Condenados al nunca más

Lunes, 25 de Julio de 2011 07:54

Escrito por Fernando López

La restitución de los derechos civiles y políticos de muchas víctimas en el Oriente Antioqueño se está quedando corta. Hoy, con los procesos de retorno, se marcan las cicatrices abiertas del desplazamiento forzado.

En una sencilla casa de Castilla, en el noroccidente de Medellín, Graciela Quiceno ve pasar su vida entre idas y venidas que le garantizan la comida hoy en día. A pesar de sus años, que ya suman más de medio siglo, es poco probable verla quieta, ella está en un constante esfuerzo por ser útil.

Se aferra ferozmente a la vida porque varias veces fue acariciada por la muerte. El ritmo de su trabajo no lo soportaría cualquiera porque su jornada diaria excede los límites del cansancio. Vive con su sobrina y ayuda con todo lo que se le atraviese. Semejante tenacidad se la debe a la vida en el campo, esa que tuvo que dejar atrás para preservar su vida.

“La ciudad es otro cuento. Es mejor el campo, más tranquilo, sin tantas preocupaciones”, afirma decididamente. De sus 55 años, 46 de ellos los vivió en Santa Ana, hasta 2002, cuando tuvo que desplazarse con su familia de ese corregimiento de Granada, en el Oriente Antioqueño.

Hoy, a pesar de su latente deseo de volver, se abstiene de iniciar un proceso de retorno porque “tiene uno que tener muy buen amparo económico para decir que se vuelve. En el pueblito ya no hay mucho que hacer y toca buscar sustento de cualquier manera”.

El Oriente Antioqueño es una subregión del Departamento que a lo largo de sus últimas cinco décadas ha vivido grandes paradojas. Como otras zonas del país, su mayor lastre ha sido contar con una gran riqueza de recursos naturales, porque ligado a ello ha tenido que soportar muy de cerca los efectos de la violencia política del país y de súper-explotación de sus territorios.

En sus municipios es común encontrar desgarradores testimonios de víctimas del conflicto: hay quienes huyeron para salvar sus vidas, quienes no alcanzaron a salvar las de muchos de sus seres queridos, quienes nunca salieron porque no tenían posibilidades de supervivencia en otra parte. Y hay quienes regresaron y quienes quieren regresar, pero no encuentran las garantías suficientes para hacerlo.

La figura de retorno

Mientras transcurren las tardes en Medellín, Graciela recuerda los buenos tiempos que en Santa Ana vivió. Intenta con ellos opacar el destello fulgurante pero no menos trágico de las armas que acabaron con la vida que conocía. Los estridentes sonidos de la guerra se convirtieron en ruidosos ecos de la urbe; pero lo que extraña es más fuerte que eso, es el sonido puro de la vida que antes se escurría entre los cafetales de su finca. Volver a su hogar es su constante deseo, no poder hacerlo en las mismas condiciones de antes, es su inmutable flagelo.

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional establece que el punto de partida para el restablecimiento de una persona desplazada por causa de la confrontación armada debería ser la posibilidad de retornar al lugar de residencia en el momento que se produjo el evento de desplazamiento, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Lograrlo sólo es posible con la presencia real y efectiva de las instituciones del Estado que garanticen la protección y ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el territorio, así como con el impulso de procesos de participación local.

Retornar es vivir es una estrategia implementada por Acción Social que se desarrolla en 115 municipios de todo el territorio nacional. Este megaproyecto cobija –según cifras oficiales– a 35 mil familias, 130 mil colombianos en procesos de retorno. La estrategia se lleva a cabo de manera prioritaria en seis de los 23 municipios del Oriente Antioqueño que tienen población en situación de desplazamiento: San Rafael, San Carlos, San Luis, San Francisco, Cocorná y Granada. En estas localidades se identificaron, a diciembre de 2010, al menos 9.479 familias, representadas en 37.636 personas, que hacen parte del programa.

Pero, a pesar de que los retornos son una prioridad dentro de la política de población desplazada, las cosas no parecen funcionar del todo bien en la región. La señora Quiceno –después de mucho implorar por la restitución de sus derechos– no quiere mendigar más los componentes de una ayuda humanitaria, quiere volver a producir desde su tierra.

Para Pedro Chica, consultor de Prodepaz, “no es posible retornar si no avanzamos en un verdadero proceso de superación del conflicto; lo que a su vez se corresponde con develar la trampa de una desmovilización y una reintegración de los paramilitares, que aún no termina sus ejercicios de ilegalidad y presión política ilícita (esto incluye desarticular sus estructuras económicas y mafiosas)”.

