En Colombia no hay políticas para la mujer víctima

Jueves, 10 de Noviembre de 2011 16:02

Escrito por Redacción

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La procuraduría General de la Nación expresó que en Colombia no existe una política pública sostenida y exclusiva dirigida a defender los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

La afirmación la dio a conocer durante la presentación de los resultados del  proyecto “Seguimiento a las políticas y programas especializados en la realización de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - DIH  de las mujeres víctimas del conflicto armado”, resultante de la consultoría financiada por el programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Usaid.

Los resultados de este proyecto permiten concluir que en esta materia Colombia tiene un panorama en dos sentidos; de una parte, y pese a los esfuerzos de varias instituciones, hasta el momento no existe una política pública dirigida a las mujeres víctimas del conflicto armado, a excepción de los programas ordenados en el Auto 092 de 2008 para mujeres desplazadas; y de otra parte, el momento histórico que atraviesa el país ofrece la posibilidad de crear nuevas vías y la definición de rutas y programas específicos de atención y protección en este sentido. 

En su intervención el Procurador Delegado Preventivo en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Mario González Vargas, concluyó que si bien se han presentado avances significativos en la visibilización de violencia de género y, en particular, de violencia sexual, son múltiples las tensiones que deben enfrentarse en el contexto del conflicto armado colombiano.   

Es necesario que la sociedad civil y las instituciones que trabajan en la defensa, protección, difusión y prevención de las violaciones de derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado avancen en la articulación de estos esfuerzos para garantizar un trabajo estatal eficiente y coordinado “frente a cada línea de trabajo demarcada, las cuales para su definición y priorización, deben contar con la activa participación de la sociedad civil y sobre todo, de las redes de mujeres, tanto en su diseño, como en su implementación y posterior evaluación”.