extirpar de raíz la violencia criminal que se ejerce contra ellos.

 

Los aspectos más problemáticos en cambio tienen que ver con el manejo de la política económica. En general se mantiene el modelo agro exportador que recibió como herencia del Gobierno de Uribe. La locomotora de la minería sigue su marcha aunque tendrá que ocuparse en el futuro de su marco normativo ante la caída del llamado  Estatuto Minero, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por no haber surtido el proceso de Consulta Previa con las comunidades indígenas y las comunidades de afrodescendientes. El Gobierno ha señalado reparos a la legislación vigente, pero no ha dado a conocer la profundidad de los cambios que deberían ser múltiples para la protección del ambiente, de las fuentes hídricas y de los ecosistemas que se verán profundamente afectados por la explotación minera a cielo abierto.

 

En el otro terreno donde no se despejan las incógnitas es en el desarrollo rural. Como se sabe Colombia adolece de una política pública de protección y  apoyo a la pequeña y mediana producción agropecuaria. Falta una política de reforma agraria que actúe para una redistribución de la propiedad agropecuaria y que conduzca al país por una política de soberanía alimentaria. Habrá que esperar a la presentación del proyecto de Desarrollo Rural para despejar la incógnita.

 

Las reformas más regresivas de Santos tienen que ver con la pretensión de limitar los poderes de la Corte Constitucional consignado en el Acto Legislativo llamado de la Sostenibilidad Fiscal. Si bien en el Congreso no se aprobó la pretensión del Ejecutivo de consagrar la sostenibilidad como principio o derecho, sino apenas como criterio la intención de todas maneras ha sido la de limitar el papel de la Corte Constitucional como garante de los derechos sociales, económicos y culturales de la población Colombiana. Este proyecto puso como ejemplo, de la irresponsabilidad fiscal las sentencias de la Corte Constitucional que reconocieron los derechos de la población desplazada (Sentencia T025 de 2004), la sentencia que reconoció los derechos a la salud (Sentencia T760 de 2008) y los derechos de la población que se encuentra privada de la libertad en las cárceles oficiales. Este precedente es muy grave toda vez que lo que no dice el Gobierno es que la escasez de los recursos se debe entre otros factores, a la baja participación del Estado en la economía que apenas llega al 14% del PIB mientras que países como Chile o Argentina tienen un promedio superior al 25% del PIB. Así siempre se podrá alegar por el  Gobierno que no hay disposición de recursos para reconocer los derechos fundamentales.

 

El Gobierno desaprovechó la llamada ley de convivencia ciudadana para aprobar un estatuto que realmente permitiera la adopción de una política de seguridad para nuestras ciudades. Se requiere una profunda reforma en las fuerzas de Policía comenzando por su reestructuración y depuración, pero además permitiendo la creación de cuerpos especializados de fuerzas de Policía que permita  enfrentar a la criminalidad organizada que atenta contra la convivencia pacífica en nuestras principales ciudades.

 

El proyecto recentralizador siguió su marcha iniciada desde el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) que recortó los recursos para municipios y departamentos, y que fue continuada y profundizada en los largos ocho años del Gobierno de Uribe. Ha sido aprobado un Acto Legislativo para modificar los criterios de reparto de las regalías. Si bien es acertado que estos recursos se redistribuyan en todo el territorio nacional bajo criterios de lucha contra la pobreza, y la marginalidad de amplias regiones del país no es progresivo que una parte de esos recursos permanezca en el exterior ni que se disminuyan de manera tan abrupta para los territorios  en donde se explotan estos recursos naturales. Faltan así mismo medidas que combatan la corrupción y el mal uso de dichos recursos.

 

Finalmente resulta también muy negativo que el Gobierno haya presentado un proyecto de reforma a la Justicia en la cual están en desacuerdo las altas Cortes de Justicia. No son afortunados algunos de los contenidos de dicho proyecto, pero sobre ellos volveremos en el futuro.

 

Así pues el balance no es ni tan optimista como el que presentan los Verdes de Peñalosa y Garzón, ni tan pesimistas como los balances que presentan los sectores de la izquierda tradicional.

 

 

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