Una pornografía del conflicto

El informe de Amnistía Internacional trae un dato revelador sobre la violación como estrategia de terror al recordar que “de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el presunto autor". Estas proporciones muestran el lugar que tiene el terror en los métodos de estos actores.

 

Los indicadores son como señales que marcan una ruta, en el caso colombiano los indicadores que deja un conflicto degradado imprimen a la nación el destino a un desbarrancadero. A las escandalosas cifras sobre desplazamiento, desaparición forzada, homicidios, robo de tierras, entre otras que configuran la mayor crisis humanitaria del mundo occidental, se debe sumar la alta incidencia de la violación carnal, y demás delitos contra la soberanía del cuerpo tales como: desnudez forzada, anticoncepción forzada, esclavitud sexual y embarazo forzado.

 

Un par de documentos, surgidos en el mes de septiembre de 2011, recogen esta problemática. Se trata del informe de Amnistía Internacional sobre violencia sexual contra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, y del pronunciamiento final del tribunal simbólico contra la violencia sexual. Ambos, más que una radiografía de la situación, hacen una pornografía. Esto por lo obsceno del estado de cosas.

 

Igual que las demás estadísticas de la infamia, la de los llamados delitos sexuales no tiene precedente en el mundo occidental del momento, y señalan a Colombia como capital mundial de la ignominia, asiento de todos los crímenes contra la dignidad humana. En verdad no revelan nada que no se supiera: que tal proceso es sistemático, practicado por todos los actores armados del conflicto, legales e ilegales; que hay una impunidad casi absoluta, lo cual mantiene esa práctica; que las víctimas suelen ser campesinas, indígenas, desplazadas, y pobres en general. Acaso este último dato esclarezca porqué se toma esto como un asunto sin mayor importancia dentro del conflicto: porque sus víctimas son personas pobres.

 

Parece ser que se asume la violación sistemática como “daños colaterales”, eufemismo de algunos militares para nombrar el daño a objetivos civiles en procura de lograr un objetivo superior en la lucha contra el enemigo. Esto por la permisividad estatal colombiana frente al tema, al mantener la impotencia para procesar estos delitos, presentando negligencia en atender denuncias, por no proteger a las víctimas, con un exiguo número de sentencias contra perpetradores, escaso registro y exposición mediática, casi nulas acciones de prevención y de protección, así como la desaparición del tema en leyes como la llamada de justicia y paz. “Según datos de la Unidad de Justicia y Paz, actualizados a julio de 2011, de los 29.879 crímenes confesados por los ex paramilitares en versiones libres, solo 55 corresponden a violencia sexual.” Señala el pronunciamiento del tribunal simbólico.

 

Desde hace varias décadas el terror se ha instaurado como estrategia para vencer al enemigo, en el conflicto armado colombiano. Por esto el abuso sexual devino en arma de guerra, siendo una expresión límite de lo siniestro, por el ejercicio del poder absoluto  del Otro que llega a invadir el cuerpo,  y hasta el alma, de la víctima. Es la humillación extrema, y el último despojo que puede sufrir alguien a quien le han arrebatado sus parientes, sus pertenencias, su arraigo, quedándole sólo el cuerpo sufriente, y aturdimiento en la conciencia.

 

El informe de Amnistía Internacional trae un dato revelador sobre la violación como estrategia de terror al recordar que “de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el presunto autor". Estas proporciones muestran el lugar que tiene el terror en los métodos de estos actores.

 

Probablemente, si se revisa la estructura de tenencia de la tierra, y la dinámica de concentración, a mano armada, que han tenido en las últimas décadas, se puede encontrar una ligazón esclarecedora con la violencia sexual. No se conoce un estudio tal, pero es muy probable que coincida con ello, así como coincide con las necesidades básicas insatisfechas, con la miseria, y la falta de servicios.

 

En todo caso la mayor proporción de estos crímenes, así como los más aberrantes, se dan en la zona rural, en un entorno donde los señores de la guerra y de la tierra no se quieren desprender del atavismo feudal que considera que así como son dueños de los bosques y sus pájaros, de los ríos y sus peces, son también poseedores del cuerpo y del alma de los campesinos que habitan sus dominios. Razón que les permite, literalmente, avasallar a los campesinos, despojándolos hasta de su misma subjetividad.

 

Curiosamente, con tal contexto de abusos sexuales masivos y sistemáticos, una congresista presa de delirios carcelarios, y con los niños como escudo, propone cadena perpetua para individuos violadores, 5,5 por ciento del total, desconociendo la participación de los actores armados. No en vano resulta respaldada por un ícono periodístico de la extrema derecha, otra señora que trataba a Carlos Castaño de “respetado comandante”, en una  expresión de subordinación y reverencia por un genocida. Dado tal origen y respaldo, lo más probable es que se pretende descalabrar así al sistema judicial colombiano, imponiendo penas irredimibles para delitos de repugnancia espontánea, para luego ir ampliando este espectro, con otras categorías jurídicas, hasta llegar a penalizar a sujetos incómodos, como sindicalistas y opositores, que tanto odian ellas.

 

Sin embargo, la estructura del abuso masivo permanece incólume, como si tratara de un crimen del sistema que es necesario ocultar. Así sólo se persigue a unos cuantos ciudadanos, donde cualquiera puede clasificar, sea por obra o por “falso positivo”.

 

Más haría el legislador, si pretende poner coto a la perpetración de estos delitos, elaborando una ley que considere el abuso sexual, perpetrado por los actores armados, o sus patrones, como una forma de tortura. De este modo ese tipo de violación entraría a ser considerado delito de lesa humanidad, tornándolo imprescriptible, y permitiendo la entrada a la justicia internacional para actuar en este terreno donde el Estado colombiano ha sido impotente.

 

 

De: Caja de Herramientas

 

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