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El Oriente Antioqueño es una de las Regiones del Departamento con más altos índices de amenazas a periodistas. Según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, durante el periodo 2007-2011, 46 periodistas antioqueños fueron blancos de crímenes y agresiones, principalmente en Urabá y el Oriente Antioqueño, por denunciar grupos al margen de la ley así como entes gubernamentales.

Este dato fue presentado por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Comunicaciones, tras su participación en el Proyecto contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa - SIP con la investigación “¿Los avances legislativos han contribuido a disminuir la impunidad?”. 

En el marco de su Proyecto contra la Impunidad, la SIP, destacó las investigaciones de 22 universidades del continente en torno a la situación de la libertad de prensa al interior de su respectivo país y sus recomendaciones sobre políticas públicas para combatir la impunidad. En Colombia, fueron exhaltadas la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia. 

Un equipo de seis personas integrado por docentes, egresados y estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, trabajaron en seis zonas del país, cuya difícil situación de orden público, convierte en espinosa la labor periodística.

Para empezar, el informe de esta investigación señala que las denuncias de intimidaciones y violaciones contra periodistas, se reduce en general a las que hace la Federación Colombiana de Periodistas o la Fundación para la Libertad de Prensa, la cual identificó que Antioquia, Nariño, Cauca, Córdoba y Santander son los departamentos donde se presentan mayores violaciones contra periodistas en Colombia. Sin embargo, muchos casos quedan silenciados debido al temor de medios y periodistas, así como por la indiferencia de la sociedad frente al gremio.

Según Eduardo Márquez, presidente de Fecolper y fuente del estudio, en 2010 se registraron 189 ataques contra periodistas, mientras que en la primera mitad de 2011, ya se contabilizaban 104. En este último periodo se presentaron, de acuerdo a esta organización, 4 tentativas de homicidios, 1 acoso judicial, 15 casos de obstaculización al trabajo periodístico, 12 agresiones físicas, 1 desplazamiento forzado, 49 amenazas contra periodistas, entre otros ataques.

Márquez afirma que en Colombia la impunidad es casi total, “estamos hablando que desde 1989 hasta la fecha han sido asesinados más o menos 200 periodistas, y creo que ni son 20, los que ha resuelto la justicia”, cita el informe de la Facultad de Comunicaciones.

Ante el panorama nacional de amenaza contra una labor periodística idónea y libre, esta investigación se propuso, más allá de presentar una radiografía del periodismo en Colombia, sugerir qué iniciativas pueden adelantarse desde el gobierno para defender el respeto que por mandato constitucional debe darse a este oficio. En este sentido, se propone desde la Facultad de Comunicaciones y la Asociación de Egresados de Periodismo, la creación de una Red de Organizaciones de Defensa de la Libertad de Prensa y un Observatorio donde se investigue académica e interdisciplinariamente la problemática de la impunidad para contribuir a que este tema entre a formar parte de la Agenda Pública. 

Asimismo, como propuesta ante el gobierno nacional se expresa que “además de la implementación de políticas públicas a corto plazo que sustentadas en la ley garanticen de manera eficaz la seguridad de los periodistas en riesgo como consecuencia de su ejercicio profesional, es necesario el reconocimiento y el registro eficiente de la problemática por parte de los gobiernos locales y seccionales como recurso indispensable para combatir la impunidad”.

 

Foto: U de A Noticias

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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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