Diego Molano, director de Acción Social, sostuvo en reunión con alcaldes de seis municipios pertenecientes a la estrategia que “Retornar es vivir es un tributo a su valentía, es un tributo para lo que a ustedes significó estar por fuera y volver”. El directivo puntualizó que para que la prosperidad llegue a las personas desplazadas que hoy están retornadas es preciso allanar cuatro caminos: más seguridad, superación de la pobreza extrema, restitución de los derechos y generación de ingresos.

A pesar de estas consideraciones, personas que han retornado explican que la subsistencia económica sobrepasa las cuestiones de seguridad. La restitución de los derechos civiles va más allá de la protección física de las personas; hay que brindar estabilidad para poderse quedar dignamente en el territorio.

Volver sin derechos

Nicolás Castrillón, representante de la Asociación Campesina de Antioquia, argumenta que “una prosa bastante garantista en materia de derechos es la que se plantea en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y otra muy distinta son las respuestas desde el Estado para dar soluciones estructurales a una problemática tan compleja como son los procesos de retorno de las víctimas del desplazamiento forzado”.

La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño señala que el derecho a una vivienda digna, a iniciativas productivas sostenibles, mejoramiento y construcción de vías, construcción de centros de salud, escuelas, restitución efectiva de la tierra; requieren menos discursos proselitistas y más presupuesto de la Nación para tratar de reconstruir los proyectos de vida individual y colectivo que destruyó el desplazamiento forzado en el marco del conflicto.

Rosalba Galeano es paisana de Graciela y nunca dejó su casa; a pesar de haber resistido los más intensos efectos de la violencia confirma las preocupaciones de la señora Quiceno: “mire cómo es la vida, antes nos mataban las balas y al paso que vamos nos va matar es el hambre si sigue esta situación”. A pesar de esta realidad, el director Molano dice que el retorno al Oriente Antioqueño es emblemático y una experiencia que hay que emular en Colombia.

De otro lado, Nelson Armando García, alcalde de Granada no oculta las debilidades de estos procesos en materia de goce efectivo de derechos; pero aduce no tener los recursos suficientes para garantizarlos. Como mandatario de una población con altos índices de población retornada, dice que la recuperación del territorio no consiste en la simple militarización: “no se puede decir que si hay seguridad hay una recuperación. Lo que se ha sentido con el apoyo del Gobierno Nacional es que hay una presencia militar, pero se debe propiciar la reactivación de la economía y las oportunidades para que la gente vuelva a recuperar la confianza en las autoridades”.

Según los datos de Acción Social y del Departamento del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, al Oriente Antioqueño han regresado voluntariamente 78.000 personas, de las cuales 36.000 se han incluido en los listados oficiales de retornados; lo que significa que las otras 42.000 personas no regresaron bajo las mejores condiciones de seguridad y dignidad que establece el protocolo de retorno.

Los desplazados están regresando a sus tierras con o sin el acompañamiento del Estado, a pesar del riesgo que significa para sus vidas, comprobando así la fragilidad del proceso.

Drama de un nuevo riesgo

María Migdonia Pérez, funcionaria de Acción Social en el Oriente Antioqueño, reconoce que falta mucho y comprende las alertas sobre lo que pueda ocurrir; pero expone que se están desarrollando acciones de la mano de los entes territoriales que permiten tener mejores condiciones en el territorio. Algunos campesinos retornados señalan que Acción Social por lo general cumple con su obligación de dar asistencia a corto plazo. Ahora bien, el organismo tiene menos éxito en la realización de sus funciones de coordinador de los Comités Locales de Atención Integral a la Población Desplazada en el post-retorno. Esta es la principal preocupación de Graciela, pues teme exponerse a condiciones más duras que las esperadas. ”Lo difícil no es volver, es mantenerse allá”, expresa frente al riesgo de re-desplazamiento.

Después de los retornos, el acompañamiento de las instituciones es transcendental, pues debe considerarse el eminente riesgo de una nueva incursión armada si no se da continuidad al acompañamiento de las comunidades. Muchos de los retornados a Santa Ana, por ejemplo, manifiestan que si la Fuerza Pública llegara a retirarse, ellos inmediatamente volverían a desplazarse. Este factor demuestra que los conflictos emergentes afectarán los procesos de retorno y su estabilidad.

Por ahora, Graciela –como muchos otros– sigue haciendo fila por un ficho en la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, esperando por una ayuda que sigue muy lejos de una restitución legítima de sus derechos. Su retorno sigue siendo un dudoso proyecto que la llena de incertidumbre. Sus recuerdos y su familia son los motivos para seguir luchando.

Por: Fernando López

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