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(Copenhague, noviembre 2) – Los estrechos vínculos existentes entre la sostenibilidad medioambiental y la equidad son imprescindibles a la hora de ampliar las libertades humanas tanto de las generaciones actuales como de las futuras. Así lo expresa el  Informe sobre Desarrollo Humano 2011: Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos.
 
El punto de partida del Informe es que el destacado progreso en desarrollo humano que ha documentado el IDH en las últimas décadas no puede continuar sin que se tomen medidas decididas para reducir los riesgos medioambientales y la desigualdad. 
 
El IDH 2011 identifica los caminos que tienen que seguir las personas, las comunidades, los países y la comunidad internacional para promover la sostenibilidad medioambiental y la equidad, y lograr que se refuercen mutuamente. 
 
1) Muchas personas desfavorecidas soportan una doble carga de privaciones. Son más vulnerables ante los efectos más generalizados de la degradación medioambiental debido a que sufren tensiones más graves y cuentan con menos medios para superarlas. Además, tienen que hacer frente a las amenazas que sufren sobre su entorno más próximo, desde la polución del aire en el interior de las viviendas hasta el agua no potable y los saneamientos inadecuados. Las previsiones sugieren que si no conseguimos reducir los graves peligros medioambientales y se permite que las desigualdades sociales sigan haciéndose cada vez más profundas, todo ello podría derivar en una ralentización del progreso sostenido experimentado en las últimas décadas por la mayoría de los pobres del mundo e, incluso, revertir la convergencia global del desarrollo humano. 
 
2) Las enormes disparidades de poder promueven además estos patrones. A nivel nacional, los nuevos análisis muestran cómo los desequilibrios de poder y las desigualdades de género están estrechamente vinculadas a los impedimentos para acceder a una mejor calida del agua y los saneamientos, a la degradación de las tierras y a las muertes causadas por la polución del aire, tanto de entornos interiores como en exteriores, amplificando así los efectos asociados a las disparidades de ingresos. 
 
Las desigualdades de género también interactúan, y empeoran, los resultados medioambientales. A nivel global, los acuerdos de gobernanza a menudo suelen debilitar las voces de muchos países en desarrollo y excluyen a los grupos marginados. 
 
3) Las negativas relaciones entre desigualdad e insostenibilidad también dejan de todas formas margen para lograr sinergias positivas. El crecimiento basado en los combustibles fósiles no es un requisito indispensable para lograr una vida mejor, según se ha definido el desarrollo humano en sus términos más amplios. Las inversiones que mejoran la equidad relacionadas con el acceso a energías renovables, agua y saneamientos, junto con la salud reproductiva, podrían ayudar a avanzar tanto en la sostenibilidad como en el desarrollo humano. 
 
También se pueden mejorar los resultados implementando procesos democráticos y de rendición de cuentas más sólidos, lo que se puede lograr en parte a través de la ayuda ofrecida para lograr una sociedad civil y unos medios de comunicación más activos. Los casos de éxito se basan en la gestión de la comunidad, las instituciones inclusivas que prestan una especial atención a los grupos desfavorecidos, y los enfoques transversales que coordinan presupuestos y mecanismos entre las distintas agencias gubernamentales y los socios de desarrollo. 
 
4) Más allá de los Objetivos del Milenio, el mundo necesita un marco de desarrollo posterior a 2015 que refleje equidad y sostenibilidad. Así, Río+20 presenta una oportunidad inigualable para alcanzar un entendimiento compartido sobre qué camino tomar para seguir adelante. Demostramos que los enfoques que integran la equidad tanto en las políticas como en los programas, y empoderan a las personas para que sean impulsoras del cambio en el terreno jurídico y político, poseen un  enorme potencial.
 
La integración sistemática de los efectos distributivos de las políticas económicas sostenibles, así como las políticas en general, es fundamental para incorporar características progresivas al diseño de  programas;   
El derecho a tener un medio ambiente limpio y seguro puede  empoderar a grupos y personas para tomar medidas que protejan su entorno más  próximo; y 
Los mecanismos de empoderamiento que hacen que los políticos rindan cuentas y posibiliten la participación en procesos deliberativos, a todos los niveles. 
 
5) La financiación necesaria para el desarrollo incluyendo la protección medioambiental y social, será mucho mayor en las próximas décadas que el volumen actual de ayudas oficiales al desarrollo. Por ejemplo, invertir en fuentes de   energía de bajas emisiones de dióxido de carbono es sólo un 1,6% en  la estimación más baja de necesidades, frente al aproximadamente 11% que suponen los fondos destinados a la adaptación y la mitigación del cambio climático. La financiación proveniente del sector privado es indispensable, pero tiene que estar apoyada y acompañada por una inversión pública proactiva. Eliminar la brecha de financiación requiere un pensamiento innovador.  
  
Una de las principales fuentes de financiación innovadora sería un nuevo impuesto aplicable a las transacciones monetarias. Por primera vez desde la crisis financiera global de 2008, se dan las condiciones adecuadas para implantar esta recaudación. Incluso una pequeña tasa generaría ingresos sustanciales; nuestras estimaciones más actualizadas indican que un impuesto de tan solo el 0,005% gravado al comercio monetario, que cada vez cuenta con más apoyos en todo el mundo, podría recaudar cerca de 40.000 millones de US$ al año, una ayuda sustancial a los 130.000 millones de US$ que los países de la OCDE destinan anualmente a la ayuda oficial al desarrollo. 
  
 Además de plantear nuevas fuentes de financiación para hacer frente de forma equitativa a las acuciantes amenazas medioambientales, el Informe aboga por llevar a cabo reformas globales que promocionen la equidad y el empoderamiento. 
 
Es necesario canalizar los flujos financieros hacia los desafíos críticos de la insostenibilidad y la desigualdad, y no exacerbar las disparidades existentes. Unos criterios explícitos, complementados por las reformas en la gobernanza global, garantizarían una mayor representación. Entre otros, se incluirían mecanismos para ofrecer fondos destinados a la promoción de energías seguras y limpias para todos; la mitigación del cambio climático; la innovación y la adaptación tecnológica; el acceso a agua potable y saneamiento básico; y garantías de protección social para las comunidades y las personas pobres.
 
 
 
 
 
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El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.

     
 

 

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