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La inseguridad en América Latina tiene múltiples rostros. Si bien las tasas de homicidio y victimización colocan a algunos países y ciudades latinoamericanas entre las más peligrosas del mundo; bajo el mismo prisma de comparación, algunos países presentan niveles más bajos que aquellos de los países desarrollados.
 
La presencia de delito callejero y de oportunidad es un tema que ha preocupado a la región desde hace ya varias décadas. Sin embargo, en los últimos años se ha manifestado una crisis marcada por la escalada de violencia e inseguridad asociada al narcotráfico y a otros actores del crimen organizado, incluidos ciertos grupos delictivos que han transitado hacia estructuras más organizadas y violentas. Aunado a esto, la percepción del crimen y la inseguridad se ha agudizado no sólo en los países afectados directamente por la crisis reciente (ej. México y los países del norte de Centroamérica) sino en la región en general. 
 
La búsqueda de perspectivas integrales para responder a los retos de la (in)seguridad ciudadana se inserta así en un panorama complejo en el que las políticas represivas o de combate frontal ocupan un lugar prioritario y en algunos casos exclusivo en las agendas de seguridad ciudadana de la región.
 
Ni la violencia ni la criminalidad son fenómenos nuevos en América Latina. Lo son, sin embargo, el lugar central que ocupan en la percepción de vulnerabilidad e inseguridad de la ciudadanía; la escala y las formas de operación de algunas organizaciones criminales así como el tipo de medidas que los gobiernos de la región han decidido adoptar para prevenir o combatir estas actividades ilícitas y la violencia que generan. El Informe Regional de Desarrollo Humano sobre la (in) seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, que se encuentra elaborando la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, busca precisamente dar una respuesta crítica y propositiva a estos nuevos retos que la seguridad ciudadana presenta en la región.
 
El informe busca ofrecer un diagnóstico sobre las principales transformaciones o continuidades que a nivel institucional y estructural permitan explicar los retrocesos u avances que en materia de seguridad ciudadana ha experimentado la región en las últimas décadas. Así mismo, pretende establecer recomendaciones concretas que permitan mejorar las políticas públicas e iniciativas de la sociedad civil con el fin de superar sus actuales límites e impulsar así el desarrollo humano y democrático en América Latina. Más aún, el objetivo es lograr una mirada comparada y verdaderamente regional que no pierda de vista las particularidades nacionales y que sirva de base para fortalecer los esfuerzos de cooperación inter-gubernamental, regional e internacional en el ámbito de la seguridad ciudadana. 
 
Bajo el asesoramiento del Dr. Rafael Fernández de Castro se ha reunido a un grupo internacional e interdisciplinario de especialistas con el fin de revisar y pensar críticamente en las respuestas que se han gestado desde la sociedad civil y los gobiernos. El reto del informe es mayúsculo en términos de la complejidad y multiplicidad de temas que deben abordarse y de la importancia central que la seguridad ciudadana tiene para el desarrollo humano y democrático de las sociedades latinoamericanas. De ahí la importancia de echar mano de una perspectiva sólida e integral como la del Desarrollo Humano en aras de construir una ruta crítica hacia respuestas más sostenibles y efectivas que logren proteger la integridad, el bienestar y el desarrollo de las y los latinoamericanos.
 
De: Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano
 
 
 
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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