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El presidente Álvaro Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia, impulsó la idea de traer el buque 'ARC Boyacá' para fomentar el turismo, pero el sueño no se realizó.
Cada mañana y como hace 13 años, Diego Sánchez camina entre su sueño más deseado. A lado y lado del camino de pasto y boñiga que transita para llegar a su taller de latonería en un recodo del embalse de Guatapé, en el oriente antioqueño, yace 'encallado' aquel armatoste que compone esa imagen idílica que lo trasnocha.
Está allí, al sol y al agua. Son 7.200 pedazos de hierro y acero, cañones y hasta una sala de mando de unos 20 metros de largo que aparecen oxidados y envueltos entre la maleza del lugar.
"Pero se imagina cómo era completico. Que ganas de que lo armaran", dice Sánchez, un latonero de 25 años que trabaja en un taller a escasos metros de esos pedazos que, aunque no es su responsabilidad, los cuida de vez en cuando.
El sueño que trasnocha a Sánchez estuvo a punto de hacerse realidad en octubre de 1996, con el entonces gobernador Álvaro Uribe a la cabeza y el empuje de varias empresas antioqueñas en asocio con el sector privado: ver puesto en las frías aguas del embalse El Peñol-Guatapé el glorioso ARC Boyacá de la Armada Nacional, convertido en atractivo turístico.
Esta nave, de más de 3 mil toneladas, 102 metros de eslora (largo) y 13 de manga (ancho), sirvió a la Armada Nacional hasta 1992, cuando fue dada de baja.
Fue entonces cuando un grupo de marinos paisas le pidieron a la Armada, por intermedio de la Gobernación de Antioquia, que le donara ese barco al departamento para ubicarlo en la represa y convertirlo en museo y hasta centro comercial.
"Ahora este gigante del mar, que corría el riesgo de ser corroído por el óxido y el olvido, tendrá una tercera oportunidad para seguir navegando en las aguas dulces y tranquilas de la represa", reza un artículo de EL TIEMPO de la época.
¿Qué pasó?
Libardo Giraldo, alcalde de Guatapé entre 1995 y 1997, pasa sus días de retiro en la plaza principal al calor de un buen tinto. Su memoria, intacta, recuerda la fiesta con pólvora, banda marcial y hasta cabalgata que hubo cuando llegaron las primeras piezas.
Todo gracias a la unión del sector público y privado en Inversiones Sueños del Mar, sociedad que obtuvo la concesión del barco a 99 años y logró juntar los casi 2 mil millones de pesos para su traslado.
"Fue hermoso. Todos teníamos la esperanza de ver ese barco como el mayor atractivo turístico de nuestra población", dice Giraldo.
Pero, según el propio ex mandatario, la violencia guerrillera y paramilitar que se tomó toda la región del oriente antioqueño, acabó con el sueño. "Nos quitaron el turismo. La gente no volvió y no hubo recursos", agrega Giraldo, que recuerda que el entonces gobernador Uribe no quiso recibir una gorra emblemática del ARC Boyacá "hasta que no lo viera armado".
Otros, que prefieren no revelar su nombre, dicen que la empresa quijotesca de armar el barco en las aguas del embalse no se puede quedar en el olvido. Por eso piden reactivar el proyecto, o que se realice una investigación por parte de los organismos de control.
Con la llegada de Uribe a la presidencia, hace 7 años, se reactivaron los sueños de Sánchez, Giraldo y muchos habitantes de Guatapé. Sin embargo, en el 2005, ante una consulta de la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Comercio dijo que por falta de recursos era imposible colaborar con el proyecto.
"Y es un tema que lleva varios años sin hablarse. Puede costar unos 22 mil millones de pesos su reactivación", dice Juan Gonzalo Benítez, director de turismo de Guatapé.
Sin embargo, para el latonero Sánchez y hasta para el ex alcalde Giraldo, la esperanza de ver armadas las piezas del ARC Boyacá que se pudren en el olvido, todavía sigue latente. "Por acá voy a seguir pasando porque me toca. Pero ojalá algún día ya no vea esas piezas tiradas, sino armadas en el embalse".

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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.