La Veeduría Túnel de Oriente pide intervención de organismos internacionales

Lunes, 05 de Diciembre de 2011 07:19

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Las obras del proyecto Conexión vial Aburrá – Oriente avanzan a pesar de la movilización social y las peticiones de diferentes entes de esperar un poco y revisar la obra, y aunque muchos dicen que ya no se puede hacer nada para detener el Túnel, la veeduría ciudadana continua con su vigilancia y está convencida de que aún hay mecanismos por agotar.

El pasado 30 de noviembre de 2011 la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, tuvo sesión descentralizada en el corregimiento de Santa Elena para escuchar de primera mano cómo estaba la situación. Los derechos fundamentales, por los que tienen que velar, incluyen los sociales, económicos, culturales y ambientales.

La Veeduría Túnel de Oriente, número 280 registrada ante la personería de Medellín, y presente en la reunión de la Mesa, expresó que hasta el momento el proyecto tiene unas 20 demandas, sin incluir las que ellos han interpuesto, “el proyecto está viciado de ilegalidad (…) lo único que estamos buscando es que se cumpla la ley”.

Al avanzar con la obra, ellos declaran que se ha legitimado esa ilegalidad, “a la comunidad la han engañado y desinformado, por lo tanto es vulnerable”, los habitantes de Santa Elena creen que todo está bien y tildan de exagerados a los miembros de la Veeduría, además, como muchos han obtenido empleos esporádicos en la obra, “son cooptados y se fragmenta la voluntad del Corregimiento”.

Entre las acciones legales a las que debe responder el Túnel de Oriente están:

1. Denuncia Penal por Fraude Procesal presentada por organizaciones ambientalistas ante la Fiscalía General de la Nación.

2. Acción Pública de Nulidad por la ilegalidad en los compromisos financieros de las vigencias futuras aprobados el 27 de diciembre del 2010 mediante Ordenanza 30 de la Asamblea Departamental de Antioquia, violando leyes y disposiciones fundamentales establecidas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el mismo Consejo de Estado, entre otros organismos estatales. También Acción de nulidad contra la Licencia Ambiental.

3. Acción de Tutela con su debida apelación contra el Consejo de Estado por violación al debido proceso, también presentada por organizaciones ambientalistas.

4. Diversas solicitudes ante la Gobernación de Antioquia por parte de entidades como la Alcaldía de Medellín, el Consejo Territorial de Planeación y la misma Procuraduría Ambiental y Agraria para que dicha Gobernación se acoja a la Constitución, las leyes y las normas suspendiendo la obra, dado el vicio de ilegalidad que desde hace varios años ha constituido y sigue constituyendo el proyecto.

5. Acción Popular presentada por organizaciones ambientalistas y ciudadanos integrantes de la Veeduría por la amenaza y violación de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la moralidad administrativa.

6. Solicitud ante la Alcaldía de Medellín para la suspensión inmediata de la obra del proyecto por infracción ambiental y en virtud de la Ley 1333 de 2009.

Ante estas acciones, el hecho de que no se ha dado una solución efectiva, y los análisis de relaciones entre los involucrados, la Veeduría dice “estamos ante una red clientelar que ha captado los organismos del Estado que debían hacer control, y todos han actuado a favor de los beneficiados del proyecto”.

En cuanto a lo ambiental, se mantienen las quejas expuestas desde antes del inicio de la obra: el proyecto fracciona la reserva del Rio Nare, y aunque la respuesta es que el Túnel pasa por un espacio pequeño de la Reserva, los ambientalistas exponen que hay un impacto sistémico que terminará afectándola toda; la pérdida de 180 litros de agua por segundo; abatimiento del nivel freático de 60 metros; reducción del caudal de las quebradas; afectación de cinco acuíferos que están en la parte de la montaña que será perforada por el Túnel y los múltiples problemas de la Licencia Ambiental.

Frente a la Licencia Ambiental, se expone que no debió ser otorgada por Cornare, porque el 66% del proyecto está en jurisdicción de Medellín, por lo tanto la competencia debía ser de Corantioquia, además la Licencia fue expedida en el 2002 y correspondía a un trazado diferente. Tampoco se incluye en el documento el Diagnóstico ambiental de alternativas, por lo tanto, no contiene acciones de control, reducción, mitigación y compensación. Los ejecutores de la obra hablan de este tipo de acciones, pero ninguna está por escrito, es decir que no hay un compromiso, por eso el Tribunal Administrativo de Antioquia había declarado nula la Licencia, pero otros organismos la validaron. “si la licencia ambiental pone restricciones o condiciones suben los costos del proyecto”, dice la Veeduría. 

En la reunión también estuvo José Luis Jaramillo, un geólogo que sigue el tema del Túnel desde sus inicios en la década de los 80, él asegura que en la mayoría de las ocasiones, los túneles son menos nocivos que las carreteras, pero “para el Túnel de Oriente escogieron el peor trazado de los cinco que había”. Él declara tener otro trazado, con un poco más de siete kilómetros, un solo túnel y sin necesidad de viaducto, lo que reduce los costos en hasta 200 mil millones de pesos.

Vale la pena recordar que el trazado actual incluye un Túnel de 786 metros que pasa por debajo del seminario, un viaducto de cerca de cuatro kilómetros para llagar a la gran excavación, otro Túnel de 8.2 kilómetros. El geólogo Jaramillo dice que el viaducto atraviesa 11 quebradas y el gran Túnel sale en un falla geológica conocida como San Rafael.

En el corregimiento hablar de tema es cada vez más complicado, para hacer la reunión con la Mesa de Derechos Humanos, a los miembros de la Veeduría ni el director del colegio les prestó un salón, ni la corregidora un espacio de la Casa de Gobierno, pero lo inquietante es que el viernes dos de diciembre estaba citada la segunda reunión informativa sobre el Túnel por parte de la Concesión y la Gobernación, precisamente en la Casa de Gobierno de Santa Elena.

“Sin presión internacional esto no va para ningún lado”, fue la conclusión de la Veeduría tras la reunión, así que ellos elaborarán una descripción del problema y las acciones infructuosas emprendidas hasta ahora, narrando además el conflicto político que enmarca el tema. Este documento será enviado, a través de las instituciones que componen la Mesa, a los organismos internacionales competentes para que intervengan y a través de ellos se haga un control efectivo al proyecto.

Esos fueron los compromisos adquiridos por las partes, donde se dejó claro que hay que seguir actuando y no detener las acciones por el fin de año, ya que el avance de la obra tampoco tendrá vacaciones.

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