Mafia, parapolítica e investigaciones judiciales en Antioquia

Una de las preguntas que durante los últimos cuatro años nos formulamos alrededor del avance de las investigaciones sobre la parapolítica y sus relaciones con la mafia y los grupos paramilitares era ¿por qué las investigaciones que avanzaron aceleradamente en otras regiones no avanzan con la misma rapidez en Antioquia? La pregunta nace de la seguridad que siempre nos dieron las investigaciones que muestran cuestiones inequívocas, algunas de las cuales son corroboradas a diario por los investigadores sociales y aún por los investigadores en la ciencia política y en la ciencia económica. Varias de ellas son realidades que los paisas no quieren debatir a fondo, algunas de ellas son: Antioquia fue la cuna de las mafias ligadas al narcotráfico del clorhidrato de cocaína desde finales de los años setenta y se han mantenido hasta el presente. Su figura más emblemática fue indudablemente Pablo Escobar Gaviria, jefe del llamado cartel de Medellín abatido en el año 1993 en el municipio de Envigado. Se sabe que Escobar ejerció un férreo control y una gran capacidad de infiltración e intimidación a los funcionarios públicos y en especial a la rama judicial del poder. Esta infiltración mafiosa se ha mantenido por décadas. Actualmente la Corte Suprema de Justicia juzga a Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ex ministro del interior y jefe histórico del Partido Conservador Fabio Valencia Cossio, quien era el jefe de la Fiscalía en Medellín. Antioquia es el departamento en que se presenta el mayor número de desplazados y sigue siéndolo aún hoy día. Este departamento fue la cuna de los modernos grupos paramilitares y estos grupos han ejercido un fuerte control territorial para proteger las rutas del narcotráfico. Según investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris la mayor parte de los miembros de los grupos paramilitares tuvieron origen en este departamento. De contera extendieron su dominio al vecino departamento de Córdoba. Hay que recordar el clan de la familia Castaño, tres de cuyos integrantes han sido asesinados.

 

Una investigación realizada en al año 2007 mostraba que existían fuertes indicios sobre el  nivel de penetración de estos grupos tanto en la clase política como en los cuerpos de seguridad del Estado, en sus órganos judiciales y en la economía regional. La investigación fue publicada en el mes de septiembre de 2007 cuando ya las investigaciones de la parapolítica habían vinculado a varios senadores y representantes a la Cámara. También hay que mencionar que fue el centro de operaciones de Diego Fernando Murillo alias “Don 

 

Berna”. Varios de los libros publicados sobre el poder mafioso en esta región del país muestran que el dominio territorial se ha extendido también a sectores económicos como los llamados Sanandresitos, los negocios de chance, las plazas de mercado, las empresas prestadoras de servicios de salud, la industria de la construcción.

 

Lo paradójico del asunto es que las investigaciones judiciales no avanzaban a pesar que una parte de la clase política fue vinculada en la primera fase de la investigación, y comprometió a políticos muy próximos al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Estos parlamentarios siguen detenidos y unos pocos condenados. Dentro de los detenidos se encuentran: Mario Uribe Escobar, primo del ex presidente Uribe, Rubén Darío Quintero y otros.  Varios generales han sido mencionados en las versiones libres de los jefes paramilitares. Sólo el general Rito Alejo del Río comandante de la Brigada XVII, está siendo juzgado por sus nexos con los grupos paramilitares que operaban en la región de Urabá sede de dicha brigada militar. En las versiones se ha mencionado reiteradamente al general Mario Montoya quien es actualmente embajador de Colombia en la República Dominicana.

 

En una reciente versión Diego Fernando Murillo, menciona que Pedro Juan Moreno formaba parte del grupo de los 12 a quienes también mencionó Carlos Castaño sin que éste último hubiese señalado nombres. Don Berna agrega además Joaquín García de Sucre y Miguel Narváez. Dice que no menciona a ninguno de los otros porque teme represalias en contra de sus familiares que siguen viviendo en Colombia. Bien harían los norteamericanos en conceder residencia a estos familiares a cambio de una colaboración eficaz de alias Don Berna para develar la famosa Junta Directiva que actuaba en la sombra y a la que pertenecían según dice personas muy influyentes de dicho departamento y del país.

 

Esta semana vino con dos acontecimientos muy significativos sobre el avance de las investigaciones que comprometerían a una buena parte de la dirigencia política de dicho departamento. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria y posteriormente dictó medida de aseguramiento contra el ex representante y ex senador Óscar de Jesús Suárez Mira, quien era uno de los más opcionados candidatos a la Gobernación de Antioquia. Según informaciones de Caracol Radio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia envió oficios al Congreso de la República pidiendo información sobre dirigentes que han sido miembros del legislativo,  actuaron como tales o si son congresistas en la actualidad.

 

En el listado figuran el actual gobernador del departamento Luís Alfredo Ramos, a quien ya se le abrió investigación formal y quien se desempeñó como representante a la Cámara (1998-2002) y como senador (2002-2006), Ramos fue presidente del Senado durante los años 2002-2003. La Corte indaga también sobre Guillermo Gaviria Zapata, aliado político de  César Pérez García actualmente detenido e investigado por la masacre de Remedios en ese mismo departamento. Gaviria Zapata había renunciado a su curul en el Congreso para que la Corte no lo investigara y en la Fiscalía su caso había precluido.

 

También indaga la Corte Suprema a Mauricio Parodi, representante a la Cámara por Antioquia en el período 2006-2010 y quien se quemó en sus aspiraciones en las pasadas elecciones. Otro de los políticos investigados es Jorge Morales, representante a la Cámara en el pasado período y que no salió elegido al Senado de la República cargo al que aspiró en las elecciones de 2010. Finalmente la Corte pregunta por Óscar Arboleda, quien fue representante y presidente de la Cámara de Representantes y que hoy se desempeña como parlamentario andino.

 

Con estas averiguaciones la Sala Penal de la Corte muestra que prosigue en el proceso de investigación de las relaciones entre la mafia y la política en este departamento del país. El reto que tiene la justicia es avanzar más allá de la clase política y sobre todo en la infiltración en los cuerpos de seguridad del Estado, en la rama judicial del poder y en los sectores económicos que son el sustento de la mafia que tanto daño ha hecho a una sociedad querida y estimada por todos los colombianos. Éste es el reto.

 

 

Fuente Caja de herramientas 

 

 

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